Día de la Madre: su rol, inapreciado aun por las políticas públicas

Un reporte del CIPPEC sobre el tratamiento del Estado hacia las madres en los últimos 30 años, que revela los asuntos pendientes que tiene la política con ellas. Propicio para contextualizar, a fondo, el próximo Día de la Madre.

En los últimos 30 años, la estructura de los hogares argentinos y sus necesidades de cuidado se transformaron. En 1986, casi una de cada dos familias estaba conformada por madre, padre e hijos/as; en 2018, la proporción de estas "familias nucleares" cayó a menos del 35% del total. Esta realidad encuentra su correlato en el avance de la transición demográfica en la Argentina: en la década de 1980, siete de cada diez de familias tenían hijos; hoy, esa proporción decreció a seis de cada diez.

En paralelo, la proporción de hogares con un solo proveedor varón disminuyó significativamente, de 65% en 1986 a 35% en 2018, a la par que aumentó la participación de los hogares con dos proveedores (de 29% a 40%). La transición demográfica fue acompañada por el proceso de incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo remunerado, pero no así de una redistribución de las tareas de cuidado al interior de los hogares, que continúan feminizadas.

Estos cambios ocurrieron en consonancia con un aumento en la proporción de hogares con una sola persona adulta. Los hogares unipersonales representaban el 9% en 1986 y hoy ascienden a uno de cada cinco. En la mayoría de los casos, se trata de personas mayores que viven solas y pertenecen a los quintiles de ingresos más altos. Además, las familias con un solo padre o madre e hijos/as se incrementaron de 12% a 19%. En este caso, se trata mayoritariamente de mujeres que crían solas, lo que las enfrenta aún más a una doble carga laboral: el cuidado y el trabajo fuera del hogar.

Estas transformaciones de las familias esconden disparidades por nivel socioeconómico. Los hogares de menores ingresos mantuvieron relativamente constantes sus patrones reproductivos: en 1986, el 86% de las familias (monoparentales, nucleares y extendidas) tenían hijos; en 2018, el 87%. No obstante, en ese período, la proporción de hogares nucleares con hijos cayó en 15 puntos porcentuales (de 60% a 45%), mientras que se duplicó la proporción de hogares con un solo adulto a cargo (de 14% a 31%) -en su mayoría, con mujeres como jefas de hogar.

En cambio, en el grupo de mayores ingresos, cayó fuertemente la proporción de hogares con niños: de 58% en 1986, a 36% en 2018. La familia nuclear tradicional con hijos/as pasó de representar el 40% de los hogares (1986) al 26% (2018) y casi se duplicó el porcentaje de hogares de una sola persona o de parejas sin hijos (de 32% a 60%).

Estas tendencias ilustran fuertes contrastes en las pautas reproductivas y en las composiciones familiares de la sociedad argentina. Por un lado, en las últimas décadas, aumentó el porcentaje de familias con un solo adulto, generalmente mujer, en tanto que los hogares conformados por mamá, papá e hijos cada vez son más excepcionales. Por otro lado, la edad de tenencia del primer hijo, la cantidad de hijos y el plazo entre nacimientos difieren en los distintos segmentos socioeconómicos (Marchionni, Gasparini y Edo, 2019) e incluso registran una tendencia divergente, dado que los hogares más ricos son más propensos a postergar la tenencia de hijos o incluso a no tenerlos.

Esta situación plantea una serie de desafíos. En primer lugar, el aumento de los hogares con un adulto a cargo, frente al tradicional esquema familiar nuclear, evidencia los obstáculos que encuentran las familias para conciliar sus necesidades de cuidado, ya sea de niños/as como de otras poblaciones dependientes. Esta problemática se agudiza en los entornos más vulnerables, que cuentan con menos recursos para afrontar el cuidado. El crecimiento de los hogares con dos proveedores también resalta esta situación, sobre todo en relación con el cuidado de la niñez, ya que las políticas públicas actuales fueron diseñadas desde un esquema familiar con un proveedor (usualmente, el varón) y un cuidador (generalmente, la mujer).

En segundo lugar, por la etapa de la transición demográfica en la que se encuentra el país. La Argentina cuenta en la actualidad con una ventana de oportunidad demográfica al poseer una mayor proporción de población en edad de generar ingresos que en edades dependientes (niños/as y personas mayores). Sin embargo, esta ventana desaparecerá en los próximos 20 años, consecuencia de una caída de la fecundidad y un aumento de la longevidad, y el país deberá enfrentar las consecuencias de una sociedad envejecida. El contexto en el que se encuentre el país para atravesar esta nueva etapa (que implicará mayores cargas previsionales en un contexto de menor participación laboral) dependerá de cómo actúe el Estado para lograr aprovechar esta ventana de oportunidad. Para ello, los esfuerzos deberían estar orientados a alcanzar tasas de fecundidad convergentes entre niveles socioeconómicos en torno al nivel de reemplazo, fomentar la participación laboral de las mujeres y reducir la pobreza infantil (Filgueira, 2011; Filgueira, 2015). Las políticas de cuidado, en particular, tienen un enorme potencial para contribuir a los tres objetivos.

Políticas: tiempo, dinero y servicios para cuidar

Las políticas públicas continúan respondiendo al esquema tradicional familiar, que se aleja cada vez más de las realidades de las familias argentinas. El crecimiento de los hogares monoparentales y de los hogares con dos proveedores resalta la necesidad de crear esquemas de políticas de cuidado que promuevan un sistema de corresponsabilidad social y que fomenten una distribución más equitativa entre mujeres y varones del trabajo vinculado a la crianza, el cuidado y a las tareas domésticas. El Estado debe tener un rol activo en garantizar el derecho de todas las personas a cuidar y ser cuidadas. Esta necesidad se vuelve aún más acuciante en los hogares de menor nivel socioeconómico, que cuentan con menos recursos para afrontar el cuidado.

Urge ampliar la cobertura de espacios de crianza, enseñanza y cuidado de calidad dirigidos a la infancia. También es necesario modificar el régimen de licencias por nacimiento o adopción para que sea universal, promueva la coparentalidad y sea adaptable a los distintos tipos de conformaciones familiares. Además, hay que universalizar y fortalecer las transferencias monetarias a hogares con niñas, niños y adolescentes.

También resulta central avanzar en un mayor reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado (por ejemplo, incluyendo los años de crianza en los cálculos de jubilaciones o también incorporando el trabajo no remunerado en las estimaciones de PBI) y en una mejor representación de las personas que ejercen el cuidado profesionalmente (fortaleciendo los sindicatos).

Estas medidas, además de contribuir a una mayor equidad entre mujeres y varones y a una distribución más justa de las tareas de cuidado, tienen el potencial de reducir la pobreza -especialmente, su infantilización- y la desigualdad, y de contribuir muy concretamente a la reactivación de la economía.

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