Falta de apoyos: el oficialismo frena cambios en las PASO

La intención del Gobierno de avanzar con una reforma política de fondo sufrió un freno en el Congreso. Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, Martín Menem ya transmitió al Poder Ejecutivo que no están garantizados los votos necesarios para derogar las elecciones primarias, lo que obliga al oficialismo a replantear su estrategia.

Ante este escenario, en la Casa Rosada comienzan a considerar opciones alternativas, como reeditar la suspensión de las PASO -tal como ocurrió en 2025- o impulsar un esquema que las vuelva optativas. Sin embargo, ninguna de esas variantes logra, por ahora, generar consenso entre los bloques que el oficialismo necesita para avanzar.

Tanto el PRO como la UCR, socios clave dentro de la oposición dialoguista, marcaron límites claros a la iniciativa. En ambos espacios coinciden en que las primarias cumplen un rol central para ordenar la competencia interna de los partidos, y advierten que quitarles obligatoriedad podría profundizar la baja participación electoral que ya se viene registrando.

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la eliminación o modificación del sistema apunta a reducir costos y simplificar el proceso electoral. Argumentan que las PASO implican un gasto significativo y buscan instalar la idea de que su reformulación aliviaría esa carga.

Ver: ¿Qué perdemos si eliminamos las PASO? 

El presidente Javier Milei había planteado la necesidad de una reforma integral del sistema electoral durante la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo. Allí habló de revisar tanto el mecanismo de selección de candidatos como el financiamiento de los partidos, con el objetivo de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

El proyecto que aún se encuentra en elaboración incluye, además de los cambios en las primarias, modificaciones en el esquema de financiamiento partidario -con mayor peso de aportes privados-, ajustes en la Boleta Única de Papel para habilitar el voto por lista completa y la posibilidad de unificar el calendario electoral con las provincias de cara a 2027.

Uno de los puntos que genera mayor resistencia es justamente la propuesta de reducir o eliminar el financiamiento público de las campañas, una medida que despierta objeciones en los partidos tradicionales.

Para avanzar con cualquier modificación en materia electoral, el Gobierno necesita mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado, tal como lo establece la Constitución Nacional. Hoy, esos números aparecen lejanos.

El conteo previo que maneja el oficialismo muestra apoyos parciales: a sus propios diputados se sumarían algunos representantes de fuerzas provinciales y un sector reducido del radicalismo. Sin embargo, el rechazo mayoritario dentro de la UCR, la falta de acompañamiento del PRO en su conjunto y la negativa de otros bloques como el MID complican cualquier intento de avance.

En paralelo, el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, inició una ronda de contactos con gobernadores para sumar respaldo político. En esas conversaciones se repiten dos ejes: la eliminación de las PASO y la coordinación de un calendario electoral unificado. Hasta ahora, los encuentros no lograron traducirse en apoyos concretos.

La definición de varios mandatarios provinciales, especialmente de aquellos que responden a bloques federales, será clave para el futuro del proyecto. Mientras tanto, otros espacios políticos mantienen una postura expectante, a la espera de una eventual presentación formal de la iniciativa.

Con este panorama, la reforma política que impulsa el Gobierno queda, por el momento, en suspenso. Sin los acuerdos necesarios, el oficialismo deberá negociar, ceder o postergar sus planes si pretende avanzar en cambios estructurales del sistema electoral.