El politólogo español Roger Senserrich, residente en EEUU, y otro de sus muy documentados artículos sobre el país del norte, publicado por el recomendado sitio Politikon.es.
La constitución de los Estados Unidos, en su forma inicial (esto es, texto original y las diez enmiendas del bill of rights) contiene una omisión importante: no reconoce explícitamente el derecho a voto. La única mención es casi de pasada, estableciendo el requisito que si las leyes estatales permitían a alguien participar en las elecciones legislativas a la cámara baja de su estado, ese derecho se extendía a poder votar en las elecciones federales a la cámara de representantes. Los estados tenían plena autoridad para decidir quién tenía a derecho a voto y cómo regulaban sus comicios; la constitución se limitaba a definir cuánta representación cada territorio enviaba a Washington y al colegio electoral, pero nada más.
Como os podéis imaginar, detrás de esta indefinición estaba el pecado original del sistema político americano, la esclavitud y el racismo. Los estados sureños no querían correr el riesgo de que el congreso se entrometiera con sus prácticas de excluir a la población de color del sistema político, así que la constitución dejó al gobierno federal sin apenas poderes en materia electoral.
"Section 1. The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.
Section 2. The Congress shall have power to enforce this article by appropriate legislation."
La primera sección establece que el derecho a voto no puede limitarse o denegarse por motivos de raza, color, o por haber sido esclavo. La sección dos otorga poderes al congreso para poder legislar sobre esta materia. Lo que no prohíbe, sin embargo, es que los estados puedan limitar o denegar el derecho a voto por otros motivos que no sean raza, color de piel, o haber sido esclavo.
Para un legislador sureño creativo, esto era un agujero del tamaño de un portaaviones para hacerle la vida imposible a la gente que no le gustaba. Y el supremo de los Estados Unidos, en una de sus sentencias judiciales más desafortunadas, les dio la razón.
Uno no puede prohibir el derecho a voto de los negros, claro. Pero si la ley dice que sólo pueden votar aquellos que pagan una cuota, o para votar es necesario pasar un complicado examen de conocimientos cívicos, adelante, el supremo está de tu lado. Los estados del sur inmediatamente aprobaron legislación como esta, añadiéndoles además grandfather clauses (literalmente, "cláusulas de abuelo"): si tu abuelo había tenido el derecho a voto en el pasado, pagar tasas o pagar impuestos no era un requisito necesario para poder votar.
Un poco de violencia para-estatal por un lado, legisladores sureños en Washington debilitando las leyes sobre voto por el otro, y a finales del siglo XIX una gran parte de los Estados Unidos había dejado de ser una democracia. En el sur, la estructura legislativa para eliminar el voto negro era la clave de vuelta de las Jim Crow laws, la legislación racista de opresión racial que definía la política de la región.
No fue hasta que Lyndon Johnson firmó la Voting Rights Act en 1965, que el gobierno federal volvió a imponer a los estados del sur el derecho a voto.
Fijaros, sin embargo, en que la palabra más importante del anterior párrafo no es "derecho" (rights) sino "ley" (act). El derecho a voto a nivel federal sigue sin estar protegido constitucionalmente; sólo lo protege una ley. Eso quiere decir que el congreso de los Estados Unidos puede eliminar o limitar el derecho a voto si así lo desea, y de forma más significativa, los tribunales federales y el tribunal supremo pueden dictar una sentencia que derogue total o parcialmente la Voting Rights Act.
La Voting Rights Act incluía un mecanismo llamado preclearance o control previo que establecía que aquellas jurisdicciones con un amplio historial de discriminación en sus leyes electorales debían enviar cualquier reforma aprobaba al departamento de justicia antes de que entraran en vigor. Si el gobierno federal era de la opinión que eran discriminatorias, la ley era enviada directamente a los tribunales y no entraba en vigor hasta que un juez decidiera sobre el caso. El supremo, al eliminar estas cláusulas, dio como motivo para esta decisión que desde 1965 ya habían pasado bastantes añitos, y que discriminaban a los estados del sur.
Dos minutos después de que se promulgara la sentencia ya teníamos un montón de legisladores sureños intentando encontrar formas creativas para dejar a gente sin derecho a voto, con especial atención a aquellos que votaban mal. Curiosamente eran gente de color, porque hay gente en el sur que no cambiará nunca.
Estados Unidos es la única democracia avanzada que conozco donde sigue existiendo un debate intenso sobre quién tiene el derecho a votar. La idea básica es que todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a voto, sin exclusiones por raza o género, pero la cosa se complica rápidamente.
Multitud de estados retiran el derecho a voto a cualquier persona que haya cumplido condena por un delito. En casi ningún sitio puede votar la población reclusa. Muchos lugares establecen requisitos estrictos de documentación necesaria para registrarse para votar (la inscripción en el censo electoral no es automática) y al acudir a las urnas, así como requisitos para seguir en el censo. Hay toda clase restricciones y variaciones sobre colegios electorales, voto por correo y demás.
En todos estos debates, el partido republicano siempre está del lado de reformas que "protejan la integridad del sistema electoral" (creando requisitos más duros) y "penalicen a los criminales" (negándoles el derecho a voto). Los demócratas siempre van en dirección contraria. No hace falta ser un genio para saber qué partido recibe hoy más votos en el sur, y qué partido tienen votantes predominantemente blancos.
Pero sobre las batallas actuales sobre quién vota y quién no, legislación creativa para representar votantes del lado contrario, voto por correo y presidentes hablando sobre potenciales fraudes electorales hablamos otro día. La semana que viene, más.
Bolas extra:
- ¿Saben quién está muy contento con esto de la pandemia? Las compañías de seguros en Estados Unidos. Con tanta muerte y desolación la gente ha dejado a ir al médico cuando le duele el pie o quiere una prótesis de cadera, así que están batiendo récords de beneficios.
- Una de mis provisiones favoritas de Obamacare, por cierto, es que, si las aseguradoras tienen beneficios por encima de un determinado baremo, no pueden quedárselos, sino que van a tener que devolver parte del dinero a sus clientes. Como he dicho alguna vez, el gran malvado detrás de los alocados costes de la sanidad en este país son los hospitales, no las aseguradoras.
- La comparecencia de los líderes de Apple, Amazon, Facebook y Microsoft tuvo sus momentos, pero dejó clara que los demócratas, tras años de aplaudir a todo lo que viene de Silicon Valley, están empezando a preocuparse de veras sobre temas de competencia. Veremos si una futura administración Biden toma cartas en el asunto.
