La Picada: ¿Cuánto futuro tiene el proyecto de eliminar la Coviar entre los diputados mendocinos?

Esta semana irrumpió en la discusión empresaria de Mendoza, desacostumbrada a ser objetivo en su afán de siempre señalar al Estado como responsable de su situación, la posibilidad de que se disuelva la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) tal como se la conoce en la actualidad, es decir, conformada obligatoriamente por ley, y con un aporte de parte económico de sus miembros también por la fuerza.

La propuesta la presentó el diputado nacional del PRO mileísta (de Patricia Bullrich) Damián Arabia. La respuesta de las entidades que conforman la Coviar y sus amigos de las diversas ramificaciones de la actividad vitivinícola fue rechazar la idea, que busca -según le contó el propio Arabia al programa "Tenés que saberlo" por Radio Post 92.1- reducir lo que le cuestan estas cosas al Estado.

Arabia dijo que nada les impide asociarse por fuera del padrinazgo estatal y seguir haciendo lo que estaban haciendo. Pero las entidades del vino, estatales y privadas, le contestaron que lo hace "porque es porteño", un argumento poco sólido y más reactivo que propio de una auténtica defensa, ya que algunos sectores vitivinícolas en danza también tienen sus sedes en Buenos Aires y mandan a Mendoza a sus delegados o gerentes a hablar del vino desde la porteñitud y no desde las hileras de las fincas, precisamente.

Las reacciones

Dos reacciones en Mendoza fueron inmediatas, en favor del proyecto de Arabia: la primera fue del Consejo Empresario Mendocino que, liderado por el experto en comercio exterior Martín Clément, celebra las medidas desregulatorias, desestatizantes y de "motosierrismo" del gobierno de Javier Milei.

Damián Arabia, sobre el proyecto de eliminar Coviar: "Busca bajar el costo argentino"

La otra fue -ya sea por convencimiento o por alineamiento político- de la vicegobernadora Hebe Casado.

La vice de Alfredo Cornejo, en diálogo con el programa "Tenés que saberlo", dijo que "todo lo que es aporte compulsivo y obligatorio termina siendo a veces kioscos para algunas personas. Si una organización o alguna cuestión sirve, la gente va a aportar voluntariamente. Si no sirve, lo más probable es que no". 

Agregó luego: "Si la Coviar tiene la tranquilidad de haber estado haciendo las cosas bien, seguramente los asociados van a seguir aportando voluntariamente a la misma. Y si no dirán ‘no me sirvió de nada ¿por qué me sacan 0,4, 0,5, 0,8 centavos del litro de vino aportando a ningún lado? Prefiero ponerlo donde a mí se le dé la gana o usarlo para invertir o para otra cosa'", concluyó.

¿Cómo votarían los diputados nacionales por Mendoza el proyecto de eliminación de la Coviar?

Primero y principal: el proyecto de Damián Arabia para eliminar la Coviar con la actual conformación obligatoria no está en la agenda parlamentaria, como no lo está ningún otro tema tan "del interior".

Es aquí en donde la acusación de las entidades de la Coviar de que el proyecto es "porteñocentrista" se vuelve una paradoja a su favor: al "porteñocentrismo" le importa un bledo meter en la agenda de discusiones este asunto, de tal modo que su acusación se vuelve, en este caso, a su favor.

No hay representantes de provincias vitivinícolas entre los firmantes, salvo una salteña,lo que puede ser parte de la estrategia para evitar que la discusión se vuelva algo personal en esos estados, por el peso económico de las entidades sectoriales.

A Arabia lo acompañaron con su firma los diputados Gerardo Milman (Provincia de Buenos Aires), Patricia Vásquez (Provincia de Buenos Aires), Sergio Capozzi (Río Negro), Laura Rodríguez Machado (Córdoba), José Núñez (Santa Fe), Martín Ardohain (La Pampa), Emmanuel Bianchetti (Misiones), Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), Bertie Benegas Lynch (Provincia de Buenos Aires) y Emilia Orozco (Salta).

La Coviar defiende su subsistencia denigrando al diputado Arabia por "porteño"

Los diputados nacionales mileístas son tres y se supone que serían los primeros en respaldar la medida, por más que prefieran no expresarse si nada los apura: Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez (que está en el final de su mandato y le resultará difícil aspirar a otro cargo).

Los radicales también son tres: Julio Cobos, Lisandro Nieri y Pamela Verasay. No han discutido el tema, se ve una propensión en respaldarlo, pero solo si desde la Casa Rosada se lo piden.

Para ver que el tema no está siquiera en borrador para ser abordado, abajo te mostramos su agenda de reuniones en el bloque para esta semana:

Los peronistas son Liliana Paponet, Martín Aveiro y Adolfo Bermejo. No se conoce opinión de su parte tampoco, pero se presume que tienen tendencia al apoyo corporativo, por lo que la Coviar podría respaldarse en ellos.

