Milei redobla la apuesta privatizadora: trenes, nucleares y carbón, en la próxima jugada
Después de poner en marcha la venta de AySA, el Gobierno sostiene su bandera de achicar el Estado y apunta a desprenderse de Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Río Turbio. La hoja de ruta final se conocerá recién después de las elecciones, mientras tensiones con provincias y el Congreso marcan el ritmo de la ofensiva privatizadora.
Tras anunciar el inicio de la privatización de AySA, la empresa que abastece de agua potable y cloacas al AMBA, el Gobierno refuerza su objetivo de reducir la participación estatal en sectores que, según el presidente Javier Milei, no deben seguir bajo control público. Sin embargo, los avances concretos son todavía limitados.
En el último año, la administración nacional puso en marcha procesos de venta para cinco de las seis compañías contempladas en la Ley Bases para privatización total: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina (Enarsa) y ahora AySA. Solo resta, al menos, la confirmación oficial del inicio del traspaso de la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), más conocida como Trenes Argentinos, que gestiona los servicios de trenes de pasajeros de corta y larga distancia en todo el país.
El traspaso del sistema ferroviario enfrenta más complicaciones: la red se encuentra bajo emergencia declarada y el Estado prioriza intervenciones en los ramales suburbanos para garantizar condiciones mínimas de funcionamiento.
A la lista se suman otras dos empresas estratégicas para las que la Ley Bases habilitó una venta parcial: Nucleoeléctrica Argentina (NASA), operadora de las tres centrales nucleares del país, y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En ambos casos, el Ejecutivo evalúa abrir parte del capital accionario al mercado, aunque para eso se necesitan modificaciones estatutarias y pasos legales que podrían demorar la operación.
En su momento, Milei buscó permiso legislativo para privatizar más de 40 compañías estatales, pero la versión final de la Ley Bases redujo ese número a ocho, con dos de ellas solo autorizadas a ventas parciales. Aun así, el Presidente reafirma su intención de continuar con el traspaso de firmas públicas al sector privado cuando sea posible políticamente, algo que dejó claro al referirse a Aerolíneas Argentinas, que pese a mostrar resultados positivos no está incluida en la lista actual.
En este contexto, no se esperan definiciones relevantes antes de las elecciones. De hecho, el plan detallado de privatizaciones y concesiones recién se conocería hacia mediados de noviembre, a través de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Ese cronograma forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno ante el FMI.
Más allá de la Ley Bases, el Ejecutivo avanza con concesiones de activos estatales cuyos contratos ya expiraron. Entre ellos, la emblemática ruta del Mercosur, cuya licitación ya está en marcha y recibirá ofertas a principios de agosto. También se espera relanzar la concesión de cuatro represas hidroeléctricas en la región del Comahue. El ministro de Economía, Luis Caputo, estima que estas operaciones permitirán sumar unos 500 millones de dólares a las reservas del Banco Central, ingresos clave para fortalecer al Tesoro.
Sin embargo, la negociación con las provincias involucradas, como Neuquén y Río Negro, retrasó la convocatoria a nuevos operadores. A esas cuatro centrales se agregan dos hidroeléctricas más: una en Mendoza y otra en Chubut, cuyos contratos caducaron este año y fueron prorrogados hasta fines de agosto para garantizar el tiempo necesario para definir la nueva concesión.
