Los seis errores de Fernández en su intervención para rescatar a Kicillof

El día después de la intervención del Presidente, el Gobierno tiene más problemas a solucionar que soluciones en la mano. Rompió con la oposición, se desprendió de su principal aliado, le dio entidad a una insurgencia ilegal y lo categorizó como un problema nacional, a pesar de ser algo que debería solucionar el gobierno bonaerense. No renunció nadie. Y los policías no depusieron su actitud.

La reacción del gobierno nacional ante el la insurrección de la Policía Bonaerense tuvo dos actos: uno que sucedió el viernes de la semana pasada y otro ayer. El primero, quedó casi en el olvido: se presentó un plan de seguridad para el Conurbano. El segundo, cuando el presidente Alberto Fernández decidió rescatar al gobernador Axel Kicillof, que no supo, pudo o quiso resolver un conflicto que le pertenece.

El tercer acto es culpar a los otros de los propios desaguisados. En muchos casos, el espíritu del espacio gobernante es victimizarse cuando no tiene respuesta a los problemas, pero en algunos de ellos, esa actitud los vuelve débiles, un efecto contrario al necesario, pero que les permite una excusa rápida ante la carencia de un rumbo claro.

Algunos desaciertos de esta crisis policial son:

1- Buenosairescéntricos. El presidente de la Nación se consolida como un "presidente de Buenos Aires": su intervención en la ilegal revuelta policial bonaerense fue apresurada, eximió al gobernador provincial de una tarea que le corresponde y lo rescató del pantano en el que estaba (y sigue estando, porque la Policía no tomó su intervención como un bálsamo, sino que continúa en su actitud desafiante a la ley). ¿Intervendrá el Presidente si esto sucediera en otras provincias, si no le rodean la Residencia Presidencial? Cuando hubo un conflicto similar en 1998 en Mendoza, el gobernador Arturo Lafalla lejos de romper con la oposición, la convocó y se generó una política de Estado en la materia.

2- Plan Robin Hood. Para conseguirle recursos a Kicillof, el Presidente se los quita a la Ciudad de Buenos Aires. Aquí hay dos desaciertos: Fernández rompe con un aliado, como es el gobierno metropolitano de Horacio Rodríguez Larreta, a quien el ministro del Interior, Eduardo de Pedro le avisó cinco minutos antes que el Gobierno le iba a quitar el 1 por ciento de su coparticipación, mientras toda la militancia acompaña la decisión de empobrecer a uno para inyectarle recursos a otro repitiendo palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner en torno a la "opulencia" de la capital argentina, igualando para abajo y ropiendo uno de los pocos vínculos entre Gobierno y oposición.

3- Desproporciones. La movilización policial es ilegal, más allá de que sus reclamos resulten reales. Al invitarlos a negociar, el Presidente le dio entidad. Hay una ruptura de la cadena de mandos en territorio bonaerense que termina siendo avalada nada menos que por el primer mandatario de la república, dejando en off side a toda la línea política y policial bonaerense. Los reclamantes fueron repudiados primero, por su insólita e inaceptable decisión de rodear la Residencia Presidencial de Olivos armados. Mientras se le pedía a la militancia, gobernadores y oposición que repudiaran el hecho, se les otorgaba a los insurrectos una entidad gremial que no tienen y se elevaba el rango del conflicto, a la vez que los voceros del oficialismo se empezaban a quejar por todos lados

4- La culpa es del otro. En el mismo país y en la misma semana en que el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se exhibe en spots publicitarios extemporáneos, que nadie explica ni frena, ensalsando su propia figura personal como coordinador de las milicias, su rol de responsable de la disciplina y funcionamiento de la fuerza policial queda desdibujado, pero no se le pide la renuncia. Los equilibrios que el Gobierno parece buscar van hacia adentro del frente gobernante, y no con la mirada puesta en la paz social y en la ciudadanía. Gana la cohesión interna como objetivo, a pesar de la constante disputa entre Berni y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, frente al servicio público.

5- Autodebilitados. Culpar a una revuelta policial, grave e irregular, a la que le da una entidad nacional cuando es un problema de una provincia, de querer dar un "golpe de Estado", como lo señalaron varios voceros del Gobierno, entre ellos el diputado Eduardo Valdés, anoche, en C5N, es grave, pero además debilita la figura presidencial en lugar de victimizarla. Episodios de este tipo ha habido en todo el país, inclusive en Mendoza, y la solución ha sido la gestión, el acuerdo con la oposición, la generación de recursos propios y la toma del mando en lugar de delegarlo en otros o hacerse el distraído. No es un intento de golpe de Estado, es un problema que debe ser solucionado. Valdés, uno de los amigos más estrechos del Presidente, llegó a culpar genéricamente a todo el que no es parte de su Gobierno de esta presunta intentona golpista, en un acto que solo consigue aislar a la fuerza gobernante en lugar de fortalecerla. "Ya nos imaginábamos que algo había detrás de la renuncia de Chiche González a la Mesa contra el Hambre", llegó a decir el locuaz referente del partido gobernante en TV, en una acusación directa de golpismo contra la familia Duhalde.

6- Efectos no deseados. La aparición de figuras del pasado, de polémica y hasta contradictoria incidencia en las políticas de seguridad, como la de Juan Carlos Blumberg, es otro de los resultados de los desaguisados del Gobierno, que termina llevando una discusión al extremo: culpar a la oposición de tener más fuerza que quien ganó las elecciones y a exfuncionarios de Seguridad, de seguir mandando dentro de las fuerzas, los coloca fuera de la centralidad de la gestión, solamente en un rol de campaña y hasta ajenos a la responsabilidad de gestionar el Estado. El día después, el Gobierno tiene más problemas a solucionar que soluciones en la mano.


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