La UCR pide explicaciones a la Suprema Corte por un juez "machista"
Cuestionan que el juez Gonzalo Guiñazú haya otorgado la prisión domiciliario a un imputado por violencia de género, argumentando que "lo que para algunos es violencia de género, para otros es algo habitual".
La semana pasada se filtró el video de una audiencia en la que el juez Gonzalo Guiñazú consideró que "lo que para algunos es violencia de género, para otros es algo habitual". Esto generó rechazos en la Legislatura, donde diputadas radicales pidieron explicaciones a la Suprema Corte.
Los 2 diputados que serán clave para la elección de jueces y fiscales de Mendoza
En aquella audiencia, el juez Guiñazú otorgó la prisión domiciliaria a un hombre imputado por violencia de género, decisión resistida por los abogados de la denunciante ya que su vida correría peligro. "Hay cosas que para unos son violencia de género y para otros es habitual", dijo el juez.
Paula Zelaya, diputada de la UCR.
Ante esto, las diputadas Daniela García, Paula Zelaya y María José Sanz sentenciaron: "Se puede observar un notorio desconocimiento por parte del Juez interviniente de la temática de Violencia de Género, así como sus particularidades en cuanto al accionar de la víctima y su victimario".
"Por otro lado demuestra una falta de análisis de la totalidad de la prueba que se le presenta por parte de la fiscalía donde trata de demostrar el por qué de la necesidad de que el imputado permanezca privado de su libertad o en prisión preventiva hasta tanto se resuelva el juicio", agregaron.
Atento a esto, las legisladoras de la UCR pidieron en su proyecto de resolución "solicitar a la Suprema Corte informe sobre la intervención del juez Gonzalo Guiñazu Morales, miembro del Primer Tribunal Colegiado de la OGAP en la audiencia de apelación sobre el pedido de prisión domiciliaria respecto de su formación obligatoria conforme la Ley Nacional 27499, Ley Provincial 9196 y Ley Nacional 26485".
Gonzalo Guiñazú.
En este sentido, las diputadas recordaron que la Suprema Corte debe cumplir con la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles, como los jueces.
