El Ejecutivo reconfigura el control ambiental ante el avance de la minería
El Ministerio de Energía y Ambiente reorganizó el área de fiscalización con tres ejes clave -industrias extractivas, residuos y economía circular- y apunta a modernizar un esquema con más de tres décadas de vigencia.
El Gobierno provincial avanzó en una reforma del sistema de control ambiental con la puesta en marcha de una nueva estructura para la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, organismo que reemplaza a la histórica Dirección de Protección Ambiental.
La modificación busca actualizar un modelo que llevaba más de 30 años sin cambios significativos y que, según el Ejecutivo, había quedado desfasado frente al crecimiento de actividades industriales, en particular en sectores como la minería y los hidrocarburos.
El rediseño organizativo apunta a fortalecer la capacidad de control del Estado y mejorar la gestión de residuos, incorporando una lógica más ágil, con mayor uso de herramientas técnicas y un esquema de fiscalización más presente en el territorio.
Para ello, se establecieron tres grandes áreas de trabajo. La primera está orientada a las industrias extractivas e incluye el seguimiento de actividades vinculadas a la minería y los hidrocarburos, además del monitoreo de variables ambientales como la calidad del agua y del aire.
El segundo eje se enfoca en los residuos y la economía circular. Allí se concentra la gestión de residuos urbanos, peligrosos y patogénicos, con el objetivo de avanzar en procesos de tratamiento y reutilización de materiales.
La tercera área está vinculada a la innovación y la articulación institucional. Incluye tareas de educación ambiental, desarrollo de proyectos tecnológicos y coordinación con municipios, con el propósito de unificar criterios y mejorar los sistemas de control.
El nuevo esquema también redefine las funciones operativas. Las coordinaciones deberán planificar inspecciones, supervisar equipos en territorio y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Entre sus atribuciones se encuentra la atención de denuncias por posibles daños ambientales y la emisión de permisos para actividades industriales y energéticas.
Desde el Gobierno señalaron que la reorganización responde a la necesidad de contar con una estructura más dinámica y eficiente, capaz de acompañar el desarrollo productivo sin descuidar la protección del ambiente. En ese sentido, el enfoque apunta a reducir la burocracia y avanzar hacia un sistema de monitoreo continuo, alineado con objetivos de sostenibilidad y uso responsable de los recursos.
