Bomba regulatoria en el gobierno libertario

La administración de Javier Milei implementó un dictamen contra la cartelización de las prepagas elaborado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, preciso y bien fundamentado. Lo anunció el vocero Adorni. No se recuerda una decisión de estas características de ningún gobierno en los últimos años.

Silvia Mercado
Periodista acreditada en Casa Rosada

 Hasta los mismos funcionarios en Casa Rosada creyeron que el Gobierno actuaría frente a las prepagas como con las cadenas de supermercado. Es decir, citándolos, hablándoles con cara de enojado, pidiéndoles que las promociones la hagan así o asá. Se ocupó Luis "Toto" Caputo del encargo. Ni siquiera el secretario de Comercio. Fue el propio ministro de Economía el que salió a marcarle la cancha a las empresas, saliéndose del manual del perfecto liberal libertario, empático con las angustias de las familias argentinas. Pero no hubo apriete ni denuncias a la justicia. Algunas cadenas hicieron lo que se les pedía, otras no. 


Prepagas: Adorni anunció que deberán retrotraer los precios a diciembre de 2023

Hubo una compañía que lanzó una campaña publicitaria con los ya famosos "precios corajudos" con 1500 productos que -aseguran- se mantendrán durante el próximo trimestre. La cosa no pasó de ahí. Es verdad que el Gobierno preveía un descenso del índice inflacionaria. Por eso, hubo mal pensados que atribuyeron la actitud del ministro como "fulbito para la tribuna".

Con las prepagas se supuso que el Gobierno haría lo mismo. Hasta es lo que hicieron trascender voceros de la Presidencia. Empezaron las críticas desde Rosada, la Unión Argentina de Salud (UAS) que presidió hasta ayer Claudio Belocopitt elevó una carta pidiendo una audiencia al ministro Caputo, y todo se encaminaba hacia una actuación como la de los supermercados. Era un modelo que había salido relativamente bien. Pero se ve que el horno no está para bollos, y por alguna razón el Gobierno decidió escalar este conflicto, al punto que hoy Manuel Adorni aseguró que desde el mes de diciembre las prepagas deberán devolver a los afiliados los aumentos cobrados.


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"Las empresas de medicina prepaga deberán recalcular los aumentos de las cuotas de sus planes en función de la variación del IPC", dijo el Vocero en la conferencia de prensa de hoy. Y hasta los periodistas más combativos de la Sala quedaron impactados por el anuncio más inicio. Explicó que el Gobierno tomó esta decisión "siguiendo un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la Secretaría de Comercio que dictó una medida de tutela anticipada que obliga a un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados a reajustar a partir de la próxima facturación los valores de las cuotas de sus planes de salud al mes de diciembre de 2023, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor". Una verdadera bomba para la gestión libertaria.

El dictamen de Defensa de la Competencia es preciso.

- Por el plazo de 6 meses, los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales a ser cobradas no podrán superar al siguiente cálculo: la cuota del plan de salud médico asistencial del mes de diciembre de 2023 multiplicada por la variación porcentual entre el IPC nivel general del INDEC actual y el mismo índice correspondiente a diciembre de 2023)

- Cesar cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial.

- La medida preventiva ordena a las compañías de medicina prepaga a presentar información a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre precios nominales de cada plan de salud ofrecido, ingresos obtenidos por cada plan de salud y cantidad de afiliados en cada uno de los planes.

La Rosada dio un listado de empresas, aunque no serían todas: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. Son las demandadas porque "existen indicios sólidos de un acuerdo colusivo entre las empresas de medicina prepaga", es decir, cartetilización, un acuerdo ilegal de acuerdo a la ley de Defensa de la Competencia (27.422) que faculta a la Secretaría de Industria y Comercio a que, en cualquier etapa de una investigación, se pueda imponer el cese de "conductas con el objetivo de evitar que se produzca un daño, o disminuir su magnitud, su continuación o agravamiento".

Hasta aquí, lo oficial.

Lo sustancioso es que no existe ningún antecedente reciente de una medida de este tipo en ámbitos de los últimos gobiernos argentinos. Si hay intenciones políticas detrás de Javier Milei o de Mario Lugones, casi un ministro de Salud en las sombras que es titular de la prepaga Hospital Güemes (que no fue demandada, porque seguramente no actuó en forma cartelizada), todavía no es posible asegurarlo. Lo que es seguro es que el descontento social en materia de prepagas no solo le quitaba respaldo a la gestión, sino que también metía una presión desmedida en el PAMI y la red pública de salud, con perjuicios presupuestarios y de calidad de vida de la población que seguramente todavía no se han medido pero que a priori parecen obvios.

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