Acusan al gobierno de Frei de ayudar a Pinochet para evadir la justicia
A 51 años de la Caravana de la Muerte, familiares de víctimas presentaron una querella contra exautoridades del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle por encubrir a Augusto Pinochet. La acción judicial se basa en revelaciones sobre un dossier secreto diseñado para simular una enfermedad mental y evitar su extradición a España.
Por primera vez, familiares de víctimas de la dictadura interpusieron una querella por encubrimiento contra funcionarios del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quienes acusan de haber colaborado activamente para impedir la extradición del exdictador Augusto Pinochet a España, donde enfrentaba cargos por crímenes de lesa humanidad.
La acción judicial, presentada por la abogada Karina Fernández ante la ministra Paola Plaza, se apoya en recientes testimonios que apuntan a una estrategia coordinada desde el Estado chileno entre 1999 y 2000 para evitar que Pinochet enfrentara la justicia internacional mientras se encontraba detenido en Londres.
Según declaró Cristián Toloza, exasesor del presidente Frei, el Ejecutivo elaboró un informe secreto de aproximadamente diez páginas con indicaciones precisas para que Pinochet simulara una enfermedad mental. El objetivo: evitar su extradición bajo el argumento de incapacidad legal. El dossier -relatado en el libro Calle Londres 38, del jurista británico Philippe Sands- instruía al excomandante en jefe a declarar que sufría pérdida de memoria, pensamientos suicidas y comportamientos irracionales.
Pero las maniobras no terminaron ahí. Toloza también reveló que viajó a Londres con un documento desconocido hasta entonces, en el que el propio Pinochet autorizaba expresamente la operación Caravana de la Muerte. Ese papel, que vinculaba directamente al general con los crímenes, habría sido utilizado como elemento de negociación ante el gobierno británico para demostrar que sería juzgado en Chile, lo que finalmente no ocurrió.
La querella sostiene que estos antecedentes configuran una operación de encubrimiento al más alto nivel político, diseñada para sustraer a Pinochet tanto de la justicia internacional como de la nacional. Además, se solicita investigar delitos asociados a la supresión de documentos oficiales y la infidelidad en la custodia de información clave.
El 2 de marzo de 2000, el ministro del Interior del Reino Unido, Jack Straw, resolvió no extraditar a Pinochet por "razones humanitarias", alegando demencia senil. Sin embargo, apenas aterrizó en Santiago, el exdictador se levantó de su silla de ruedas sin dificultad, en una escena que fue percibida como una burla por las víctimas y sus familiares.
"Ese gobierno se burló de la justicia y de todos los chilenos", afirmó Angélica Palleras, hermana de una de las víctimas de la Caravana, al presentar la querella. "Sentí una vergüenza profunda por mi país y su clase política", agregó.
Entre las solicitudes del libelo se incluye citar a declarar al actual canciller Alberto Van Klaveren, y a los excancilleres José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, además del exembajador en Reino Unido, Pedro Cabrera. Insulza, por su parte, negó haber tenido conocimiento de los documentos revelados por Toloza y aseguró que, para ese momento, ya no ejercía como ministro de Relaciones Exteriores.
La acción judicial se presenta como un intento de establecer responsabilidades en una etapa aún poco revisada de la transición chilena: el rol de las autoridades democráticas en el resguardo de la impunidad del régimen militar.
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