Qué año quiere tener la Justicia en Mendoza y qué le pide el Gobernador

En la apertura del año judicial 2022, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay, hizo un balance de gestión y enunció los planes institucionales para el año.

Garay habló previo a las palabras del gobernador Rodolfo Suarez, ante los otros miembros de la Corte, integrantes del Poder Judicial y dirigentes, entre los cuales se encontró el exgobernador Alfredo Cornejo.

También hizo consideraciones políticas, al señalar que "se viven momentos cruciales para la República", al reclamarle a los integrantes del sistema independencia y criterio.

Suarez

A su turno, el gobernador Suarez empezó con un fuerte tono político y crítico a la Nación. Señaló las "profundas dificultades originadas por una macroeconomía enferma desde hace largo tiempo, que aún convive con los vestigios dolorosos de la pandemia, a lo que deben sumarse, en mi opinión, las incertidumbres que traen aparejadas la falta de plan y las controversias en el seno mismo del nivel más alto de decisiones del poder nacional que como resultado terminan por generar traumas institucionales y, a la vez, bloquean la posibilidad de establecer consensos esenciales para abordar las reformas estructurales que por fin puedan torcer la historia de los ciclos que terminan trayendo más frustración que progreso a la sociedad".

Tras marcar el contexto en el que Mendoza se maneja, indicó que "la administración provincial debe enfocarse en la tarea de construir un Estado sano, austero, que brinde algo de certidumbre a la ciudadanía como gesto de empatía con los que peor la pasan, que son justamente los que más necesitan del Estado, pero también que sea el instrumento para sentar las bases firmes que nos permitan detectar e impulsar oportunidades de desarrollo local y abordar un futuro mejor que la realidad que nos toca hoy".

Tras asociar su gestión con esa premisa, Suarez subrayó que "el servicio de Justicia es sin dudas uno de los más relevantes".

Acto seguido, agradeció "la cooperación de la Justicia de Mendoza en el respaldo constante al diálogo institucional fluido que nos está permitiendo configurar un período productivo y armonioso que beneficia a las mendocinas y mendocinos, donde la celeridad, la transparencia, la incorporación de tecnologías y la rendición de cuentas son ejes que muestran una vocación horizontal por dotar cada vez de mayor calidad al servicio".

El mandatario provincial puso en valor el envío a la Legislatura de un proyecto de ley que modifica la actual normativa para ampliar el mecanismo de Juicios por jurados populares a nuevos delitos.

Al respecto, dijo que "la incorporación de la ciudadanía a la resolución de los procesos judiciales viene mostrando ser un gran avance, no sólo porque con ello se cumple el mandato constitucional vulnerado por más de 100 años sino también porque la participación activa de la sociedad en este tipo de procesos ha sido tan eficaz como ejemplar, demostrando que el mendocino es un ciudadano comprometido".  Al valorar el sistema que se está ampliando, dijo que "sus veredictos han sido elogiados por la comunidad jurídica y son los responsables, junto con jueces, fiscales y abogados de haber dado un paso significativo en la consolidación de la confianza del ciudadano con la Justicia".

También destacó "la oralidad como estandarte para hacer una Justicia cada vez más expedita", y en ese unto, expresó que "también he remitido a la Legislatura el proyecto de ley que crea la Oficina de Conciliación para el fuero Civil, Comercial y de Paz de las cuatro circunscripciones judiciales de nuestra provincia".

"La iniciativa -explicó-  responde a la necesidad de seguir acercando a las partes mediante un mecanismo alternativo de solución de conflictos para evitar su ingreso al sistema de justicia, replicando en el fuero Civil el logro y aceptación que tiene la Oficina de Conciliación Laboral, que a la fecha tiene tasas de acuerdos cercanas al 60%".

Evaluó que esta propuesta "le otorga al ciudadano un rol protagónico en la resolución de sus propios conflictos, con asistencia técnica de profesionales del derecho expertos en mecanismos de conciliación, con menores costos y mayor agilidad que si dichos conflictos ingresasen en el proceso judicial tradicional".

Suarez indicó que "así, se reduce sustancialmente el flujo de demandas que ingresan en la Justicia Civil de primera instancia, permitiendo que los jueces puedan abocarse a resolver las causas de mayor complejidad".

