Régimen simplificado de Ganancias: el decreto que limita su alcance y genera incertidumbre

El Gobierno oficializó, a través del decreto 353, la implementación del régimen simplificado del impuesto a las ganancias para personas físicas, una herramienta presentada como parte del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. Sin embargo, la normativa despertó dudas entre especialistas, ya que restringe el acceso solo a quienes obtienen ingresos exclusivamente en el país, dejando afuera a los contribuyentes con rentas en el exterior.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y le encomienda a la Agencia de Recaudación de Argentina (ARCA) la puesta en marcha del nuevo sistema. Según el texto del decreto, este esquema será voluntario y aplicará únicamente a quienes perciban rentas de fuente argentina. Esta exclusión, explican desde el organismo y expertos tributarios, responde a la falta de capacidad operativa del fisco para verificar ingresos generados fuera del país.

En contraste con lo establecido en el decreto, desde ARCA señalaron que trabajan en una reglamentación que permita eventualmente incluir a quienes tengan ingresos en el extranjero, aunque todavía no hay precisiones sobre cómo se implementaría ni si estará lista antes del 1° de junio, fecha prevista para habilitar la adhesión al régimen.

La promesa de no investigar consumos

El nuevo sistema permitirá que ARCA calcule en forma anticipada el impuesto a pagar, sobre la base de la facturación y los gastos deducibles declarados. No se considerarán variaciones patrimoniales ni consumos personales, lo que implica que no se harán cruces de información como los que actualmente detectan inconsistencias entre ingresos declarados y estilo de vida.

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Esta modalidad fue presentada como un incentivo para quienes desean "blanquear" ahorros no declarados -los llamados "dólares del colchón"- mediante la adquisición de bienes registrables. Según el Gobierno, los contribuyentes que adhieran al régimen y compren activos por montos superiores hasta $50 millones no estarán sujetos a controles patrimoniales ni de consumo por parte del fisco. Eso sí: deberán tributar Ganancias solo por los ingresos facturados, y eventualmente pagar Bienes Personales si corresponde.

Este punto generó controversia entre especialistas en impuestos. Algunos consideran que, sin topes definidos ni mecanismos para evaluar el origen de los fondos, se abre la puerta a operaciones difíciles de compatibilizar con la normativa antilavado.

Las dudas del sector profesional

La decisión de limitar inicialmente el régimen a rentas locales confirma sospechas que ya circulaban entre contadores consultados por diario La Nación Para Florencia Fernández Sabella, del estudio Laiún, hay obstáculos tanto normativos como técnicos para extender el esquema a ingresos foráneos. "Los intercambios internacionales de información son parciales; en general, solo se reportan saldos bancarios, pero no se informan las rentas obtenidas en el período", explicó.

Marcelo Rodríguez, de MR Consultores, coincidió: "Cuando se trata de ingresos en el exterior, es imposible que ARCA pueda proponer un cálculo de impuesto sin datos precisos. Sería como pedirle a un cirujano operar sin anestesia". Rodríguez también advirtió sobre la necesidad de establecer límites: "Sin topes, cualquier persona podría comprar cualquier cosa, y eso genera tensión con las normas de prevención del lavado de activos".

Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño, añadió que el volumen y tipo de información disponible en acuerdos internacionales es insuficiente para calcular correctamente un impuesto predeterminado.

Lo que viene

El nuevo régimen comenzará a regir para las declaraciones del año fiscal 2025, que vencerán en mayo de 2026. Las declaraciones correspondientes al período 2024 deberán realizarse con el sistema tradicional. Hasta el 1° de junio, se espera que ARCA publique la reglamentación completa que aclare si efectivamente se ampliará el universo de contribuyentes alcanzados.

Mientras tanto, el decreto deja en claro que, al menos por ahora, quienes tengan ingresos del exterior seguirán fuera del esquema. La incertidumbre regulatoria persiste, y muchos profesionales aguardan definiciones que permitan evaluar con mayor certeza el verdadero alcance del plan.

Editó: Carina Pérez