Ante la inacción del Concejo por Burgoa, intervendrá Ética Pública para exigir una investigación
Como anticipara Memo en La Picada, el domingo pasado, el Concejo Deliberante de Guaymallén no está resguardando su integridad, sino encubriendo al concejal Miqueas Burgoa, a quien tanto el intendente Calvente como el gobernador Cornejo le reclamaron su renuncia.
El concejal radical de Guaymallén Miqueas Burgoa no renunció a pesar de la evidencia sobre su inconducta y ha avisado que no renunciará, a pesar de que opinaron en ese sentido -como solución, desenlace y también descompresión de la situación- tanto el intendente Marcos Calvente como el gobernador Alfredo Cornejo.
El Concejo Deliberante es presidido por una concejal que responde a su suegro, el exintendente Marcelino Iglesias, y aparentemente ha neutralizado cualquier posibilidad de tratamiento en comisiones o en el recinto del futuro de Burgoa, quien fue demorado por la Policía en Alvear tras la Paella Radical por conducir con un alto nivel de alcoholemia, no portar licencia de conducir física y no acreditarla en forma digital y, ademas, junto a sus otros tres compañeros de juerga en la noche alvearense, discutirle con carácter de resistencia a la autoridad a los policías.
En la última sesión del Concejo, el jueves pasado, el único edil peronista, José Pozzoli, derrumbó un pedido de disculpas que Burgoa había expresado en X/Twitter en donde señalaba que su comportamiento no se había salido de madres ante la Policía, al momento de ser interceptado. Mostró el acta que dice todo lo contrario.
En esa misma oportunidad no se trató su expulsión porque convenientemente para el encubrimiento del caso "olvidaron" incorporar el pedido en ese sentido de Pozzoli. Pero además, los concejales que responden a Cornejo y Calvente no alcanzaban con la oposición para decidir la separación del cargo de Burgoa, para lo cual se necesita el número de 8 ediles, los dos tercios del cuerpo. Los otros radicales estaban (y por lo que parece, siguen estando) a favor de meter en un cono de silencio al caso hasta que la sociedad lo olvide, y Burgoa siga en el cargo, como si nada hubiera ocurrido.
Sin embargo, la Oficina de Ética Pública de Mendoza, de acuerdo a lo que Memo pudo recopilar, podría involucrarse en las próximas horas.
Es que la autonomía del Concejo Deliberante de Guaymallén no sería suficiente para violar la normativa vigente en materia de procedimientos éticos sobre los que esa oficina tiene jurisdicción y, al menos, podría empujar a los concejales a romper con su abulia y que conformen una comisión investigadora sobre Miqueas Burgoa, cuyo proceder será seguido por diversos sectores interesados en que se transparente el accionar y no quede oculto en la complicidad de los pares.
De ser así, la estrategia de dilatar los tiempos y resistirse a renunciar y "cortar por lo sano", buscando apoyos dentro de la UCR, terminaría jugándole en contra.
