Congreso en tensión: 2025 cerró con la menor producción legislativa en una década y un fuerte bloqueo entre poderes
El Parlamento aprobó apenas 11 leyes, todas impulsadas por la oposición. Siete fueron vetadas por el Ejecutivo y tres de esos vetos fueron revertidos. Un análisis de la última década muestra cómo cambió la iniciativa presidencial en materia legislativa. El informe también detalla un vínculo particularmente conflictivo entre el Ejecutivo y el Legislativo durante todo el año.
El período legislativo 2025 culminó con un nivel de actividad excepcionalmente bajo: sólo 11 leyes sancionadas, el registro más reducido de los últimos diez años. Según el informe "Balance Legislativo 2025" de Directorio Legislativo, este resultado estuvo atravesado por un clima de fuerte confrontación política, un Ejecutivo debilitado en el Congreso y una oposición que capitalizó el espacio parlamentario como ámbito de control.
De las 11 leyes aprobadas, siete fueron vetadas por el Poder Ejecutivo. En tres casos, el Congreso insistió y revirtió esos vetos, un movimiento que reflejó el nivel de cohesión alcanzado por la oposición y la capacidad de construir mayorías circunstanciales frente al oficialismo. Las cuatro leyes no vetadas fueron, en su totalidad, iniciativas de la oposición o acuerdos internacionales enviados durante la gestión de Alberto Fernández que aún permanecían pendientes.
La baja productividad legislativa también se vio en los números de sesiones. En 2025 se realizaron 22, de las cuales la mitad fueron especiales. Esta modalidad da cuenta de las dificultades para consensuar un temario común y habilitar sesiones ordinarias donde el oficialismo debía acordar contenidos o permitir el avance de proyectos no deseados.
La particularidad del año fue el uso intensivo de instrumentos parlamentarios por parte de la oposición. Entre ellos se destacaron los emplazamientos a comisión: se registraron 20, una cifra inédita frente al máximo histórico de apenas tres por período en años anteriores. Este recurso habilita a forzar a los presidentes de comisión a tratar proyectos que venían demorados, y se convirtió en una herramienta central ante la estrategia oficialista de frenar iniciativas adversarias.
El informe también incorpora un análisis de la última década respecto del origen de las leyes enviadas por los presidentes. Durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, el Ejecutivo mantuvo un volumen significativo de iniciativas, con picos que superaron las 20 leyes enviadas por año. Durante el mandato de Alberto Fernández, el número se redujo, pero continuó siendo relevante en relación con la dinámica política de su gestión. Sin embargo, en 2025 se produjo un quiebre total: las únicas leyes que tuvieron origen en el Poder Ejecutivo correspondían a acuerdos internacionales tramitados en la presidencia de Fernández, no a proyectos impulsados por la administración actual.
En otras palabras, durante todo el período ordinario 2025 no se aprobaron leyes originadas en el presidente Javier Milei, lo que configuró una anomalía respecto de cualquier año de la última década.
Esa caída drástica en la capacidad de iniciativa del Ejecutivo fue consecuencia directa del clima político. La relación con el Congreso estuvo marcada por tensiones inéditas, una estrategia defensiva del oficialismo y un uso intensivo de las facultades constitucionales para contener el avance opositor. El Gobierno vetó la mayoría de las leyes aprobadas, se resistió a habilitar debates amplios y operó para bloquear iniciativas en comisión. En paralelo, el Congreso ejerció su poder de contrapeso con una intensidad que no se veía desde hacía años: revirtió vetos, presionó con emplazamientos y rechazó decretos.
La discusión sobre los DNU fue un capítulo central de este conflicto. En 2024, el Parlamento había rechazado por primera vez en la historia un Decreto de Necesidad y Urgencia. En 2025, ese precedente se profundizó: cinco DNU fueron rechazados y otros 28 quedaron vigentes.
El informe destaca que esta conducta consolidó al Congreso como un actor dispuesto a limitar el uso unilateral del poder por parte del Ejecutivo, en un contexto donde la negociación política fue escasa.
Hacia fin de año, el panorama comenzó a mutar. Las elecciones legislativas de octubre de 2025 modificaron la correlación de fuerzas y dejaron una composición más favorable para el oficialismo. El informe señala que este nuevo escenario podría permitirle al Gobierno abandonar la estrategia defensiva que caracterizó su primer año y pasar a una más propositiva, siempre que logre articular alianzas estables y sostener acuerdos parlamentarios.
El Balance Legislativo deja así una radiografía de un año atravesado por la confrontación, con un Congreso que actuó como contrapeso y bloque opositor, un Ejecutivo limitado por su debilidad numérica y una agenda legislativa paralizada como resultado de ese choque. Un 2025 donde la disputa política se expresó en cada instancia institucional, dejando como saldo el período más bajo de producción normativa en una década.
