Claudio Avruj, titular del INAI: "Las comunidades que usurpan no representan al conjunto de los pueblos originarios"

Hace días, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) falló en favor de Mendoza en contra de la cesión de territorio a una "comunidad mapuche" en el sur provincial. El presidente del INAI Claudio Avruj habló con Gabriel Conte, Evangelina Argüello y Hernán Bitar en "Tenés que saberlo", por Radio Post 92.1, y se refirió al decreto, el estado del organismo y la situación del grupo Resistencia Ancestral Mapuche.

"Nosotros tenemos un criterio de trabajar de acuerdo a lo que la constitución y lo que las leyes nos exigen; y en el diálogo, el entendimiento y tener una institución fuerte, transparente de cara a los argentinos y evitar absolutamente avalar usurpaciones, buscar atajos que tengan que ver con sacar rédito político y no con la realidad de las cosas. Estas resoluciones tomadas casi entre gallos y medianoche por el gobierno saliente, porque fue prácticamente sobre el final del mandato, están incluidas en la denuncia que hizo el fiscal Stornelli y que se está investigando de la cantidad de resoluciones que se firmaron en el último tramo del gobierno anterior. Nosotros esperamos que la Argentina entre definitivamente en un camino de sensatez, de cordura, de diálogo permanente y ajustada a derecho, en este sentido es lo que hicimos nosotros, que fue lo que anunciamos y lo que me pidieron el Presidente y las autoridades para cuando entramos en la función", señaló Avruj.

El titular del instituto marcó que el organismo requiere un aggiornamento pero no está intervenido y que eso lo demuestran las resoluciones: "Son de estos días, son recientes y seguimos trabajando. Ayer estuvimos trabajando con todos los organismos internacionales para realizar el cumplimiento de la sentencia que tenemos, una sentencia muy grave que la Argentina tiene de la Corte Interamericana que afecta a 132 comunidades en Salta. Sobre los relevamientos, lo que hicimos fue terminar con el decreto que prorrogaba ad aeternum la ley 26.160. Una ley de emergencia que fue renovada, que no cumplió sus objetivos, que tenían que ver con los relevamientos de las comunidades y las tierras donde están ellas ubicadas y todos sabemos que una ley que es de emergencia prorrogada durante 15 años no tiene ningún sentido. Las comunidades tienen todo el plexo normativo para protegerse en caso de cosas que no estén bien, el Estado también tiene cómo protegerse y los privados tienen cómo protegerse, que es la justicia con todas sus leyes, y nosotros estamos trabajando en una nueva organización y una nueva forma de llevar a cabo los relevamientos".

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A su vez, Avruj marcó que "estamos llenos de casos así" y que en los gobiernos kirchneristas fue prácticamente una norma del INAI: "Lo más grave es tomar decisiones sin consultar, dándole la espalda a la provincia, que es quien tiene que responder y decir en consulta qué tierras son, quiénes son los habitantes, qué comunidades corresponden, qué comunidades no. Tenemos casos en Santiago del Estero, en Neuquén, en Río Negro, en Chaco, en Misiones. Esto se da en todo el país. Hay que entender que el universo de los pueblos originarios está compuesto por 39 etnias reconocidas por el Estado y que se conforman en 1.880 comunidades, es casi el 3% de la población total del país, es mucha gente y desplegada por todo el territorio argentino, así que hay mucho para trabajar con los gobernadores, con toda la política en todo el país, porque esto merece un ordenamiento llevado a cabo con absoluta seriedad y con absoluto compromiso con las provincias y respeto del Estado Nacional hacia las provincias".

Además, se mostró en contra de la política de usar a las comunidades indígenas para causas políticas, destacando que esto tiene "sello kirchnerista": "Todas las políticas populistas que hemos visto de utilización a los segmentos más vulnerables, y vaya si las comunidades de los pueblos indígenas son vulnerables, ocupan el segmento más bajo en la sociedad argentina, terminaron degradándolos más todavía. Esta es la fotografía de la Argentina: falta de educación, falta de acceso al trabajo, los problemas de adicciones, la inseguridad, la dependencia permanente del Estado, todo esto que conocemos y que abarcó a todo este segmento, obviamente que prostituyó, arruinó e hizo muchísimos daños a las comunidades".

