El equilibrio fiscal frena la implementación del Fondo de Asistencia Laboral
La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral debía entrar en vigencia en junio, pero Economía decidió demorar su implementación. El esquema tendría un costo fiscal inicial de entre 0,4 y 0,5 puntos del PBI y podría mover más de US$1000 millones anuales en el mercado de capitales.
El Gobierno nacional decidió retrasar la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo creado en el marco de la reforma laboral para financiar de manera colectiva las indemnizaciones por despido. Aunque la normativa establecía que el sistema debía comenzar a operar en junio de este año, el Ministerio de Economía todavía no publicó la reglamentación necesaria y su implementación quedó postergada para el segundo semestre.
Según reconocieron fuentes oficiales, la intención es avanzar con las normas recién en la segunda mitad de 2026, por lo que el instrumento podría entrar en funcionamiento cerca de fin de año o incluso durante los primeros meses de 2027.
La demora responde principalmente al impacto fiscal que tendría el esquema. Distintos análisis privados estiman que la constitución inicial de los FAL implicaría para el Estado resignar ingresos equivalentes a entre 0,4 y 0,5 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), debido a que parte de los recursos provendrían de contribuciones patronales.
El tema cobra especial relevancia en un contexto de caída real de la recaudación y de fuerte presión oficial para sostener el superávit fiscal, uno de los principales compromisos asumidos por la administración de Javier Milei ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Incluso el propio organismo internacional había mencionado junio como fecha estimada para el inicio del sistema. Sin embargo, la reforma laboral contemplaba la posibilidad de extender el plazo por seis meses, alternativa que finalmente utilizó el Ejecutivo.
Un informe del Ieral ya había advertido sobre el peso fiscal de la medida. "Su costo directo se estima en torno al 0,5% del PIB, un valor significativo en un escenario de restricción presupuestaria", señalaron los economistas del centro de estudios. Además, remarcaron que el efecto fiscal podría compensarse únicamente si el nuevo esquema logra incrementar el empleo formal, algo que todavía no está asegurado.
La reglamentación general deberá ser publicada primero por el Ministerio de Economía. Luego, la Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá que emitir sus propias normas para habilitar la operatoria de los fondos. También podrían intervenir otros organismos como la ANSES y el Ministerio de Capital Humano, debido a la estructura de financiamiento prevista.
Mientras tanto, en el mercado financiero siguen de cerca la definición oficial y esperan que el nuevo instrumento se convierta en una fuente importante de financiamiento para el mercado de capitales local.
En sociedades de Bolsa y administradoras de fondos calculan que los FAL podrían aportar más de US$1000 millones por año al sistema financiero argentino, a partir de aportes mensuales permanentes.
Los analistas sostienen que el ingreso de esos recursos permitiría recuperar la presencia de grandes inversores institucionales de largo plazo, un perfil que prácticamente desapareció tras la eliminación de las AFJP durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según explican, este tipo de actores resulta clave para financiar proyectos de inversión y ampliar el desarrollo del mercado local.
Sin embargo, el sector todavía espera definiciones concretas sobre los activos en los que podrán invertir los fondos y qué límites tendrá cada cartera.
En el mercado descuentan que el Gobierno intentará orientar parte de esos recursos hacia bonos del Tesoro, con el objetivo de garantizar demanda en las licitaciones de deuda pública. También creen que habrá espacio para títulos corporativos y reclaman que exista mayor flexibilidad para que cada administrador pueda buscar mejores rendimientos y diferenciarse frente a los aportantes.
