El acuerdo Mercosur-Unión Europea, bajo excesivas expectativas
La suspensión del acuerdo deja todo como está y no representa un gran problema para la producción regional. El análisis de Rodolfo Cavagnaro.
Hace unos diez días festejábamos la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Según dicen los que conocen los detalles, la decisión de la presidenta de la UE de otorgar 45.000 millones de euros para subsidios agrícolas, destrabó la decisión de Italia, que finalmente apoyó y se consiguió el 65% necesario para su aprobación.
Pero, pasada una semana, llegó una sorpresiva decisión del Parlamente europeo, que, por una mínima diferencia, decidió enviar al órgano Judicial de la Unión Europea para su revisión para verificar que se violen los estatutos comunitarios. Esta decisión, vista como una maniobra de los países que más se oponían, conseguiría una dilación de 18 meses de la resolución para saber si el acuerdo tendrá videncia o no.
Lo cierto es que algunos sectores habían puesto demasiadas expectativas en este acuerdo y, realmente, no era de vigencia inmediata y nadie pude esperar a salvarse con el mismo. El acuerdo firmado debería ser ratificado por el Poder Legislativo de cada uno de los países y esa ratificación debe tomar forma de ley. Este trámite, solo, podría llevar más de un año. Si le agregamos ahora la demora del trámite judicial, podríamos decir que recién en tres años podría entrar en vigencia.
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Pero, además, hay que leer bien en tratado, que tiene 3.900 páginas, ya que tiene una serie cláusulas de salvaguarda que entran en vigencia ante situaciones extraordinarias de volúmenes de producción o precios. Además, hay condiciones especiales para cada tipo de producto. Por ejemplo, en Aceite de Oliva, Argentina podrá exportar con arancel 0 y los europeos podrán hacerlo desde el año 15 de la vigencia del acuerdo.
Hubo algunos sectores que intentaron plantear una crisis por la postergación de la entrada en vigencia del acuerdo y no tiene ningún sentido generar ningún tipo de alarma. Se habló de este problema en el sector vitivinícola, pero no hay mucho para lamentar. En principio, Argentina no exporta mucho a países europeos, países en los que está cayendo el consumo y donde la Comunidad está pagando subsidios para arrancar viñedos para bajar la producción.
Por otra parte, el mercado europeo donde más vino argentino se vende es Inglaterra, que no forma parte de la Comunidad Europea, por lo que las condiciones para vender en dicho mercado siguen siendo las mismas y lo seguirán siendo.
En el caso vitivinícola, Argentina tiene un gran mercado en EE. UU. y habrá que ver si del acuerdo bilateral que se firmaría pueden surgir nuevas ventajas arancelarias. Además, hay mercados crecientes en Asia, donde todavía no llegó la moda juvenil europeo contra las bebidas alcohólicas y que tiene una dimensión de mercado como para pensar en dedicarles mucho tiempo.
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Mendoza tiene, tradicionalmente, una producción de bienes transables, es decir exportables y, por tanto, expuestos a la competencia internacional. Lo que pueden cambiar son las condiciones cambiarias o las impositivas, que son las que puede jugar a favor o en contra de la competitividad y no a todos los afecta de la misma manera.
Para citar un ejemplo, este año, las cerezas mendocinas se exportaron a Europa y, por ser primicias y en contraestación, se pudieron mandar vía aérea y el precio final puso absorber sin problemas el flete aéreo. Este año, el ajo mendocino repitió un gran desempeño en Taiwan. De todos modos, no todos los productos reaccionan de la misma forma.
Problemas de competitividad
Según Mario Bustos Carra, Gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, el acuerdo podía beneficiar a algunos sectores, pero más ligados a otras provincias. "En el caso de Mendoza el problema que más afecta la competitividad es la carga impositiva". Y este es un reclamo del cual ningún funcionario se quiere hacer cargo.
El problema de la carga impositiva es lo que conocemos, en forma genérica, como "costo argentino". Justo, en este momento, ya no se registra una apreciación cambiaria tan acentuada como en los años anteriores. Un poco de devaluación local sumado a la devaluación del dólar en el mundo, hizo que la brecha fuera mejorando y hoy el factor cambiario no impacta de forma determinante en la pérdida de competitividad.
Por supuesto, en estos tiempos de estabilidad pasa a ser fundamental un estricto control de costos, porque ya no tenemos la inflación, que permitía licuar cualquier mala decisión empresarial. En este aspecto, Bustos Carra pone el acento no solo en la reforma laboral sino también en la reforma fiscal, y este es uno de los desafíos más comprometedores porque el sistema está lleno de distorsiones.
Crisis vitivinícola o crisis de empresas vitivinícolas
Un caso típico con las distorsiones se da en el caso de las nóminas salariales de las empresas. El total de los sueldos de las empresas están sujetos a pagar lo que marca el formulario 931 de la ARCA, que implica que la empresa pague un 15% adicional de aporte jubilatorio y un 5% de carga de obra sociales, entre otras cosas. Pero esa nómina salarial está computada como costo por las empresas, junto a sus impuestos. Al integrarse a los costos, se les aplica el IVA y los ingresos Brutos, con los cual el costo salarial crece hasta las nubes en beneficio del Estado y no del trabajador y hace crecer el costo de las empresas.
El problema de los impuestos compete en parte a los nacionales, pero también las provincias y los municipios. Estos a su vez, no quiere que la Nación baje impuestos porque son coparticipables y les bajan sus ingresos y ninguno ha hecho los ajustes que se deben hacer. Hoy les pedimos a las empresas que hagan control estricto de costos y el Estado no lo hace y les aumenta los costos a las empresas con mayores impuestos o tasas exorbitantes.
Para que las empresas sean competitivas es fundamental que el Estado sea competitivo y, para que ello sea posible, es necesario tener funcionarios competentes y aquí es donde la calidad de los servicios debe comenzar a mirarse con detenimiento. Podemos tener los mejores acuerdos de libre comercio, pero si el costo del Estado sigue pesando de la misma forma, no habrá posibilidad de mejora para nadie, salvo para la vida de los funcionarios.
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