El Senado aplaza el debate por Michelli en medio de la interna libertaria
La definición sobre la postulante que Javier Milei busca retirar fue diferida para la próxima semana. Mientras tanto, el Senado tratará 50 pliegos judiciales y dos proyectos clave para el Gobierno.
El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 11 bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con una agenda impulsada por el oficialismo que incluye la discusión de más de medio centenar de pliegos judiciales, la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la ratificación de un acuerdo con acreedores que mantenían litigios contra la Argentina por el default de 2001.
Uno de los temas que generó mayor tensión política en los últimos días, el futuro de la candidatura de María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata, finalmente no será abordado en esta sesión. El cuerpo legislativo dará ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar la postulación, aunque la definición quedará para una próxima convocatoria prevista para la semana que viene.
La situación de Michelli abrió una disputa interna en La Libertad Avanza luego de que la senadora Patricia Bullrich manifestara su desacuerdo con la decisión presidencial de retirar el pliego. La postura de la legisladora encontró respaldo en sectores de la oposición dialoguista, habituales aliados del oficialismo en la construcción de mayorías parlamentarias.
Tras varias jornadas de tensión, el escenario se descomprimió luego de la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, donde se acordó diferir el tratamiento del expediente. En paralelo, Bullrich mantuvo un encuentro en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una señal de acercamiento dentro del espacio oficialista.
En materia judicial, la Cámara alta pondrá a consideración 50 designaciones para distintos cargos de la Justicia Federal, de un total de 73 postulaciones que ya cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.
Entre los pliegos que sí llegarán al recinto figura el de Emilio Rosatti, propuesto para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe e hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. También serán analizadas las postulaciones de Laureano Durán, Juan Pablo Moldes, Javier Arzubi Calvo y Ana María Juan, entre otros candidatos.
En cambio, otros 23 nombramientos permanecerán pendientes. Entre ellos aparecen las candidaturas de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, cuestionadas por presuntos vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, así como la de Juan Manuel Mejuto, objetado por sectores del oficialismo y del radicalismo por su cercanía con espacios identificados con el kirchnerismo.
Ley de propiedad privada
Otro de los proyectos centrales del debate será la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, orientada a reforzar la protección de la propiedad privada. La propuesta contempla modificaciones al Código Civil y Comercial, cambios en los mecanismos de expropiación y desalojo, ajustes en la regularización dominial y una reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
El texto establece que las indemnizaciones por expropiación se calcularán sobre el valor de mercado y los daños directos comprobables, excluyendo expectativas de ganancias futuras o consideraciones de carácter afectivo. Además, dispone que el Estado no podrá tomar posesión de un bien sin haber abonado previamente la compensación correspondiente y limita a 60 días las ocupaciones temporarias.
La iniciativa también elimina restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y endurece los criterios aplicables a las ocupaciones de inmuebles, medidas que el Gobierno considera necesarias para fortalecer la seguridad jurídica.
Acuerdo con acreedores
Por último, el Senado analizará el acuerdo alcanzado con fondos acreedores que continuaban litigando contra la Argentina en tribunales de Estados Unidos por títulos impagos tras la cesación de pagos de 2001.
El entendimiento contempla desembolsos por US$171 millones para cerrar definitivamente los reclamos. De ese total, US$67 millones corresponden al fondo Bainbridge y US$104 millones al grupo de acreedores liderado por Attestor. El acuerdo fue negociado ante los tribunales de Nueva York y requiere aprobación legislativa para entrar en vigencia, con el objetivo de poner fin a uno de los últimos litigios abiertos vinculados al histórico default argentino.
