La capitulación silenciosa (parte 2)

Río Grande y la Ley de Glaciares. La microregión del Sur ante el desafío de recuperar su soberanía hídrica.

El aprovechamiento de nuestros recursos naturales en el sur mendocino parece haber entrado en un laberinto sin salida. La reciente reforma de la Ley de Glaciares ha puesto nuevamente el foco sobre la región sur, especialmente Malargüe.

Para nosotros, no se trata solo de proteger el hielo, sino de tener reglas claras que permitan la minería sustentable y la generación de energía. Sin embargo, cada paso que Mendoza da, para destrabar proyectos como el trasvase o el Distrito Minero Malargüe Occidental, se choca con el muro legal que levanta La Pampa.

Durante años, escuchamos que el freno a Portezuelo del Viento o al trasvase del Río Grande era una simple persecución política. Pero hay una verdad incómoda que la política mendocina no ha terminado de digerir, nos faltaron los deberes técnicos. En su momento, el gobierno de Mauricio Macri le advirtió a la gestión de Alfredo Cornejo que Mendoza debía completar los estudios de impacto ambiental sobre el total de la cuenca del Colorado. Mendoza no lo hizo, o al menos, no con la profundidad que el conflicto exigía.

Hoy, esa falta de previsión nos explota en la cara bajo un nombre nuevo, el Acuerdo de Escazú; no cambiamos en la casa y parió mi abuela, decíamos en la nota anterior. Este tratado internacional, al que Argentina adhirió con fuerza de ley, no es una sugerencia; es un mandato. Escazú obliga a los Estados a garantizar el acceso a la información ambiental y, lo más crítico para nosotros, la participación pública temprana.

El entreabrir de la ventana secreta de La Pampa, es el Acuerdo de Escazú, hoy la tranca internacional que Mendoza no vio venir.

¿Qué significa esto? Que La Pampa ya no necesita permiso para opinar; tiene el derecho legal de reclamar el control de lo que hacemos en nuestras propias nacientes, exigiendo que Mendoza comparta cada dato, cada inventario de glaciares y cada estudio de impacto de forma transparente y conjunta.

El argumento de la protección ambiental se ha convertido en la herramienta perfecta para frenar cualquier intento de progreso en el sur. Malargüe aporta el recurso, pone el territorio y asume el riesgo, pero los beneficios siguen postergados por una discusión que parece no tener fin en los despachos judiciales.

Es hora de que el gobierno de Mendoza con Alfredo Cornejo a la cabeza defienda con datos y firmeza que él, desarrollo y la protección ambiental no son enemigos, sino el único camino posible para nuestro aguante regional. Al movernos solos, le servimos en bandeja el argumento del misterio.

El Acuerdo de Escazú es hoy el candado invisible que frena el desarrollo de Malargüe. Si Mendoza no cambia su estrategia, si no abre los datos y no enfrenta la discusión con estándares internacionales, seguiremos mirando cómo nuestros ríos se pierden mientras los proyectos quedan archivados en un cajón.

Ya ñp decía Don Quijote de la Mancha: No hay camino tan llano, que no tenga algún tropezón o barranco; en otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas.

El "Factor Escazú."

Ahora la discusión sobre el manejo de la cuenca del Río Colorado y el trasvase del Río Grande ya no solo se limita, a la Ley de Glaciares o a los laudos presidenciales. Con la plena vigencia del Acuerdo de Escazú, Mendoza enfrenta un nuevo paradigma, la obligación de garantizar el acceso a la información ambiental y, sobre todo, la participación pública temprana. Esto significa que cualquier proyecto sobre nuestras nacientes hídricas ahora debe pasar por un filtro, de transparencia regional que otorga a las provincias cuenca abajo, como La Pampa, una silla con voz mucho más potente en las decisiones ambientales."

¿En qué benaficia o perjudica a Mendoza?

Advirtamos los prejuicios.  El riesgo de la parálisis y el poder de veto indirecto para La Pampa, Escazú permite que cualquier persona del público u otra provincia, acceda a la justicia si considera que no fue informada o consultada adecuadamente. La Pampa, que ya judicializó la reforma de la Ley de Glaciares hace unos días tiene ahora en Escazú una herramienta para frenar obras como el trasvase del Río Grande alegando falta de participación ciudadana regional.

Judicialización internacional. Al tener jerarquía superior a las leyes locales, Escazú puede ser usado para impugnar los estudios de impacto ambiental hechos solo en Mendoza, exigiendo estudios integrales de toda la cuenca.

Veamos lo que yo entiendo como los beneficios: la oportunidfad de la legitimidad.

Segfuridad jurídica para inversiones. Si Mendoza aplica Escazú a rajatabla haciendo audiencias públicas impecables y transparentando todos los datos, de los glaciares en la zona de Malargüe, corre la cortina de la oscuridad.

Una licencia ambiental obtenida bajo estándares de Escazú es mucho más difícil de voltear en la Corte.

Defensa del uso del agua. Si Mendoza demuestra con datos abiertos, como exige el acuerdo que Portezuelo y el trasvase son ambientalmente sustentable y que protege las áreas preglaciares, Escazú obliga a que esa información sea la base de la discusión, dejando de lado los discursos puramente políticos.

Como conclusión y en el corto plazo, Mendoza parece la más perjudicada porque Escazú les da nafta a los reclamos pampeanos para frenar el desarrollo hídrico-energético del Sur provincial.

Sin embargo, el desafío es dar vuelta la tortilla: usar la transparencia de Escazú para demostrar que Mendoza hace las cosas bien y la información es pública y el proceso es abierto, La Pampa se queda sin el argumento del misterio o el daño oculto.

Continuará.