Un concejal libertario intenta frenar el uso de los U$S 1.023 millones
Martín Antolín y el abogado Enzo Orosito buscan que San Rafael obtenga el beneficio de ese dinero, por lo presentaron un recurso de reconsideración para frenar la adenda de Cornejo. De ser rechazada la medida, van a presentar una denuncia por malversación de fondos
El concejal libertario Martín Antolín, junto al abogado Enzo Orosito, ambos de San Rafael, presentaron un recurso de reconsideración, por vía administrativa, ante el Ministerio de Economía de la Nación donde denuncian el uso indebido de los fondos destinados originalmente a la construcción de Portezuelo del Viento. Por lo tanto, solicitan que se detenga la aprobación de la adenda firmada con el gobernador Alfredo Cornejo para disponer de ese dinero, ya que podría incurrir en el delito de malversación de fondos. De ser rechazado el pedido, el paso siguiente es recurrir a la Justicia.
Según la presentación, existen vicios de procedimiento, de finalidad y de objeto que vacían de legalidad la propuesta realizada por Cornejo, por lo que le piden al ministro Caputo que deje sin efecto la medida, para cumplir con el propósito original de ese dinero y no vuelva a desviarse el mismo.
Orosito expresó que " esta es una discusión entre poder central y poderes periféricos entre unitarismo y federalismo básicamente" y no tanto de "camisetas políticas", al responder sobre las contrariedad de pertenecer al mismo espacio político que apoyó en primera instancia la firma de la adenda.
Argumentó que existen varias razones para defender este fondo, "el primero es un interés legítimo de San Rafael ya que fue el departamento que padeció los mayores perjuicios, casi exclusivos, derivados de la promoción industrial porque de una participación de casi el 50% en el producto bruto provincial pasó- luego de la promoción- a un 15% y recién ahora está en un 20% de la participación en una riqueza de la provincia"
El segundo, un argumento, "lo denominamos de contractualismo. Ha habido sobre este tema entre Nación y Provincia con distintas gestiones cuatro acuerdos: el primero fue el acuerdo presentado en el juicio que Mendoza le inició la Nación en 2006, que luego se homologó por la Corte en el 2009, con un acuerdo judicial y se dijo se va a hacer Portezuelo y hasta el fin de la obra, la Nación va a poner tanto dinero, etc, luego en el 2016 hubo un convenio marco de colaboración donde todavía la Nación no había puesto el dinero y ahí se ratificó la decisión de hacer Portezuelo; tres años más tarde, en 2019 se prevé una partida presupuestaria en la Ley 27 467 de la cual nace después la posibilidad de los 1.023 millones de dólares. Entonces se hace el tercer acuerdo entre Nación y Provincia y allí es donde empieza a plantearse que además de Portezuelo puede ser el dinero destinado a otras obras hídricas provinciales pero se vuelve a mencionar a Portezuelo, y ahora en el último que Cornejo anunció que celebró con Caputo si bien se habla de obras de infraestructura hídrica, se vuelve a mencionar Portezuelo. ¿ Qué significa esto que durante casi 20 y en los cuatro acuerdos de peso, el sur mendocino ha estado presente" detalló el letrado.
El tercer argumento señala la legalidad de la adenda, ya que según interpreta Orosito, el destino de los fondos fue aprobado primariamente por el Congreso de la Nación, por lo que un cambio de objetivo, debería también ser discutido en ese mismo ámbito,"ya que el Congreso los autorizó para una obra interprovincial nacional, es decir, Portezuelo es una obra que excede a Mendoza, porque implica a los ríos de La Pampa, Río Negro, ect, es decir, que el cuarto acuerdo firmado por Cornejo donde lo extiende a otras obras provinciales jamás ha tenido respaldo presupuestario nacional. Entonces está indicando como de libre disposición por Mendoza dinero que el Congreso no ha dado en propiedad Mendoza sino que lo dio para afectar a una obra interprovincial como fue Portezuelo, ya que la idea fue, hagan la obra, y luego se cobran con las regalías que surjan de la generación eléctrica, pero nunca le dio el dinero como de libre disponibilidad".
Y por último, el reconocimiento de la toma de riesgo, porque el reclamo inició con varios amparos desde el sur mendocino, que luego llegó a conformar la presentación provincial.
En adelante, el ministerio de Economía tendrá alrededor de 60 días para responder el recurso de reconsideración del acuerdo con Mendoza, además, se hace reserva de una medida penal por entender que el desvió de fondos sin la aprobación del Congreso constituirá varios delitos.