"Harta del zafaronismo": la vice Casado contra el juez Sarmiento
Frenó el retiro de celulares en cárceles. Esta medida judicial vuelve a poner en el centro de la discusión el cumplimiento de los derechos básicos de las personas privadas de libertad y la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones dignas dentro de los establecimientos penitenciarios.
La vicegobernadora Hebe Casado puso el grito en el cielo luego de que el juez Sebastián Sarmiento frenara la quita de teléfonos celulares de las cárceles de Mendoza. "Este juez considera que los delincuentes tienen más derechos que quienes cumplimos con la ley. Harta del zafaronismo", posteó la vice de Alfredo Cornejo.
Sarmiento resolvió un habeas corpus presentado en Boulogne Sur Mer y San Felipe, debido a que no se garantizó el acceso a un teléfono cada 200 internos.
El pronunciamiento declara el "incumplimiento material" de una orden previa, dictada el 13 de marzo, en la que el mismo magistrado había intimado al Servicio Penitenciario a garantizar el uso de dispositivos tecnológicos para las personas privadas de libertad.
Según esa resolución, debía cumplirse con una proporción mínima de un equipo o cabina especialmente dedicada por cada 200 internos, con condiciones técnicas adecuadas para "garantizar privacidad, accesibilidad y funcionalidad".
Otra de las observaciones del magistrado apuntó a las deficiencias en los equipos disponibles. Según lo señalado, "tampoco se verifica que los dispositivos disponibles reúnan las condiciones técnicas mínimas exigidas en cuanto a privacidad, funcionalidad, accesibilidad y disponibilidad". De este modo, se cuestionó que no se estuvieran proporcionando cabinas o dispositivos especialmente dedicados para cada 200 internos, como exige la normativa vigente.
Asimismo, el fallo estableció un plazo de 20 días hábiles para que el SP presente un informe actualizado con información detallada sobre la cantidad, ubicación y funcionamiento de los equipos habilitados para las comunicaciones. En un paso adicional, el juez convocó a una audiencia de seguimiento para el próximo 21 de mayo en el Polo Judicial. A esta instancia deberán asistir el director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, representantes de derechos humanos y defensores oficiales.
El fallo también fue remitido al Ministerio de Seguridad, que presentó una apelación contra la resolución. Según trascendió, el próximo lunes, el juez Sarmiento definirá si le da curso al trámite de apelación. Además, el expediente fue elevado a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, como parte del control administrativo instaurado durante la pandemia de coronavirus.
Esta medida judicial vuelve a poner en el centro de la discusión el cumplimiento de los derechos básicos de las personas privadas de libertad y la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones dignas dentro de los establecimientos penitenciarios.
