Ni olvido ni perdón: Pandemia, Alberto Fernández y la OMS

Que hayan pasado cinco años desde la pandemia de COVID-19 no puede ser motivo de impunidad para la dirigencia ni de olvido por parte de la sociedad. Tenemos la responsabilidad, tanto dirigentes como ciudadanos, de demostrar un aprendizaje después de haber vivenciado, quizás, el mayor fracaso en la gestión de la salud a nivel mundial en la historia contemporánea.

El Estado "que te cuida" -como siempre que asume el derecho de hacerlo- termina siendo la peor versión posible del paternalismo: un padre violento, que golpea, maltrata y no rinde cuentas a nadie. Nosotros exigimos explicaciones. Este "papá" Estado, que en su concepción fundacional fue liberal gracias a Alberdi, nunca más debe atreverse a levantarnos la mano en nombre del cuidado, del miedo o de cualquier otra excusa que, en el fondo, esconda una actitud autoritaria. De aquí en adelante, el Estado no puede ser nunca más un padre; debe ser siempre un humilde y respetuoso servidor.

Exigimos respuestas. ¿Por qué se violaron sistemáticamente derechos fundamentales? Se restringieron la libre circulación, la asociación, el trabajo, el comercio y la propiedad privada. Nos privaron incluso de despedirnos de nuestros seres queridos en sus últimos momentos de vida. Es necesario aclararlo: no todos fuimos responsables de esas violaciones. Solo unos pocos nos dejamos guiar por la evidencia científica confiable y evitamos el sesgo desesperado y trágico que provoca el miedo. Ninguna buena decisión puede surgir de una persona, una sociedad o un organismo internacional que se basa en el miedo.

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Durante la pandemia, siempre remarqué y exigí que la atención de otras enfermedades debía llevarse a cabo en paralelo con la del COVID-19, pero no se hizo. Esto provocó un aumento de las consecuencias de las enfermedades no transmisibles (ENT) y un incremento en la mortalidad post-COVID debido a diagnósticos tardíos de cáncer, interrupciones en los tratamientos y falta de prevención de enfermedades crónicas. También advertí -siendo provacunas- sobre el uso de vacunas que no habían cumplido con las aprobaciones básicas del método científico. Por ello, me tildaron de "Dra. Muerte" o de "antivacunas", a mí, que soy inmunóloga. Se generó un clima de época que habilitó persecuciones mediáticas con un tono inquisitorial.

Este panorama subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de salud y la atención de enfermedades crónicas en contextos pandémicos y postpandémicos. Para ello, debemos revisar las responsabilidades y las causas de la mala toma de decisiones. Un hecho de enorme gravedad, que debe ser el primer aprendizaje, es que el mayor organismo de referencia mundial en políticas de salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), basó sus recomendaciones en el miedo y el exceso de restricciones.

Sus "coordinaciones de agenda sanitaria" provocaron en el mundo alrededor de 100 millones de nuevos pobres (dos de cada tres niños en Argentina), la pérdida masiva de aprendizajes y escolarización en todos los niveles -especialmente en los más pequeños-, la profundización de la crisis de salud mental con un aumento del 25 % en los casos de ansiedad y depresión en Argentina, y una caída estrepitosa de la actividad económica mundial (10 % del PBI en Argentina). Además, avaló las políticas autoritarias de gobiernos que se beneficiaron del miedo inducido por el COVID-19.

El mejor ejemplo de lo absurdo, patético e injusto de este modelo de gestión de la pandemia fue el gobierno de Alberto Fernández. No hace falta recordar el vacunatorio VIP, las fiestas en Olivos, los escándalos en la compra de vacunas ni la violencia de género que él mismo ejerció durante el aislamiento. Todo esto fue consecuencia no solo de la conducta de un mal dirigente, sino de los privilegios clásicos de gobiernos envalentonados frente a la ciudadanía.

Ya no más. Invito a que realicemos las denuncias pertinentes como ciudadanos: al director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por haber promovido políticas de encierro obligatorio sin justificación científica suficiente, y al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por haber firmado y ejecutado un DNU inconstitucional que violó derechos fundamentales como la libertad ambulatoria, el derecho al trabajo, a la salud y a la libre circulación. Estas medidas provocaron muertes y represiones, incluyendo homicidios policiales como el de Luis Espinoza en Tucumán.

Además, debemos reforzar las vías institucionales para que, independientemente de lo que suceda a nivel mundial, Argentina tenga la autonomía necesaria para tomar decisiones distintas si algo similar a la pandemia de 2020 volviera a ocurrir. En este sentido, es fundamental la decisión del presidente Milei de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. No podemos quedar a la deriva de corrientes ideológicas globales, especialmente cuando se apartan de la evidencia científica y conducen irremediablemente a violaciones de la libertad. Esta decisión no afecta en absoluto la prestación del servicio de salud pública; al contrario, nos libera de presiones de actores que han demostrado un fracaso absoluto en la gestión.

Este escrito quizá les resulte ajeno a muchos mendocinos y no los interpele. Eso se debe a que, gracias a mi insistencia, hubo un claro contraste entre la gestión de la pandemia en la provincia de Mendoza y la implementación de políticas a nivel nacional. En nuestra provincia, las medidas sanitarias se aplicaron con base en datos, siguiendo rigurosamente la evolución de todos los sectores sin cometer abusos ni atropellos a las libertades de los ciudadanos. Un punto diferenciador con las decisiones de Alberto Fernández, que gobernaba con sus PowerPoint y la payasa Filomena.

Vicegobernadora Dra. Hebe Casado