El escándalo de Adorni amenaza el tratamiento de Propiedad Privada

El Gobierno nacional intentará esta semana retomar uno de sus proyectos más relevantes en materia de reformas económicas y regulatorias: la ley de Propiedad Privada. La iniciativa, promovida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, volverá al Senado tras dos postergaciones consecutivas, aunque su tratamiento se produce en un contexto político complejo marcado por la creciente controversia que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La intención oficial es que la Cámara alta sesione el próximo miércoles 17 de junio para debatir la propuesta, una decisión que surgió de la última reunión de la Mesa Política del Gobierno. Sin embargo, la misma jornada también estará atravesada por definiciones vinculadas a los pedidos de moción de censura presentados contra Adorni, lo que introduce un factor de incertidumbre sobre el desarrollo de la agenda parlamentaria.

La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para ese día una reunión de labor parlamentaria con el objetivo de analizar los reclamos para que el jefe de Gabinete adelante su informe de gestión ante el Congreso. La iniciativa se produce luego de que el funcionario anunciara que concurrirá recién en julio a brindar explicaciones sobre la marcha de la administración nacional.

Mientras tanto, distintos bloques opositores avanzaron con presentaciones formales para impulsar una moción de censura contra Adorni, una herramienta prevista por la Constitución que podría derivar, en última instancia, en su remoción del cargo. El mecanismo contempla primero una interpelación y luego una votación en ambas cámaras.

Aunque este tipo de iniciativas ya había sido promovido en otras oportunidades por la oposición, la novedad es que ahora algunos sectores dialoguistas comenzaron a expresar públicamente su malestar con el funcionario. Desde el PRO surgieron cuestionamientos directos y pedidos para que el Presidente tome una decisión política antes de que el conflicto escale en el Congreso.

En la oposición consideran que, si se consolidara una alianza entre el peronismo, sectores radicales y parte del PRO, existirían números suficientes para avanzar con el proceso. No obstante, varios dirigentes prefieren evitar una confrontación institucional de esa magnitud y apuestan a una solución política previa.

Pese a este escenario, en la Casa Rosada aseguran que la prioridad sigue siendo conseguir la aprobación de la ley de Propiedad Privada. El proyecto ya atravesó múltiples negociaciones y sufrió modificaciones significativas respecto del texto original elaborado por Sturzenegger.

La propuesta apunta a fortalecer los derechos de propiedad mediante cambios en los mecanismos de desalojo, nuevas condiciones para las expropiaciones y una flexibilización parcial de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Uno de los puntos más debatidos fue precisamente el referido a los inmuebles ubicados en zonas de frontera. Tras las negociaciones parlamentarias, se incorporó la exigencia de que determinadas operaciones cuenten con autorización del Congreso y no dependan exclusivamente de una decisión administrativa del Poder Ejecutivo.

También se introdujeron cambios en los plazos previstos para ejecutar desalojos. La versión inicial contemplaba procedimientos extremadamente breves, pero las conversaciones con los bloques aliados derivaron en una ampliación de esos tiempos. Del mismo modo, se incorporaron límites a las compensaciones por lucro cesante en casos de expropiación.

Otro aspecto que generó debate fue el relacionado con la legislación sobre manejo del fuego. El oficialismo logró consensos para eliminar algunas restricciones aprobadas en años anteriores, aunque se mantendrían las prohibiciones para desarrollar emprendimientos sobre áreas de bosques nativos afectadas por incendios.

En paralelo, quedó prácticamente descartada la inclusión de modificaciones vinculadas al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un capítulo que había despertado resistencias entre sectores aliados y que ya había sido retirado en versiones anteriores del proyecto.

Después de dos intentos frustrados para llevar la iniciativa al recinto, el Gobierno confía en que esta vez podrá avanzar con la media sanción. Sin embargo, el desenlace dependerá tanto de las negociaciones sobre el contenido de la ley como de la evolución de la crisis política que tiene a Adorni en el centro de la escena.