Escuelas: la DGE irá contra los padres por amenazas y falsos avisos
El organismo responsabilizó a las familias por el control de los alumnos y advirtió que reclamará los costos de los operativos ante hechos que alteren el normal funcionamiento escolar.
La Dirección General de Escuelas (DGE) endureció su postura frente a las amenazas registradas en establecimientos educativos y anunció que avanzará con acciones legales contra los padres de los alumnos involucrados. La medida fue formalizada a través de una circular oficial, en la que se remarca la responsabilidad de las familias sobre la conducta de los menores y los objetos que ingresan a las instituciones.
En el documento, el organismo subraya el "deber de garantía" que recae sobre los adultos a cargo, señalando que se presume un control previo para evitar que los estudiantes porten elementos ajenos al ámbito educativo que puedan poner en riesgo a terceros o a sí mismos.
La DGE advirtió que cualquier incumplimiento en ese control podría derivar en consecuencias legales y económicas. En particular, informó que iniciará reclamos para que los responsables afronten los costos generados por operativos vinculados a situaciones de intimidación pública, falsas alarmas o hechos que alteren el normal desarrollo de las clases.
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Desde el organismo explicaron que este tipo de episodios implica un importante despliegue de recursos estatales, por lo que buscarán trasladar ese gasto a los adultos responsables. Además, recordaron que estas conductas están contempladas en el Código Penal bajo la figura de intimidación pública, y también pueden ser sancionadas por el Código Contravencional.
La circular también establece que los padres podrán ser convocados de manera obligatoria por las autoridades escolares. En caso de no presentarse ni justificar su ausencia, podrían enfrentar denuncias por negligencia. A su vez, se remarca la obligación de las instituciones de brindar información y atender consultas de las familias.
Así empieza la circular enviada a los padres
Finalmente, la DGE destacó que la protección de docentes, directivos y personal escolar es una prioridad, y advirtió que avanzará por la vía judicial ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o emocional dentro de las escuelas.
