Milei busca actualizar la legislación societaria para la economía digital
La iniciativa amplía la autonomía de las empresas, habilita la aplicación de legislación extranjera en conflictos entre socios y crea nuevas figuras jurídicas vinculadas a la inteligencia artificial y la tecnología blockchain.
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para reformar integralmente el régimen societario argentino. La propuesta, impulsada por la administración de Javier Milei, busca modernizar la normativa vigente, reducir la intervención estatal en la organización empresarial y adaptar el marco legal a las nuevas formas de negocios digitales y globalizados.
La iniciativa ingresará por el Senado y se suma a los cuatro proyectos que el oficialismo remitió la semana pasada. En la Casa Rosada anticipan que junio estará marcado por una intensa agenda legislativa, con la expectativa de retomar la actividad parlamentaria tras varios meses atravesados por tensiones políticas internas y conflictos que afectaron al Gobierno.
La reforma fue elaborada principalmente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, con participación del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Legal y Técnica, que ultimaba los detalles del texto antes de su presentación formal.
Uno de los ejes centrales del proyecto es fortalecer el rol del estatuto de cada sociedad. Según explican fuentes oficiales, las reglas definidas por los socios pasarán a tener prioridad sobre muchas de las disposiciones generales de la ley, mientras que las restricciones estatales quedarán limitadas a situaciones excepcionales. Además, los registros públicos no podrán imponer regulaciones que excedan lo establecido por la normativa nacional.
El proyecto también flexibiliza la definición del objeto social. Las empresas podrán desarrollar múltiples actividades sin necesidad de que exista una relación directa entre ellas. Incluso, si el estatuto no especifica una actividad determinada, se considerará que la sociedad está habilitada para realizar cualquier actividad lícita.
Uno de los aspectos que promete generar debate es la posibilidad de que las sociedades acuerden resolver conflictos internos bajo legislación extranjera. De esta manera, los socios podrán elegir regímenes jurídicos de otros países para regular sus relaciones societarias. Asimismo, se permitirá incorporar cláusulas de arbitraje privado para resolver disputas sin recurrir a la Justicia ordinaria.
Desde el Gobierno sostienen que esta flexibilización facilitará la inserción de empresas argentinas en mercados internacionales y permitirá adoptar marcos normativos ampliamente utilizados en centros financieros y comerciales del mundo.
La propuesta también impulsa una digitalización completa de la actividad societaria. Entre otras medidas, contempla domicilios electrónicos, libros digitales, registros en formato virtual, asambleas remotas y la constitución de sociedades mediante firma electrónica o digital. Además, cada empresa contará con un legajo digital de acceso público.
Otro capítulo novedoso es la creación de nuevas figuras jurídicas. Entre ellas aparecen las denominadas "sociedades automatizadas", estructuras capaces de operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de empleados. También se incorporan las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), modelos basados en tecnología blockchain y sistemas de participación mediante tokens digitales.
Según el proyecto, ambas modalidades tendrán personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada para sus integrantes.
La reforma incorpora además herramientas de financiamiento convertibles, permite la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y establece que, salvo disposición en contrario, los cargos de directores y síndicos tendrán duración indefinida.
En materia de reorganización empresarial, se simplifican los procesos de absorción de compañías controladas. Cuando una sociedad posea el 100% de otra, podrá integrarla directamente sin necesidad de realizar procedimientos adicionales.
Desde el oficialismo afirman que la iniciativa apunta a reemplazar un régimen que consideran obsoleto y diseñado bajo una lógica de fuerte control estatal. Con este argumento buscarán reunir los apoyos necesarios para avanzar con la aprobación parlamentaria.
La nueva ley se suma a otros proyectos impulsados recientemente por el Gobierno, entre ellos el denominado Súper RIGI, la ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, la iniciativa para prevenir la ludopatía y la derogación de la normativa de etiquetado frontal de alimentos. En paralelo, el Senado también deberá abordar otros temas pendientes, como los pliegos judiciales, la denominada ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zona Fría.
