La Justicia ratificó las imputaciones por estafa agravada
El Tribunal Colegiado Primero de Mendoza rechazó un planteo de las defensas y ratificó la imputación penal contra autoridades actuales y pasadas de la federación. Se investiga un posible incumplimiento millonario en un negocio internacional de exportación de vinos y mosto.
La Justicia de Mendoza confirmó que seguirá adelante la causa penal contra cuatro directivos y exdirectivos de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita) por presuntas estafas agravadas en un emprendimiento comercial con una firma extranjera. La decisión fue adoptada por el Tribunal Colegiado Primero, que rechazó el recurso presentado por las defensas y sostuvo la validez de las imputaciones.
Los señalados en la causa son Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, quienes habrían incumplido compromisos asumidos en el marco de una sociedad creada junto a la empresa Iberte para exportar vino y mosto bajo la firma EVISA.
Según consta en la resolución judicial, Iberte habría aportado más de 3.139 millones de pesos para la puesta en marcha del negocio, mientras que Fecovita se comprometía a contribuir con activos como inmuebles, maquinaria y productos, además de gestionar habilitaciones clave para el funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, los fiscales sostienen que estos aportes no se habrían concretado por parte de la cooperativa.
Uno de los elementos claves valorados por el tribunal fueron las actas internas del Consejo de Administración de Fecovita, que desde principios de 2021 alertaban sobre las dificultades para cumplir lo pactado. A ello se sumó una pericia contable que ratificó que Iberte sí había cumplido con sus aportes financieros.
La causa también menciona un acuerdo suscripto en octubre de 2022 en el que Fecovita reconocía una deuda equivalente a más de 17 millones de litros de vino y 6.600 toneladas de mosto. A pesar de ese reconocimiento, los fiscales aseguran que no se entregaron los productos ni se emitieron los pagarés bursátiles previstos.
El tribunal consideró que, pese a estar en una etapa inicial, hay indicios suficientes para continuar la investigación penal por un posible perjuicio económico a terceros. Así, se abre paso a una etapa clave en el proceso judicial que mantiene en la mira a una de las entidades vitivinícolas más importantes del país.
