Doce empresas compiten por operar servicios en el Aconcagua

El Gobierno de Mendoza avanzó en el proceso para redefinir la prestación de servicios en el Parque Provincial Aconcagua con la apertura de sobres de una licitación pública que reunió a doce oferentes. La iniciativa apunta a ordenar la actividad en la montaña y elevar los estándares de calidad, seguridad y cuidado ambiental.

El acto fue encabezado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien destacó que se trata de un paso clave dentro de un proceso más amplio. "Es el resultado de un trabajo sostenido de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y del cuerpo de guardaparques, orientado a desarrollar un proceso que contemple la complejidad del parque", afirmó.

Las propuestas presentadas corresponden a empresas vinculadas a logística, expediciones, servicios de montaña y transporte, que ahora serán evaluadas en sus aspectos técnicos, económicos y legales por una comisión específica. Según explicó Latorre, la expectativa es avanzar con la adjudicación en el corto plazo para llegar a la próxima temporada con mayor previsibilidad.

Uno de los objetivos centrales de la licitación es regularizar la situación de prestadores que operan desde hace décadas bajo permisos precarios. "El objetivo central es brindar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a los prestadores de servicios, muchos de los cuales trabajan en el parque desde hace entre 30 y 40 años, pero bajo permisos precarios o autorizaciones provisorias", señaló la ministra.

El nuevo esquema contempla concesiones a 20 años e incluye servicios vinculados al ascenso y trekking, como alojamiento, gastronomía, sanitarios, comunicaciones, logística de cargas y guías habilitados. Todas las propuestas deberán cumplir con criterios de sustentabilidad y presentar planes integrales que contemplen gestión de residuos, uso eficiente del agua y energías renovables.

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El proceso se apoya en una planificación previa que incluyó la zonificación del parque, la definición de su capacidad de carga y la delimitación de áreas habilitadas y zonas intangibles. La intención es compatibilizar el desarrollo de actividades turísticas con la preservación del entorno natural.

Además, se estableció un esquema de control permanente, con auditorías, fiscalización y un sistema de sanciones que puede ir desde multas hasta la rescisión de contratos en caso de incumplimientos. Las concesiones también estarán respaldadas por garantías que permitirán al Estado actuar ante eventuales faltas.