El Gobierno cierra el plan vitivinícola y elimina aportes obligatorios al sector
La Secretaría de Agricultura dio por finalizado el PEVI 2020, dispuso su cierre en tres meses y puso fin a las contribuciones que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina.
El Gobierno nacional resolvió dar por concluido el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), un programa clave para el desarrollo del sector que estaba vigente desde 2004, y avanzar con su cierre formal en un plazo de tres meses. La medida fue oficializada a través de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía.
La decisión implica, además, el fin de las contribuciones obligatorias que realizaban los establecimientos vitivinícolas para financiar ese plan, un esquema que regía desde la sanción de la Ley 25.849. Según se establece en la norma, esos aportes pierden vigencia al haberse cumplido el objetivo para el cual fueron creados.
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El Ejecutivo consideró que el PEVI tenía un horizonte temporal definido que culminaba en 2020 y que, si bien hubo intentos de extenderlo -como la actualización impulsada por la Corporación Vitivinícola Argentina-, esa prórroga requería aprobación oficial. En ese marco, la Secretaría decidió convalidar parcialmente esa extensión solo hasta la entrada en vigencia de la nueva resolución, dando por terminado el programa.
Como parte del proceso, se instruyó a la Instituto Nacional de Vitivinicultura a dejar de percibir los aportes obligatorios desde ahora, mientras que la COVIAR deberá presentar un informe final detallado sobre la ejecución del plan. Ese documento deberá incluir el grado de cumplimiento de los objetivos, el detalle de las acciones realizadas y el estado de los recursos utilizados.
Otro punto central es el destino de los fondos remanentes. La resolución establece que los recursos no utilizados, provenientes de las contribuciones y de otras fuentes públicas, serán transferidos al Instituto Nacional de Vitivinicultura una vez finalizado el cierre formal del plan.
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Desde el Gobierno aclararon que esta medida no implica la disolución de la COVIAR, que continuará funcionando como entidad, aunque ya sin el esquema de financiamiento obligatorio vinculado al PEVI.
La resolución también valida ajustes y prórrogas de las contribuciones aplicadas en años anteriores, pero deja sin efecto ese sistema hacia adelante. Con este cambio, el sector vitivinícola deja atrás un esquema de planificación estratégica financiado por aportes compulsivos y abre un nuevo escenario para su organización y desarrollo.
Las posturas sobre los aportes obligatorios
Las primeras reacciones del sector vitivinícola frente al esquema de aportes obligatorios a la COVIAR -ahora eliminados por la resolución oficial- ya venían marcando una fuerte división interna.
Por un lado, desde Bodegas de Argentina, la postura fue históricamente crítica. La entidad venía rechazando de manera explícita el sistema de contribuciones obligatorias e incluso los aumentos aplicados en los últimos años. En un comunicado previo, calificó esos aportes como una "carga impositiva insostenible" en un contexto de crisis del vino, y advirtió que la presión fiscal sobre la actividad ronda el 43%, afectando la competitividad y la rentabilidad de las empresas.
Además, la entidad cuestionó la legitimidad de esos cobros tras el vencimiento del plan original (PEVI 2020) y sostuvo que la industria seguía obligada a financiar una estructura que, según su visión, "no cumple con su propósito" ". En esa línea, apoyó explícitamente la intervención del Gobierno nacional frente a la COVIAR.
Esa mirada crítica también fue compartida por sectores de productores, especialmente del Centro de Viñateros del Este. Según sus posicionamientos públicos, la entidad llegó incluso a respaldar la derogación de la ley que creó la COVIAR y, con ella, el sistema de financiamiento compulsivo del plan estratégico.
El Centro fundamentó su rechazo en varios puntos centrales:
- Falta de resultados del plan (PEVI): sostienen que, pese a los recursos administrados, no se cumplieron objetivos clave como posicionar el vino argentino, desarrollar mercados o mejorar la situación de pequeños productores.
- Prórroga sin consenso: criticaron que el plan se haya extendido más allá de 2020 "sin apoyos legítimos", lo que consideran una continuidad forzada.
- Desvío del rol institucional: plantearon que la COVIAR terminó asumiendo funciones gremiales que corresponden a las entidades de base.
- Rechazo al aporte obligatorio: calificaron directamente a la contribución como una "carga impositiva injustificada" para el sector.
Además, este espacio fue uno de los primeros en marcar distancia dentro de la interna vitivinícola: incluso se había apartado del esquema de la COVIAR años atrás, lo que refleja que su rechazo no es reciente sino estructural dentro del debate del sector.
Sin embargo, del otro lado también hubo defensas del esquema. Desde la propia COVIAR y sectores alineados con su conducción se argumentó que la contribución obligatoria es clave para financiar políticas de promoción, innovación y desarrollo del vino argentino. Incluso advirtieron que, sin esos recursos, la institución podría desfinanciarse y perder capacidad de acción en mercados internacionales.
