Cuánto pesó el "factor Carmona" en la caída de Potasio Río Colorado

El presidente del PJ local comparó el caso de Portezuelo con el yacimiento de Potasio en Malargüe que -según dijo- también tenía oposición en el Coirco. En el sector minero, estiman que su postura antiminera jugó en su rol de secretario de Ambiente de Jaque y terminó perjudicando el proyecto.

Muchas veces los funcionarios políticos de ocasión toman decisiones que pueden marcar a una provincia durante años o décadas. Aunque pareciera que no es importante el nombre que se pone en un lugar determinado, hay casos en los que una sola persona puede cambiar la realidad de muchos, incluso millones, para bien o para mal.

En medio de la polémica que se generó a partir de las declaraciones de Alberto Fernández sobre Portezuelo del Viento, (en las que puso en duda el financiamiento para la obra por las discrepancias que habría al interior del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, Coirco), llamaron la atención las declaraciones del presidente del Partido Justicialista en Mendoza, Guillermo Carmona, quien criticó las reacciones de distintos sectores a los que acusó de ser "muy mendocinistas". Sin embargo, no fue lo único que dejó la entrevista realizada en CNN Radio Mendoza, porque también comparó la situación que hoy enfrenta Portezuelo con lo que se vivió con Potasio Río Colorado (PRC), el anterior proyecto emblema que tenía la provincia y que se cayó en 2012.

La comparación surge porque cuando el proyecto de potasio estaba en desarrollo Carmona era director de Ambiente de Celso Jaque. Sin ir más lejos, desde la visión del sector minero fue actor fundamental para que no prosperara un yacimiento que iba a dar empleo a miles de personas.

El dirigente del PJ aseguró que cuando él asumió (en 2007) había oposición en el Coirco para la construcción de PRC, lo que terminó por complicar la firma de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte de su dependencia. Comparó ese caso con Portezuelo porque dijo que la oposición interna en el comité era similar y la situación iba a camino a judicializarse.

Sin embargo, en conversación con Memo, parte del equipo técnico que participó del proyecto indicó que el tiempo terminó por confirmar que la demora en la aprobación de la DIA terminó por hacer fracasar el proyecto. Además, descartaron una posible judicialización y lo toman una justificación para explicar que un proceso que estaba listo para aprobarse se demorara dos años.

En 2007, cuando Celso Jaque recibió el gobierno de manos de Julio Cobos, ya estaba terminado el dictamen técnico que hizo la UTN y estaban todos los pasos cumplidos para poder emitirse la DIA. Sólo faltando la firma del secretario de Ambiente. Pero eso no sólo no ocurrió, sino que demoró dos años en hacerlo y recién en 2009 (ya con Vale como propietaria) se aprobó la construcción de PRC, la cual se vio truncada en 2012.

En ese momento en Río Tinto, según indican, sentían una cierta animosidad de Carmona en contra del proyecto, pero con los años confirmaron -en base a los hechos- que el peronista era un antiminero más. Así lo vieron con la oposición a San Jorge y con el proyecto presentado en el Congreso para convertir en reserva una amplia zona de Malargüe para impedir el desarrollo de la actividad.

"En el Coico el reclamo de La Pampa siempre estaba, pero por el tema del Atuel. Con los años vemos que aprovechan cualquier ocasión para hacer su reclamo", dijo un ejecutivo de la antigua propietaria de PRC. Aseguran que el reclamo no tenía ningún efecto, porque tal como ocurre hoy la aprobación de la DIA sólo dependía de Mendoza, propietaria del recurso mineral.

Explicaron, incluso, que el reclamo por el uso de un metro cúbico de agua del río Grande no se justificaba porque a Mendoza le correspondía el uso de más de 30 metros cúbicos. Además, señalaron, siempre se permitió a todo el que quisiera tomar muestras del agua del río para verificar que no hubiera contaminación. Recuerdan que la demora en el proceso también tuvo que ver con la lentitud del gobierno de Cobos para aprobar el uso del metro cúbico de agua, el cual "aprobó de manera rápida para compensar después que salió la 7722".

El factor Carmona

Pero hoy, más de una década después de que Río Tinto abandonara el proyecto y se lo vendiera a Vale, analizan lo ocurrido "con el diario del lunes" y se dan cuenta que el factor Carmona fue determinante. "Si se emitía la DIA cuando estaba listo el dictamen técnico, podríamos haber comenzado a construir en 2008 y ya en 2011 habríamos podido comenzar a operar".

El hecho es que la demora hizo que, ya con Vale como propietaria, el proceso de construcción se encontrara en el camino con la caída del precio del potasio y con otros factores muy importantes (que analizaremos en una próxima nota y que también tienen que ver con Carmona), los cuales terminaron por hacer que la ecuación no fuera conveniente para la minera brasileña que terminó por frenar la obra en 2012.

"Si se aprobaba en 2008, ya en 2011 estábamos produciendo y ahí el panorama cambia por completo. Si ya hiciste toda la inversión te ajustas a la situación del mercado, pero no frenas la producción. Reduces costos, buscas alternativas, pero Mendoza tendría operando PRC", explicaron los técnicos.

Además, si se analizan las listas de las entidades que reclamaban por el desarollo de PRC encontraremos -coincidentemente- que junto a La Pampa aparecen las mismas agrupaciones antimineras que se oponen al desarrollo de la actividad en Mendoza.

Una década después y analizando lo que ya no se puede remediar, es posible notar que todo pudo ser distinto si las decisiones eran las correctas en los momentos indicados. En cambio, hoy Mendoza está negociando con Vale la entrega de la propiedad del proyecto que está parado hace ocho años y que será difícil de poner en marcha.

En una próxima nota analizaremos como otras cuestiones, más allá del retraso en la DIA, fueron claves para hacer fracasar el proyecto emblemático que tenía Mendoza y que iba a entregar incluso más puestos de trabajo que Portezuelo del Viento. Cuestiones que también tienen que ver con las medidas aplicadas por la dirigencia política de turno.

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