"La iniciativa -sostuvo Suarez- busca que el proceso de conciliación sea obligatorio de manera previa para todos los procesos bilaterales que no sean excluidos expresamente por la ley. Asimismo, contempla que sea realizado por un Cuerpo de Conciliadores Civiles, abogados de la matrícula que deberán someterse a un concurso público para poder integrar el cuerpo. Un punto clave que quiero destacar es que el funcionamiento del sistema se autofinancia, no generando erogaciones extra por parte del Estado".

Lo explicó así: "En caso de que la conciliación resulte positiva, el acuerdo se protocoliza y se cierra el proceso. En caso de no conciliación, se emite un acta de fracaso por parte de la Oficina de Conciliación Civil y queda abierta la vía para interponer la demanda en los tribunales civiles y seguir el proceso tradicional. La iniciativa cuenta ya con media sanción en la Cámara de Diputados y tiene el aval de la Asociación de Magistrados y la Federación de Colegios de Abogados".

El Polo Judicial

Suarez destacó la puesta en funcionamiento del Polo Judicial, que "constituye un verdadero hito en la historia penal de la provincia y es la cara visible de las fuertes transformaciones que se han desarrollado en ese fuero en los últimos años", según su discurso ante la Corte.

Las reformas

Suarez enumeró en su mensaje de apertura del año judicial 2022 que "durante los últimos años, se ha producido una batería de reformas entre las que podemos destacar la Ley 8.869, que permitió uniformar criterios y darle oralidad a las audiencias de prisión preventiva, otorgándole mayor transparencia; la Ley 9.040, que transformó la organización de los juzgados, separando la función administrativa de la función jurisdiccional y eliminando los juzgados unipersonales que pasaron a funcionar en los Colegios de jueces; la Ley 8.896 de eficacia penal; la ley 8.885 de investigación conexa; la Ley 9.106 de implementación de juicios por jurados populares en la provincia de Mendoza, entre otras de igual valía".

Dijo que "estas leyes han modificado nuestro Código Procesal Penal y han consolidado exitosamente el sistema de enjuiciamiento acusatorio adversarial. Pero considerando que han quedado diseminadas, creo oportuno avanzar en la creación de un texto ordenado que compile estas leyes en un único cuerpo normativo que, entre los beneficios que el orden siempre produce en favor de la ciudadanía, facilite el estudio y la aplicación a estudiantes, abogados y magistrados".

Anunció que convocará a una comisión denominada Comisión de Reformas procesales penales. "Es nuestra intención -reveló- que esta comisión esté integrada por representantes de la Suprema Corte de Justicia, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, de la Federación de Colegios de Abogados y de ambas Cámaras legislativas. Será coordinada por la Subsecretaria de Justicia del Gobierno de Mendoza y tendrá por misión final realizar un informe de base con el que se elaborará un proyecto de ley que enviaré a la Legislatura tan pronto como sea posible".

Abundó señalando que "la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, incorporó la oralidad y la reducción de los tiempos procesales con extraordinarios resultados, entre los cuales se cuenta la baja sustancial de la duración de los procesos civiles, de más de 5 años a menos de 1 en promedio". "Luego de haber transcurrido 3 años, he dado instrucciones para que los actores intervinientes en el proceso puedan reunirse para hacer un diagnóstico y, en caso de que corresponda, hacer los ajustes que estimen necesarios a la normativa vigente para seguir dándole calidad", completó el gobernador mendocino.

Remarcó como cierre su convencimiento de que "no hay reformas exitosas que tengan valor social sin la anuencia de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, que son quienes le dan vida al servicio de Justicia en el trabajo cotidiano, de modo que todos los buenos resultados alcanzados les corresponden de manera primordial y, por eso, en nombre del pueblo de Mendoza quiero darles las gracias por su trabajo".

Se declaró "satisfecho" con la marcha de las reformas, pero indicó que "tenemos una agenda aún más amplia, por eso no nos conformamos con el conjunto de aciertos conseguidos hasta acá. Queda mucho por hacer", avisó a los magistrados que lo escuchaban.

En este punto, dijo: "Nos interesa consolidar la oralidad y garantizar que el servicio de Justicia sea lo más ágil, transparente y oportuno posible para que siempre llegue en igualdad de condiciones a todos, principalmente a los sectores de mayor vulnerabilidad".