A su vez, marcó que el 98% de las comunidades son pacíficas y que se encuentran abocadas a sus trabajos: "Están abocados a su trabajo, a las artesanías, a pastar su ganado, a trabajar, a mantener sus tradiciones, no están interesadas en juicios con el Estado, que venga la policía, que venga el privado y lo maltrate, que venga el Estado prepotente, llevarlos a marchas, esa no es la cultura y lo que interesan. Acá lo que se vio durante muchos años es un uso indebido del poder y de la política que llegó a enfrentar a todas las comunidades con la sociedad, y no es todo lo mismo".

Además, el presidente del INAI apuntó contra Jones Huala, marcando que no representa al conjunto de los pueblos originarios: "Las comunidades que usurpan no representan al conjunto de los pueblos originarios. Mismo Mendoza, el conjunto de comunidades no tienen que ver con estas tres que estuvieron en conflicto o estos que se autodenominaban ser los mapuches. Coincido que hubo un mal uso, una prostitución y un daño muy grande que cuesta mucho retrotraerlo".

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Sobre la medida tomada, señaló que aún no han tenido respuestas de las comunidades y que desde el INAI se denunció al titular anterior y se dio de baja el programa de Fortalecimiento Comunitario, el cual tildó como una "obscenidad": "Un programa que fue creado 20 años atrás cuando el INAI estaba en Desarrollo Social de Alicia Kirchner, que era de dar subsidios como se dieron a muchísimas organizaciones cuando empieza esa cultura, y que tenía por finalidad que reciban dinero para poder contratar abogados para poder defenderse ante distintas situaciones. Ese programa nunca cumplió su objetivo y lo que se convirtió fue en una sesión de dinero del Estado Nacional para que las comunidades contrataran abogados que terminan litigando contra el Estado. Se gastaron 1500 millones y esto fue a lo largo de todos los gobiernos kirchneristas. También hemos denunciado penalmente al ex vicepresidente del INAI durante el gobierno de Alberto Fernández porque se autoadjudicó un crédito para fortalecimiento de su comunidad, dinero que ingresó en su cuenta personal, que lo firmó él otorgándolo, que nunca se rindió y nunca hubo obras que demuestren para que eso sucediera".

Sobre estos casos, el actual titular del INAI marcó que hay varios casos y que "nunca se hacen en soledad": "Siempre hay alguien atrás que lo alienta, que lo promueve. Hoy el Estado está en otra instancia, nosotros desde INAI hemos abierto la puerta, recibimos permanentemente reclamos de privados que ven vulnerados sus derechos, cosa que antes estaba totalmente vedado, ningún privado con una demanda podía entrar al INAI, eran expulsados automáticamente. Nosotros estamos trabajando con los privados damnificados, estamos trabajando con las comunidades para poder ordenarlas, estamos trabajando con las empresas de energía y minería para orientarlas cómo debe ser el trabajo de consulta previa. Es otra manera de trabajar, de entender la política, entender la forma de relacionarnos, entender el futuro que tiene que ser con diálogo, no una lógica de conflicto, sino una lógica de encuentro".

Sobre el caso de Mendoza, Avruj marcó que un primer error fue no tener en cuenta las demandas que tenían las comunidades a las que se les entregó las tierras: "Hay constancia de la cantidad de informes que el gobierno de Mendoza le hizo al INAI y que no respondió; y esto sí merece un análisis de cuál fue el incumplimiento de los funcionarios públicos. En su momento el gobernador Cornejo denunció al presidente anterior del INAI por traición a la patria. Tenemos que ir a ese trabajo: corregir aquello que está mal y avanzar con nuevas propuestas que favorezcan a todos los argentinos".

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Finalmente, el titular del INAI señaló que colocar al grupo de Resistencia Ancestral Mapuche como grupo terrorista está vinculado a ubicarlos como un grupo al margen de la ley: "Cualquier delito, cualquier declaración, cualquier acto es inmediatamente detenido, llevado ante la justicia y separado de la sociedad. Pero fundamentalmente para que la sociedad entienda la verdad, porque yo que he vivido como secretario de Derechos Humanos cuando fue en el 2017 el famoso caso llamado Maldonado y lo que implicó en Jones Huala con toda la toma de las tierras y la violencia que se ejerció. No representaba el interés y el sentir de las comunidades, ni Mapuche ni de todo el conjunto de las comunidades de pueblos originarios. Era un grupo marginal que imponía terror a la sociedad, que le hacía daño a toda la sociedad. Eso es poder señalarlo, decirlo como corresponde: no es un líder de una comunidad, es una persona que genera terror, es un delito que está enfrentado a la sociedad y la justicia y el Estado con todo su poder tienen que ir contra ellos".