La Casa Rosada negocia un nuevo pacto fiscal con las provincias

El Gobierno nacional comenzó a avanzar en negociaciones con las provincias para impulsar un nuevo acuerdo fiscal orientado a reducir impuestos provinciales y municipales, en línea con la estrategia oficial de alivio tributario y equilibrio fiscal.

La iniciativa cuenta con respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último informe sobre la Argentina planteó la necesidad de avanzar en una reforma tributaria integral y coordinada con los gobernadores.

En la Casa Rosada sostienen que la reducción de impuestos nacionales, como las retenciones al agro y parte de los tributos aplicados a la industria, debe ser acompañada por una baja de Ingresos Brutos y de tasas municipales, que hoy representan una fuerte carga para la actividad productiva.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, en varios sectores industriales los tributos provinciales y municipales ya tienen un peso superior al de los derechos de exportación.

La discusión tomó fuerza luego de que el Gobierno anunciara un cronograma de reducción de retenciones para productos agroindustriales e industriales. En el caso del agro, el costo fiscal pleno se sentirá recién en 2028, cuando entren en vigencia las rebajas para la cosecha fina y gruesa. Las estimaciones oficiales calculan que el impacto superará los USD 1.000 millones solamente para el sector agropecuario, mientras que el efecto fiscal sobre los bienes industriales será considerablemente menor.

Con ese escenario, el oficialismo busca institucionalizar un esquema de coordinación fiscal con las provincias, similar a los consensos fiscales impulsados durante la gestión de Mauricio Macri. Uno de los principales interlocutores en las conversaciones es el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien tuvo un rol clave en los acuerdos fiscales firmados durante el macrismo.

El FMI acompañó públicamente este planteo y señaló que la Argentina trabaja en un programa de reducción gradual de impuestos considerados distorsivos para el comercio y las transacciones económicas, combinado con una simplificación del sistema tributario y una ampliación de la base impositiva.

El organismo indicó además que las reformas deberían implementarse de manera progresiva y coordinada con las provincias, dado que podrían incrementar la participación de recursos coparticipables para los gobiernos provinciales.

En el Ejecutivo consideran que la baja de retenciones podría compensarse parcialmente con un incremento de la recaudación del impuesto a las Ganancias, debido a una mayor producción y actividad económica. A diferencia de las retenciones, Ganancias forma parte de la masa coparticipable que se distribuye entre Nación y provincias.

El Gobierno también ratificó ante el FMI el compromiso de "crear incentivos para que las provincias fortalezcan sus propias finanzas" y mejorar la coordinación fiscal con los gobernadores para sostener el objetivo de déficit cero en todos los niveles del Estado.

Otro de los puntos que sigue de cerca la Nación es el endeudamiento provincial en moneda extranjera. En los últimos meses, provincias como Santa Fe y Córdoba colocaron deuda en los mercados internacionales, una estrategia que generó preocupación en el equipo económico nacional respecto de la capacidad futura de repago en dólares.

En paralelo, el FMI sumó otro reclamo estructural: avanzar en la armonización de los sistemas jubilatorios provinciales. El organismo advirtió que actualmente existen más de 200 regímenes previsionales con diferentes criterios y beneficios, situación que genera desequilibrios y complejidad administrativa.

Según el Fondo, una convergencia gradual de las cajas provinciales hacia el sistema nacional podría reducir desigualdades y fortalecer la sostenibilidad fiscal.