Falsificaban pruebas para cobrar indemnizaciones como víctimas de la dictadura

Fueron procesadas cinco personas acusadas de integrar una banda que, entre otras cosas, falseaba pruebas para poder acceder a reparaciones históricas como presuntas víctimas del terrorismo de Estado.

Cinco personas fueron procesadas acusadas de integrar una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias en busca de un beneficio económico, informaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.

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La medida la adoptó el juzgado federal número 5 de la ciudad de Buenos Aires y recayó sobre Adrián Martínez Moreira, Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.

En el caso de Martínez Moreira el procesamiento es por "62 hechos como organizador de una asociación ilícita, falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública junto a otras cuatro personas".

En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos.

"A través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos", puntualizaron desde la dependencia que dirige Horacio Pietragalla Corti.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, luego de reunir información sobre estas maniobras fraudulentas en expedientes judiciales y administrativos que procuraron afectar el trabajo de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la Secretaría y a las víctimas que legítimamente buscan una compensación ante el Estado.

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"De esta manera, se busca impulsar activamente este proceso para obtener una resolución judicial que permita dar claridad y transparencia ante estos hechos, que han tenido impacto en las víctimas y en la normal administración de justicia", remarcaron.

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