Femicidio de Florencia Romano: Fiscalía de Estado hizo suyos argumento de Asesoría de Gobierno

La política metió la cola en un juicio por plata y no en la investigación sobre el salvaje femicidio. La Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado utilizaron argumentos coincidentes que generaron cuestionamientos, pero es su función defender los recursos del Estado.

La familia de la joven Florencia Romano, asesinada en diciembre de 2020 en Maipú, demandó al Estado provincial por daños y perjuicios por la suma de 300 millones de pesos. El peronismo agitó una polémica por el texto de la actuación de la Asesoría de Gobierno en ese proceso civil, ya que endilgó parte de la responsabilidad del hecho a los padres de la menor. De tal modo, acusó al asesor de Gobierno, Ricardo Canet, de ser el impulsor de esa mirada y hasta pidió informes en torno a su fue capacitado en la Ley Micaela.


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El texto de la Asesoría de Gobierno, encargada de defender al Estado cuando cree que una medida lo puede perjudicar, y que fue subrayado por la oposición, dice: "Los padres de la menor víctima, han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente". También dice que "su madre, al menos, reconoció haber conocido la situación que la menor le relatara con anterioridad a la fecha del delito, permitiendo que se relacionara y contactara con personas sospechosas e, incluso, con quien resultara su asesino". 

Pero esa posición no fue únicamente tomada por Asesoría de Gobierno sino que la Fiscalía de Estado, conducida por el exsenador justicialista Fernando Simón, adhirió a varios de los planteos que llevan la firma de Canet.

A la hora de plantear ante el juez su posición, Simón y la Fiscalía de Estado adhieren al escrito de Canet y la Asesoría de Gobierno. Textualmente, en el punto 3, dice: "La referida resistencia ha sido formulada sobre la base de invocación de hechos contrapuestos o excluyentes a aquellos en los que la parte actora funda su pretensión. Por tanto, la intervención del que suscribe, en orden a la plataforma fáctica controvertida, se limitará al estado de cosas descrito en el referido responde, al que adhiere y a cuya acreditación orientará su actividad probatoria, dando por reproducidos 'brevitatis causae', todos los argumentos expuestos por la demandada directa con la salvedad que se especificará a lo largo de esta presentación".


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En otro tramo de su presentación, la Fiscalía de Estado señala: "... hacemos nuestra las palabras del Dr. Canet cuando correctamente afirmara que: 'Se ha dado por hecho lo que no es más que un hecho a probar: que la menor Florencia Romano Mopardo habría sido encontrada con vida por la policía, en caso de haber obrado correctamente la agente policial Herrera, receptora de la llamada al 911'".

El ruido político que se metió en la dramática causa que conmocionó a toda Mendoza, ingresó no por el hecho delictivo en sí mismo, sino por la demanda patrimonial de $300 millones, que deberían haberle hecho al responsable de su muerte, pero como no tiene ese patrimonio, se enfocó contra el Estado, que se defiende de tener que pagar ese monto con los organismos que están para eso, precisamente.

De allí que el debate se haya vuelto más doloroso cuando la política partidaria metió la cola en una discusión por plata, en la que nadie se atrevería a negar el derecho a una reparación a la familia de la joven, pero que requiere que se lleve adelante por los canales judiciales y no políticos, hasta su resolución, según advierten desde el Gobierno, que niega tener una posición que deba ser parte de la pelea política.

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