La demanda ante la Corte bloquea el acuerdo con las universidades
La Casa Rosada puso sobre la mesa una recomposición salarial del 24,3%, más fondos para becas, funcionamiento y hospitales universitarios. Sin embargo, las negociaciones se empantanaron cuando exigió a los rectores retirar la demanda por el financiamiento de las universidades que espera una definición de la Corte Suprema.
El Gobierno nacional y las universidades públicas estuvieron cerca de alcanzar un entendimiento para encauzar el conflicto presupuestario que viene escalando en los últimos meses. En una reunión reservada realizada esta semana, funcionarios y representantes del sistema universitario analizaron una propuesta oficial que contemplaba mejoras salariales y refuerzos presupuestarios, aunque las conversaciones terminaron sin acuerdo por diferencias vinculadas a una causa judicial en trámite.
El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto a rectores que representan al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo era avanzar en una solución al reclamo que derivó en la reciente movilización federal universitaria.
Según trascendió de ambas partes, la oferta presentada por el Ejecutivo contemplaba una recomposición salarial acumulada del 24,3% destinada a compensar parte del deterioro de los ingresos registrado entre 2024 y la actualidad. El esquema preveía una primera actualización del 21,3% a aplicarse en junio y un complemento del 3% en octubre.
Además, el planteo oficial incluía la creación de una mesa técnica para revisar cuestiones pendientes vinculadas al financiamiento de 2024 y establecer un mecanismo de negociación salarial trimestral que permitiera actualizar periódicamente los ingresos del sector.
La propuesta también incorporaba otras mejoras presupuestarias. Entre ellas, un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano, una suba del 20% en las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y un refuerzo extraordinario de $50.000 millones para hospitales universitarios.
A esto se suma la discusión pendiente sobre la distribución de más de $79.000 millones destinados a esos centros de salud, cuyos recursos permanecían sin actualización y habían generado preocupación en las instituciones por el impacto sobre la prestación de servicios médicos.
Pese a que varios sectores universitarios evaluaron positivamente la oferta y la calificaron como un avance significativo, el diálogo se interrumpió cuando el Gobierno planteó una condición considerada inaceptable por los rectores: retirar la demanda judicial impulsada para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La norma, aprobada por el Congreso, establece mecanismos de actualización para salarios, becas y otros recursos en función de la inflación. Desde las universidades sostienen que su cumplimiento implicaría una asignación cercana a los $2,5 billones, mientras que el Ejecutivo considera que esa erogación comprometería el objetivo de equilibrio fiscal.
Los rectores rechazaron de plano la posibilidad de desistir de la acción judicial. Argumentan que se trata de una herramienta institucional para garantizar el cumplimiento de la ley y afirman que no existe consenso dentro de la comunidad universitaria para abandonar ese reclamo.
Desde las casas de estudio remarcan que la propia oferta oficial demuestra que existen recursos para avanzar en una solución y consideran que todavía hay margen para alcanzar un entendimiento. Del otro lado, el Gobierno sostiene que la continuidad de la demanda dificulta cualquier acuerdo integral y cuestiona la falta de flexibilidad del sistema universitario.
Mientras la causa sigue su curso en la Corte Suprema, ambas partes mantienen abiertas las conversaciones, aunque reconocen que la resolución del conflicto dependerá de que alguna de ellas modifique su posición en uno de los puntos más sensibles de la negociación.
