La Provincia rescindió un contrato en el Mendoza TIC por incumplimientos de la empresa

El Gobierno de Mendoza resolvió rescindir el contrato de adjudicación de dos terrenos en el Parque Tecnológico Mendoza TIC a la empresa ARLINK S.A., al considerar que incumplió de manera grave las obligaciones asumidas al momento de acceder a los lotes bajo un régimen promocional.

La medida fue oficializada a través del Decreto Nº 414, firmado el 3 de marzo de 2026, y alcanza a los terrenos identificados como B2 y B3, que habían sido otorgados a la firma en 2015 con el compromiso de desarrollar un proyecto tecnológico vinculado a telecomunicaciones.

Según detalla el decreto, uno de los principales motivos de la rescisión es la falta de ejecución del plan de inversiones comprometido. A más de una década de la adjudicación, los terrenos permanecen sin desarrollo, en estado baldío y con apenas un cerramiento perimetral, tal como fue constatado oficialmente en noviembre de 2024.

El proyecto original contemplaba la construcción de un edificio de tres plantas, con una superficie cubierta de 993 metros cuadrados, junto con un parque de 10 antenas satelitales en un área aproximada de 360 metros cuadrados, destinado a brindar servicios de telecomunicaciones y procesamiento de señales. Sin embargo, esas obras nunca se concretaron.

A este incumplimiento se suman deudas acumuladas con el consorcio del parque, vinculadas principalmente a expensas impagas, lo que también fue considerado como una falta a las obligaciones contractuales.

El expediente revela además que la empresa solicitó autorización para transferir los terrenos a otra firma, ITC Soluciones S.A., pero no logró formalizar la operación pese a las prórrogas otorgadas por la Provincia. Tras varios emplazamientos y un último plazo de 15 días hábiles, el Gobierno avanzó con la rescisión.

Desde el Ministerio de Producción señalaron que la decisión se fundamenta en el incumplimiento del destino previsto para los terrenos y en la frustración del objetivo del contrato, que era promover el desarrollo tecnológico dentro del parque.

En ese sentido, el decreto remarca que este tipo de adjudicaciones se encuadra en contratos administrativos de fomento, mediante los cuales el Estado otorga beneficios bajo la condición de que se cumplan determinadas inversiones y actividades. Al no haberse concretado el proyecto, se considera que se perdió el interés público que justificó la cesión.

La normativa vigente habilita a la Administración a rescindir unilateralmente este tipo de contratos ante incumplimientos graves, especialmente cuando ya se han realizado intimaciones previas, como ocurrió en este caso.

Además de dejar sin efecto la transferencia, el Gobierno instruyó a Asesoría de Gobierno a iniciar acciones judiciales para formalizar la rescisión y a reclamar el cobro de la deuda que mantiene la empresa.