El Senado mendocino aprobó un importante avance en la modernización del Estado

Con el acompañamiento de todos los bloques, el Senado de Mendoza aprobó la creación del Sistema de Administración Pública Digital, propuesta impulsada por el poder ejecutivo. La idea apunta a agilizar trámites, aportar transparencia y garantizar un acceso equitativo a los servicios públicos. El proyecto regresará a Diputados para su revisión definitiva.

La iniciativa establece un nuevo marco normativo que alcanza a todos los organismos del Estado provincial. Entre los pilares fundamentales del sistema se destacan principios como la orientación a las personas, la simplificación administrativa, la seguridad y privacidad de la información, la reutilización de soluciones digitales, la transparencia y la interoperabilidad.

"Nuestra provincia ha sido pionera en la implementación de herramientas digitales aplicadas a la gestión pública. La digitalización de expedientes (GDE), el sistema MendoTran, el GEI en educación, el legajo digital en seguridad y la app "Mendoza por Mi", entre otras iniciativas, son parte de una política sostenida que apunta a un Estado más eficiente, transparente y cercano a las personas", señaló la vicegobernadora Hebe Casado en su cuenta de X.

Además de crear el Sistema de Administración Pública Digital para la provincia, esta propuesta da origen al Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDI Mza), un espacio destinado a garantizar el intercambio seguro, confiable y trazable de datos, procesos y servicios digitales entre las distintas entidades del Estado. Para coordinar las decisiones estratégicas del EDI Mza, se conformará un Comité de Alto Nivel integrado por representantes de los tres poderes del Estado, presidido por el Ejecutivo provincial.

Los avances digitales del proyecto

El proyecto también establece la creación del Portadocumento Digital Ciudadano, un espacio virtual, personal e intransferible, destinado a cada persona de la provincia. Su objetivo es ofrecer un acceso único a documentos digitales, tanto de organismos públicos como privados, que sean de interés para los ciudadanos.

Estos documentos deberán contar con mecanismos de seguridad válidos, como firma digital o códigos QR, y su acceso será estrictamente personal a través de la identidad digital, mediante la plataforma Mendoza por Mí. La visualización o utilización de estos documentos estará sujeta al consentimiento del usuario, en conformidad con la Constitución, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Asimismo, se establece que toda la documentación disponible en este portadocumento tendrá la misma validez legal y jurídica que su equivalente en formato papel y los organismos alcanzados por la normativa deberán cargar allí toda la documentación de valor ciudadano en un plazo no mayor a doce meses, con posibilidad de una prórroga excepcional de igual duración por razones fundadas.

Otro avance significativo es la implementación de la Casilla Digital de Notificaciones, que funcionará como un canal privado y seguro de mensajería entre el Gobierno y cada ciudadano. El acceso será personal mediante la identidad digital y su gestión se realizará también por Mendoza por Mí. Las notificaciones enviadas a esta casilla serán certificadas y se considerarán leídas y aceptadas semanalmente, aunque el usuario no acceda al sistema. La casilla producirá los mismos efectos legales que un domicilio constituido y la reglamentación establecerá condiciones de implementación y excepciones en casos de falta de conectividad.

En el marco de las contrataciones públicas, se incorpora un nuevo inciso a la Ley Nº 8706 de Administración Financiera, que habilita al Estado a adquirir bienes y contratar servicios a través de plataformas de comercio electrónico o Marketplace. Estas plataformas deberán contar con catálogo de productos, medios de pago digitales, emisión de facturas, seguimiento de entregas y procedimientos de devolución y resolución de conflictos.

También se incluye la compra de infraestructura tecnológica, licencias y servicios de software ofrecidos en forma pública y estandarizada por proveedores nacionales o internacionales. La evaluación de las contrataciones se regirá por el principio de la oferta más conveniente.