Difonso pidió que se reglamente una ley aprobada el siglo pasado

El diputado provincial, que rompió con la UCR y se acercó a su partido de origen (PD), reclamo la reglamentación de una ley que en su momento impulsó el Partido Demócrata.

Ya como opositor al Gobierno, Jorge Difonso se encargó de enumerar fallas al Gobierno de Mendoza y, entre ellas, esta semana se refirió al estado de las escuelas. Lo curioso es que para solucionarlo, le pidió a Rodolfo Suarez que reglamente una ley aprobada el siglo pasado, impulsada por el PD.

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Difonso, cada vez más cerca de la actual conducción del Partido Demócrata, hacía referencia a la Ley 6650, aprobada el 23 de diciembre de 1998, que facultaba a los municipios a realizar inspecciones en las escuelas de Mendoza para verificar las condiciones, pero que nunca se reglamentó.

"Los establecimientos de educación primaria, secundaria y terciaria estatales y privados de la Provincia de Mendoza, deberán contar con una inspección municipal de seguridad, higiene y salubridad, anualmente, la que deberá ser comunicada a la Dirección General de Escuela", dice la ley.

En un pedido que presentó esta semana en la Legislatura, Difonso remarcó que actualmente la  Subsecretaría de Infraestructura Educativa no realiza los controles necesarios y que cada vez hay más escuelas que no están en condiciones para ser ocupadas.

"Un informe de un relevamiento del Centro de Investigación Social de Mendoza (Cisme) de mayo del 2022, arrojó que el 62% de los establecimientos tienen distintos problemas de humedad, filtraciones y estructurales", señalo el diputado de Unión Popular.

Jorge Difonso.

Es en este contexto que Difonso pide que se reglamente la ley que involucra a los municipios en las inspecciones a edificios en periodo de receso escolar, para así permitir la realización de sus reparaciones y puestas en condiciones de seguridad, higiene y salubridad, antes del ciclo lectivo.

"Han transcurrido ya 23 años de su sanción y la ley 6650 a pesar de haber pasado 7 gestiones gubernamentales de distinto signo político, no ha sido reglamentada, privando a la provincia de una herramienta eficaz para de alguna manera paliar el tema de los edificios escolares", concluyó.

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