El Ejecutivo promulgó la Ley de Glaciares: más poder provincial y cambios en la protección

El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley 27.804, una reforma que introduce cambios sustanciales en el régimen de protección de glaciares vigente desde 2010. La medida fue formalizada a través del Decreto 271/2026 publicado en el Boletín Oficial y establece un nuevo marco regulatorio para estos ecosistemas y las zonas periglaciares.

La norma conserva el principio de que los glaciares son "reservas estratégicas de recursos hídricos", aunque incorpora una reinterpretación que pone el foco en el federalismo y en las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales, en línea con la Constitución Nacional. De este modo, el esquema de protección adquiere un perfil más descentralizado.

Uno de los cambios centrales es la redefinición del alcance de las áreas protegidas. A partir de ahora, la cobertura se limita a aquellos glaciares y geoformas periglaciares que acrediten una función hídrica específica, lo que abre la posibilidad de desarrollar actividades productivas en zonas que antes estaban alcanzadas por restricciones más amplias.

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En este nuevo esquema, las provincias asumen un rol clave: serán las encargadas de determinar, en base a estudios técnicos, qué áreas deben preservarse y cuáles pueden destinarse a actividades económicas, incluidas las extractivas. La modificación responde, en parte, a reclamos de distritos con fuerte presencia minera.

La reforma también cambia el enfoque sobre las actividades prohibidas. Se deja atrás el criterio de restricciones generales y se adopta un sistema basado en evaluaciones de impacto ambiental para cada proyecto, que deberán ser aprobadas por las autoridades locales. En algunos casos, se sumarán evaluaciones estratégicas y mecanismos de participación ciudadana, conforme a la normativa vigente.

Ver: Glaciares: "La reforma aclara las geoformas, pero deja dudas sobre el resto del ambiente periglacial" 

En relación con el Inventario Nacional de Glaciares, el registro seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), aunque su rol se reconfigura. Continuará aportando información técnica sobre ubicación, superficie y estado de conservación, pero sin capacidad para condicionar las decisiones provinciales, que tendrán la última palabra.

La ley incorpora además el principio precautorio: todas las geoformas incluidas en el inventario serán consideradas protegidas hasta que estudios científicos determinen que no cumplen funciones hídricas. También se actualizan los procedimientos para incorporar o excluir áreas del registro.

La iniciativa había sido aprobada por el Congreso el 9 de abril, con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una sesión marcada por la tensión política y manifestaciones en las inmediaciones del Parlamento.

Desde el Ejecutivo defendieron la reforma al sostener que permitirá "ordenar el marco normativo" y reducir la discrecionalidad en su aplicación. Además, señalaron que busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo productivo, al establecer con mayor precisión qué zonas deben resguardarse y cuáles pueden habilitarse para la actividad económica.