Milei destina fondos de privatizaciones al reequipamiento militar
Un DNU asigna parte de los ingresos por venta de activos estatales al área de Defensa. Buscan modernizar las Fuerzas Armadas y sumar recursos a un sistema con limitaciones presupuestarias.
El Gobierno nacional dispuso redirigir parte de los recursos obtenidos por privatizaciones y operaciones con bienes del Estado hacia el fortalecimiento del sistema de defensa. La medida fue establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 314/2026, que pone en marcha un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas.
La iniciativa crea el "Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino", orientado a mejorar el equipamiento, actualizar infraestructura estratégica y recuperar capacidades operativas. El objetivo oficial es revertir el deterioro acumulado en el área y adaptar el sistema a los desafíos actuales.
El decreto fundamenta la decisión en la necesidad de modernización frente a un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos y nuevas amenazas, como ciberataques, operaciones irregulares y avances tecnológicos en el ámbito militar, incluyendo inteligencia artificial y sistemas automatizados.
También se destaca el rol que cumplen las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, donde intervienen en tareas logísticas, sanitarias y de asistencia, lo que -según el texto- exige contar con recursos adecuados y actualizados.
En ese contexto, el Gobierno plantea que el esquema presupuestario vigente limita la inversión en equipamiento, ya que la mayor parte de los fondos se destina a salarios y gastos de funcionamiento. Por eso, la norma introduce nuevas fuentes de financiamiento.
Por un lado, establece que el 10% de los ingresos generados por la venta, alquiler o concesión de inmuebles del Estado nacional será destinado al Ministerio de Defensa. En los casos en que esos bienes ya estén bajo su órbita, el porcentaje asciende al 70%.
A su vez, el decreto dispone que otro 10% de lo recaudado por privatizaciones de empresas públicas o participaciones estatales también se canalizará hacia el reequipamiento militar.
El texto aclara que estos recursos no reemplazan los fondos del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que se suman como una vía adicional para financiar inversiones.
Como parte de la implementación, el Estado Mayor Conjunto deberá presentar en un plazo de 90 días un informe con las prioridades en materia de equipamiento, que servirá como guía para la asignación de los recursos.
La medida ya está en vigencia y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para redefinir el financiamiento del área de Defensa, en paralelo con el avance del proceso de privatizaciones y reorganización del Estado.
