Coviar enfrenta al Gobierno por el fin del PEVI y advierte que la medida "excede atribuciones"

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) salió con dureza a cuestionar la resolución de la Secretaría de Agricultura que elimina el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y los aportes obligatorios que financiaban su funcionamiento. La entidad no sólo pidió que la medida sea anulada, sino que también adelantó que evaluará acciones para revertirla.

A través de un comunicado, el directorio expresó que: "COVIAR manifiesta su rechazo por improcedente, inconsulta e inoportuna a la Resolución 55/2026", al tiempo que advirtió sobre el "impacto negativo" que podría generar "para toda la vitivinicultura argentina en el actual contexto de crisis".

Frente a este escenario, la corporación convocó a una reunión "urgente" para definir los pasos a seguir, sin descartar recurrir tanto a la vía administrativa como a la judicial. "El objetivo es defender la institucionalidad del sector y la vigencia de una planificación estratégica que se viene sosteniendo desde hace más de dos décadas", señalaron.

Desde el punto de vista legal, la entidad también cuestionó los alcances de la decisión oficial. Consideró que "la medida plantea una redefinición de instrumentos centrales vinculados a la operatoria de la COVIAR", especialmente en lo referido al financiamiento y su funcionamiento, aspectos que calificó como estructurales dentro del esquema vigente.

En esa línea, advirtió que la resolución "se aparta de los principios de legalidad, previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos" y sostuvo que además "excede las competencias y atribuciones propias de la autoridad administrativa, al introducir modificaciones sustanciales sobre un régimen establecido por ley". Por eso, reclamó que "se deje sin efecto la resolución adoptada".

La decisión oficial tomó por sorpresa a la conducción de la corporación. Su presidente, Fabián Ruggeri, aseguró que no hubo señales previas de un cambio de este tipo, pese a mantener contactos recientes con funcionarios nacionales. En paralelo, fuentes cercanas a la entidad indicaron que ya se trabaja en la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia.

En defensa del PEVI, Ruggeri destacó que el plan, vigente desde 2004, permitió ampliar la presencia de la vitivinicultura argentina a 18 provincias, además de fortalecer el posicionamiento internacional del vino y consolidar al Malbec como emblema. También relativizó las críticas por incumplimientos en exportaciones al señalar que las ventas externas dependen de decisiones empresariales y no del plan en sí.

Uno de los puntos más sensibles es el financiamiento. La eliminación de los aportes obligatorios pone en duda la continuidad de las acciones coordinadas que llevaba adelante la COVIAR, que manejaba un presupuesto anual de entre 1.100 y 1.200 millones de pesos. Parte de esos fondos, además, se destinaban a la promoción del vino argentino en el exterior.

En contraposición, Bodegas de Argentina respaldó la medida del Gobierno y la consideró un paso hacia la modernización del sector. La entidad sostuvo que el fin de las contribuciones obligatorias representa un alivio económico para las bodegas y corrige un esquema que, a su entender, había quedado desactualizado tras el vencimiento del PEVI en 2020.

También valoró que la normativa disponga el cese inmediato de los aportes previstos por ley y que instruya al Instituto Nacional de Vitivinicultura a dejar de recaudarlos. Según su postura, esto permitirá que los recursos permanezcan en las empresas, impulsando la inversión y la competitividad.

Asimismo, destacó la exigencia de un informe de cierre por parte de la COVIAR, con rendición detallada de fondos y resultados, y remarcó que los recursos remanentes pasarán al ámbito del INV.

Desde Bodegas de Argentina plantearon que el nuevo escenario no implica abandonar la planificación estratégica, sino avanzar hacia un esquema basado en la participación voluntaria. En ese sentido, su presidenta, Patricia Ortiz, subrayó la importancia de fortalecer la transparencia institucional, consolidar reglas claras y priorizar la libertad empresarial.