Y está Lourdes Arrieta, un misterio.

Cuál es el punto práctico y simbólico concreto de la discusión del futuro obligatorio o voluntario de la Coviar

Desde el Congreso, voces oficiosas recolectadas por Memo para "La Picada", dieron cuenta de que "no hay mucha oposición a que en un futuro la conformación de la Corporación se transforme en algo voluntario".

Pero hay un factor central en el fondo -más allá del desinterés de meterlo" ya mismo" en la agenda parlamentaria, que es evidente- y es que la ley que creó a la entidad que protagoniza los desayunos vendimiales y que tenía como misión anticiparse con un plan estratégico a las crisis de la vitivinicultura, fue creada por una situación inédita de consenso entre todas las fuerzas políticas.

La Corporación Vitivinícola fue creada por la Ley 25.849 sancionada en febrero del 2004 y reglamentada por el Decreto 1191/2004.

De tal modo que modificarla requeriría, al menos simbólicamente, de los actos útiles para llegar a una situación similar.

Y para finalizar: ningún diputado nacional mendocino ha hablado sobre el tema con otro. Es un tema mendocino impulsado por un "porteño", como Damián Arabia, pero que merecería -en todo caso- abrir al menos una discusión de fondo, según muchos observadores.

El proyecto de Arabia: Derogación de la Ley 25.849

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El presente proyecto de ley tiene por objeto derogar la norma que otorga a la CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA (COVIAR) el carácter de entidad de derecho público no estatal, restituyendo a dicha organización el carácter que naturalmente corresponde a cualquier agrupación de actores del sector productivo privado.

Lejos de cuestionar la existencia misma de COVIAR o la legítima articulación de sus integrantes en pos del desarrollo del sector vitivinícola, este proyecto reconoce y respeta la libertad de asociación como un principio fundamental del orden republicano y del sistema de economía de mercado. En ese sentido, se afirma que el Estado no debe imponer, fomentar ni financiar organizaciones empresariales que pueden y deben surgir del acuerdo voluntario entre partes privadas, conforme al principio de subsidiariedad que rige en toda economía abierta.

La vitivinicultura es una actividad esencialmente privada, desarrollada por empresas, cooperativas, productores y bodegas en el libre ejercicio del comercio. La institucionalización forzosa de una corporación sectorial bajo el ropaje del derecho público no solo vulnera la autonomía de los productores sino que distorsiona el funcionamiento del mercado y eventualmente comprometiendo recursos públicos en funciones que exceden el interés general y responden a intereses sectoriales.

Asignar al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) funciones de asistencia, control o financiamiento sobre una entidad como COVIAR -cuya misión es representar y coordinar al sector privado vitivinícola- genera una afectación indebida e injustificada a los recursos del Estado. Ello implica, además, un incremento de la burocracia administrativa y la asignación de funciones ajenas a las competencias originarias del INV, desvirtuando su finalidad como organismo técnico de fiscalización.

Es importante subrayar, que COVIAR cuenta con facultades suficientes para administrar sus propios recursos y organizarse como cámara o entidad civil de carácter privado, sin requerir injerencia estatal ni aportes públicos. Existen innumerables ejemplos de asociaciones empresarias que cumplen funciones similares -representación, articulación, planificación estratégica, promoción de mercados- sin necesidad de intervención estatal obligatoria ni reconocimiento jurídico especial.

Por otra parte, la permanencia de este régimen público-privado obligatorio vulnera los principios de igualdad ante la ley, de libertad económica y de neutralidad estatal, consagrados en la Constitución Nacional. En efecto, al obligar a todos los actores del sector a integrarse en una única organización reconocida por ley, se impide la libre competencia institucional, se desalienta la pluralidad de representaciones y se refuerza una lógica corporativa incompatible con los valores republicanos.

Desde una perspectiva de racionalidad económica, la subsistencia de esquemas institucionales artificiales -como el que aquí se cuestiona- impone costos innecesarios al erario público y constituye un uso ineficiente e injustificado de fondos estatales que podrían ser reasignados a funciones esenciales, como la salud, la educación o la seguridad.

La libertad de asociación no se garantiza con la imposición de una única corporación sectorial, sino con la posibilidad de que los actores económicos elijan cómo y con quién organizarse. En consecuencia, corresponde al Estado retirarse de aquellas áreas donde no resulta imprescindible, evitando interferencias que, lejos de promover el desarrollo, generan rigideces, discrecionalidad y dependencia.

Por todo lo expuesto, y en defensa de un Estado austero, eficiente y limitado a sus funciones esenciales, propongo a mis pares acompañen con su firma la presente propuesta de derogación de la norma que confiere a la COVIAR el carácter de entidad de derecho público no estatal.

Damián Arabia Diputado Nacional