Por qué para definir el futuro de los glaciares se aplica la "democracia deliberativa"

• El "beneficio de la duda", ese parece ser el efecto que se ha generado alrededor del tratamiento de la reforma de la ley de Glaciares que ya fue aprobada en el Senado de la Nación y ahora se encuentra en observación de la Cámara de Diputados.

• Allí es donde se detectaron las debilidades políticas para el gobierno central de Javier Gerardo Milei y de los gobernadores de las provincias andinas que tienen proyectos mineros de alto impacto económico y que pugnan por intervenir en la definición de las zonas con recursos hídricos congelados en la alta montaña dentro de sus territorios para permitir exploración y explotación de minerales estratégicos como litio y cobre que yacen supuestamente en el subsuelo helado.

• Consecuentemente, esta normativa establece la exigencia de disminuir la influencia del Ianigla, el organismo científico nacional responsable de la elaboración del mapa de glaciares y de la definición de las zonas periglaciares que poseen potencial minero. Las provincias invocan el poder que les confiere la misma Constitución Nacional de ser dueñas de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios.

• Los mandatarios distritales que impulsan la reforma llegan al extremo de "dividir aguas" para tensar el clima y tener que elegir entre proteger el ambiente de los hielos cordilleranos o incrementar la pobreza de la población en sus jurisdicciones.

• Por ejemplo, al gobernador catamarqueño Raúl Jalil se le atribuye esta cita repetida en distintos informes de publicaciones mineras: "No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza". Precisamente, son Jalil y su par sanjuanino Marcelo Orrego los gobernadores que presionan para que la reforma se apruebe rápido para no parar los procesos de inversión.

• El punto político en cuestión es que esos mismos informes sectoriales señalan que se llegó a este impasse parlamentario por la resistencia que plantearon los bloques parlamentarios como la Coalición Cívica y Unión por la Patria. Pero sobre todo porque si la reforma sale del Congreso como lo aprobó el Senado, entonces quedará expuesta a ser cuestionada constitucionalmente y la seguridad jurídica del país, desde el punto de vista minero, se vería debilitada.

• • Ver: ¿Qué regula una ley Anti-Slapp?

  • "Hoy por hoy no están los votos para aprobarla; en el mundo libertario ven complicado que se apruebe la reforma, por eso postergaron la sesión y llamaron a audiencia pública y, por la cantidad de inscriptos, suponen que la resistencia aumentará", comentó un conspicuo informante político al Memo en las últimas horas.

  • El cuestionamiento que instala la duda razonable es el artículo 41 de la misma Carta Magna que proclama lo siguiente:

  • Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

  • Este panorama se contrasta con las proyecciones empresariales sobre las chances legislativas, puntualizan que el oficialismo tendría los 130 votos para imponer el proyecto oficialista después de Semana Santa en abril y una vez cumplida la audiencia pública programada para el 25 y 26 de este mes (miércoles y jueves de la semana próxima). Ya se registraron 60 mil expositores que harán sus ponencias con modalidad híbrida, es decir, de manera presencial y virtual.

• Una nueva forma de participar en las audiencias públicas
  
  Formá parte del debate sobre la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
  
  Para participar, suscribite al canal oficial de YouTube de la Cámara de... pic.twitter.com/spgIi7Tuiu

  — Diputados Argentina (@DiputadosAR) March 16, 2026

De todos modos hay algunas inseguridades privadas que se van deshielando con el correr de los días. El sector minero desliza a través de sus voceros que la norma entró en una etapa de democracia deliberativa (la audiencia pública) y que, aunque retrasa los plazos del gobierno (de algún modo fijado por los privados), este proceso le daría solidez legal y social para enfrentar cualquier recurrencia judicial.

Movimiento de placas en Mendoza

Hubo confluencia opositora ayer martes 17 en la Legislatura para poner en la mesa pública el apoyo a la resistencia al cambio de la ley de Glaciares, pero además, lo novedoso fue el proyecto de ley (y de ordenanzas municipales) que busca desarticular lo que llaman el "silenciamiento del debate público" a través del mal uso de las herramientas judiciales, como viene siendo denunciado por los grupos ambientalistas que reclaman en defensa de los recursos naturales.

Es recomendable la nota de opinión de la concejala godoycruceña de Libres de Sur Silvina Anfuso, quien está por cumplir su mandato y tuvo participación en el gobierno provincial mientras su partido formó parte de la alianza oficialista Cambia Mendoza.

Anfuso delimita el alcance de la sigla SLAPP y su connotación nociva hacia las prácticas democráticas. Son "las llamadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, conocidas como SLAPP por sus siglas en inglés; no persiguen justicia en sentido estricto, sino que buscan desgastar, silenciar y disciplinar a quienes se expresan sobre asuntos de interés público".

Es lo que manifestaron quienes presentaron un paquete de proyectos para tratar en recintos parlamentarios; en ese contexto llevaron la voz cantante la senadora de raíz peronista Flavia Manoni y el diputado verde Emanual Fugazzotto.

En ese escenario hubo otros referentes legislativos como el senador Félix González y el diputado Jorge Difonso, completaron el cuadro ediles de distintas comunas que respondieron a la convocatoria opositora.

De vuelta a la "duda"

La confrontación de interese está muy clara en torno del tratamiento de las reservas de agua dulce en las alta cumbres. El debate de fondo sigue siendo el control del Inventario Nacional de Glaciares, señalan desde los despachos mineros. Pero lo que queda expuesto es un enfrentamiento de interpretación y prelación que resulta de leer la misma Constitución Nacional.

Qué se debe priorizar, ¿el cuidado del ambiente o la potestad de las provincias para decidir qué hacer con sus recursos naturales?