Cesantean celadores por faltas y médicos por ebriedad, abuso y acoso

El Gobierno de Mendoza avanzó con una batería de cesantías en distintas áreas del Estado, que dejaron al descubierto tanto incumplimientos reiterados de funciones como situaciones de extrema gravedad vinculadas a la conducta de los agentes públicos. Las medidas, oficializadas este jueves, alcanzan a personal no docente de la Dirección General de Escuelas (DGE) y a profesionales del sistema sanitario.

En el ámbito educativo, las resoluciones N.º 2640 y N.º 636 reflejan una política de aplicación estricta del régimen disciplinario vigente. La mayoría de los casos están vinculados a inasistencias injustificadas que, en algunos expedientes, se extendieron durante años y derivaron en la desvinculación definitiva.

Uno de los casos más significativos es el de un celador de una escuela artística de La Paz que acumuló 226 faltas sin justificar entre 2014 y 2018. A pesar de haber sido sometido a un sumario administrativo, el agente no presentó descargos, y la investigación concluyó que su conducta afectó directamente el normal funcionamiento del servicio educativo.

También se resolvió la cesantía de una celadora de una escuela identificada como "León Gieco", quien registró ausencias sostenidas durante casi dos años, además de otras faltas previas. La falta de respuesta en las instancias formales del proceso aceleró el cierre del sumario y la aplicación de la sanción máxima.

Otro expediente combinó un elevado nivel de inasistencias -475 faltas en un período reciente- con un contexto sensible: el trabajador había sido denunciado por amenazas en el ámbito escolar. La intervención incluyó áreas específicas de género y derivaciones judiciales, y concluyó con la cesantía por abandono de servicio y violación de deberes.

A estos casos se suman otras desvinculaciones por ausencias reiteradas, entre ellas una celadora con más de un centenar de faltas acumuladas y otro agente sancionado no solo por inasistencias en pocos meses, sino también por irregularidades como permitir el ingreso de personas ajenas al establecimiento, retirarse antes de horario y fallas en los sistemas de seguridad. Los argumentos defensivos presentados, como condiciones climáticas adversas, fueron descartados por no acreditarse impedimentos reales.

En paralelo, el Ministerio de Salud también avanzó con sanciones de máxima gravedad contra profesionales médicos. Dos casos resonantes motivaron la expulsión de agentes por conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Uno de los médicos, que se desempeñaba en el hospital de Malargüe, fue cesanteado- según el Decreto N.º 103 publicado en el Boletín Oficial- tras comprobarse que se presentó a trabajar con un evidente estado de ebriedad, con más de dos horas de demora, lo que le impedía cumplir con sus tareas. En ese contexto, además, protagonizó un hecho que derivó en una denuncia penal por abuso sexual simple contra una enfermera.

Si bien la defensa del profesional intentó frenar la sanción administrativa alegando que la causa judicial aún no cuenta con sentencia firme, el Ejecutivo provincial rechazó ese planteo. En el decreto se remarca que la responsabilidad administrativa es independiente del proceso penal y que las faltas comprobadas -incluido el incumplimiento de deberes profesionales- son suficientes para justificar la cesantía.

El segundo caso dentro del sistema sanitario también involucró situaciones de violencia laboral y de género. Otro médico del Hospital Central fue desvinculado - Decreto N.º 2788- tras acreditarse conductas de hostigamiento y acoso hacia una compañera de trabajo, configurando faltas gravísimas dentro del ámbito hospitalario.

En ambos sectores, las decisiones oficiales evidencian una línea de acción orientada a sancionar con firmeza tanto el incumplimiento reiterado de funciones como las conductas que vulneran derechos dentro de las instituciones públicas, en un contexto donde el Estado busca reforzar los estándares de responsabilidad y desempeño de sus agentes.