Más respaldo para la Policía, más protección para los ciudadanos

Se aprobó en Mendoza una modificación de la ley 6722, que regula el funcionamiento de la Policía, estableciendo reglas claras para que los agentes policiales, puedan ejercer su función de defender a la ciudadanía de la delincuencia, con la previsibilidad requerida.

Este proyecto, de mi autoría, con el acompañamiento del diputado Enrique Thomas, buscaba la adopción en Mendoza del "Protocolo de uso de armas" que Patricia Bullrich implementó en el año 2024 para las fuerzas federales.

Es que, tanto en la Nación como en nuestra provincia, se daban situaciones grises, en las cuales no estaba claro si la policía podía actuar usando su arma reglamentaria o no. Esto provocaba inmovilidad policial, porque usar el arma, aún con nobles intenciones, implicaba exponerse a severas sanciones administrativas y judiciales.

Conocidos casos sirven para describir la situación de inseguridad jurídica, que muchas veces mantenía paralizada a las fuerzas policiales. El primero, fue el caso Chocobar, en el cual este policía disparó contra un delincuente para impedir su fuga, puesto que el malviviente le acababa de asestar 13 puñaladas a un turista para robarle. El policía, que estaba de civil y podría haberse hecho el distraido, cumplió con su función de defender el orden público, al tratar de evitar que escapara este delincuente peligroso. Le ordenó su detención infructuosamente y luego disparó al piso. El rebote de la bala terminó matando al criminal en fuga. El agente Chocobar fue condenado a tres años de prisión. Fue un pésimo antecedente para las fuerzas policiales. La prueba evidente y palmaria de que el estado le da un arma al policía y después, no lo respalda y lo condena, cuando la usa en defensa de la sociedad. Bullrich salió en su defensa pública y ello derivó en el Protocolo de uso de armas, que contempla poder usar el arma para lograr la detención o impedir la fuga de un delincuente peligroso, que ha atentado contra la vida de una persona.

El policía Luis Chocobar.

Las policías de todo el mundo tienen esta facultad, avalados por la ONU. En Argentina quedaba en un peligroso gris, que motivaba injustas condenas a policías. Las Naciones Unidas en 1990 dictó los "Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley" que dice textualmente: "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos..."

Estos conceptos, como el de poder usar el arma para detener o impedir la fuga de un delincuente que ha atentado contra la vida de una persona, son los que se incorporan claramente a nuestra legislación. Estaban hasta ahora totalmente ausentes. Con el Protocolo fueron incorporados para las fuerzas federales como la Policía Federal y la Gendarmería y ahora también con esta ley aprobada, para la Policía de Mendoza.

Otro aspecto que se define en esta ley con mayor precisión, es el concepto de "peligro inminente". Se especifican situaciones en los que se puede usar el arma: "cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque después de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal", " cuando el agresor portare un arma blanca o cualquier objeto cortante o punzante y se resistiera a ser identificado o detenido".

Ver más: "Peligro inminente": cuándo podrá disparar la Policía de Mendoza

Esta norma evita situaciones como la que se dio en CABA, cuando un policía fue apuñalado, buscando defender a un ciudadano que eran amenazado con un cuchillo por un señor fuera de sus cabales. Intentando que deponga su actitud, sin usar su arma, se puso frente al delincuente, quien lo apuñaló, provocándole la muerte. Luego de ser apuñalado, el policía disparó matando al malviviente. Si ese policía hubiese sido respaldado por la normativa que regula el uso de armas, probablemente ambos estarían vivos, porque podría haber disparado a una zona no vital. La reforma considera peligro inminente el ser amenazado con un arma blanca, que a corta distancia suelen ser letales. Antes era un gris, que habilitaba a condenar al policía.

También, la nueva ley esclarece los casos en que un delincuente esgrime un arma de fuego, pero luego que el policía le dispara en su defensa o en la defensa de terceros, se comprueba que ésta no estaba apta para disparar o que era de juguete. Entonces el policía era condenado. No hace falta argumentar demasiado para entender que en estas situaciones el policía no tiene manera de saber si el arma del delincuente es apta para disparar o no.

Por último, se establece en esta reforma, que las autoridades administrativas no podrán aplicar sanciones preventivas contra los policías, cuando éstos hayan actuado presumiblemente conforme al protocolo de uso de armas. Luego, si la justicia determinare que hubo un exceso o abuso en el uso del arma, establecerá las sanciones y condenas pertinentes. Hasta ahora era al revés, las autoridades administrativas, como la Inspección de Seguridad, aplicaba sanciones administrativas preventivas, como la quita del arma, disminución del salario, no poder participar en los ascensos, suspensión o cesantía, hasta tanto la justicia determinara que el agente había actuado conforme a las normas. Se sancionaba al policía preventivamente hasta que la justicia dispusiera lo contrario. Con esta ley, no se lo sanciona hasta que la justicia diga que actuó mal.

La consecuencia de toda esa incertidumbre era que muchos ciudadanos sentían en frecuentes ocasiones, que la policía no llegaba a tiempo o que buscaba evitar enfrentamientos con delincuentes. Es lógico que esto sucediera. Actuar en defensa de los ciudadanos, probablemente implicaba la pérdida de su trabajo, ir preso o morir en acción.

Como conclusión, diré que era fundamental dar previsibilidad y respaldo normativo a la actuación policial a la hora de usar su arma. Esto debería derivar en una más eficiente defensa de los ciudadanos por parte de las fuerzas del orden. Esperamos que así sea.