El paro de los judiciales de Mendoza se extenderá hasta el miércoles
Las oficinas fiscales de la provincia se ven afectadas desde el sábado pasado en la recepción de denuncias por las medidas de fuerza que llevan adelante tanto los empleados y funcionarios del Poder Judicial.
La recepción de denuncias en las oficinas fiscales y toda la actividad del Poder Judicial de la provincia de Mendoza se ve afectada hasta el próximo miércoles a raíz de medidas de fuerza que llevan adelante tanto los empleados como los funcionarios del sector.
Sucede que desde las 23.00 de este sábado 4 de mayo y hasta el mismo horario del miércoles 8, los trabajadores no prestan el servicio judicial debido a una medida de fuerza que ya tenían programada. Pero a eso se le suma una huelga por 48 horas de funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa los días martes 7 y miércoles 8 de mayo.
Ricardo Babillon, secretario general del gremio de empleados judiciales en Mendoza explicó al Post que en el sector de la justicia están con dos frentes de conflicto. "Uno son las oficinas fiscales que están de paro desde el domingo y hasta el próximo lunes".
"Y la otra medida es la de todos los empleados del Poder Judicial por el cierre de la paritaria. Por eso estamos en estado de asamblea y movilización y el martes y miércoles próximos vamos a realizar paro total nuevamente, es decir, esos días no va a haber atención en el Poder Judicial. Esta medida la hacemos trabajadores y funcionarios", comentó.
Además señaló: "El motivo es porque el Gobierno nos cerró de manera unilateral la paritaria, por lo tanto pretende que nos quedemos sin aumento hasta el mes de julio. Ante esto, obviamente, no nos han dejado otra opción que comenzar un plan de lucha".
Los trabajadores reclaman mejoras salariales, concretas y acordes a los índices de inflación son algunos de los puntos reclamados por los distintos sectores de la justicia provincial. Además, la demanda para el plenario de la Corte para que resuelva el expediente denominado Cláusula C, donde los funcionarios judiciales reclaman el reenganche de sus sueldos a los de los magistrados.
