La Ley de Discapacidad no debe tener costo fiscal
La ley de discapacidad condensa una sumatoria de desaciertos donde los únicos que ganaron son los oportunistas. La ley no mejora la cobertura de la discapacidad y bien instrumentada no genera costos fiscales. Pero daña la macroeconomía porque fue percibida como una flexibilización a la estrategia de equilibrio fiscal.
El Senado terminó por revertir el veto de Milei a la ley de discapacidad. Esta ley crea la "Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social". A diferencia de las actuales Pensiones No Contributivas (PNC), que solo aplican a personas con incapacidad para trabajar mayor a 66%, la nueva pensión se otorgará a todo aquel que tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD), es decir, incluye a personas con incapacidades de menor gravedad. Actualmente la ANSES paga 1,2 millones de PNC (con evidencias que sugieren muchas irregularidades).
La incertidumbre es cuántas más personas pueden solicitar la pensión con la nueva ley. Al respecto, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que podrían aumentar en medio millón por las personas que actualmente tienen CUD sin PNC y otro medio millón por personas sin CUD que lo tramitarán para obtener la nueva pensión.
Otra disposición de la ley es la actualización del nomenclador de prestaciones que, desde su creación en el 2017, tuvo una pérdida real del 50%. Por un lado, se corrige este atraso y se establece que a partir de enero 2025 se ajustará automáticamente con la movilidad jubilatoria. Por otro lado, se establece un retroactivo a los proveedores de la discapacidad, a cargo del Estado, por la falta de ajuste por inflación entre diciembre 2023 y diciembre 2024.
La discapacidad en la vidriera política: Apuntes para un sinceramiento
La OPC, si bien alerta sobre las dificultades para proyectar los costos fiscales del proyecto, de manera aproximada estima que:
- - Un aumento en 1 millón de nuevas PNC tendría un costo fiscal de 0,42% del PBI.
- - El retroactivo por licuación del nomenclador tiene un costo de 0,03% del PBI.
- - La actualización del nomenclador no tiene costo fiscal porque lo pagan las obras sociales y las prepagas.
Estos datos muestran que el mayor riesgo fiscal lo genera la posibilidad de que se multiplique la cantidad de PNC. El reconocimiento del retroactivo es un monto menor (principalmente porque no computa la pérdida anterior a diciembre del 2023) y puede ser cubierto con la emisión de un bono. La actualización del nomenclador tiene impacto sobre las obras sociales y las prepagas que son las responsables de suministrar estas prestaciones. Sin embargo, el potencial aumento en la cantidad de PNC depende de cómo el Poder Ejecutivo reglamenta la ley y de cómo la ANDIS la implementa. Si se aplica la ley con cuidado se pueden evitar los aumentos de gastos que proyecta la OPC.
Un punto muy importante es que las personas con CUD cobran la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) hasta tanto lleguen a la edad jubilatoria y luego tienen derecho a acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Por lo tanto, la persona con CUD ya está amparada por el sistema de seguridad social desde su nacimiento hasta su muerte con mejores prestaciones que las previstas en la nueva ley. Actualmente, la AUH por discapacidad contempla un monto mensual de $375 mil, mientras que la nueva PNC de Discapacidad es de $290 mil.
Es visible que la ley tiene un claro tinte demagógico e intencionalidad de aumentar el gasto. Si el gobierno muestra desidia en su implementación se puede convertir en una nueva "moratoria previsional". Comienza con un resquicio transitorio (su vigencia es hasta diciembre del 2026) pero, si la deficiente gestión en la ANDIS y el oportunismo en el Congreso se mantienen, puede pasar como con las moratorias que se renovaron durante 20 años produciendo un enorme daño al sistema previsional. Además, si no se reglamenta e implementa cuidadosamente será la Justicia, a través de amparos, la que distribuirá masivamente PNC por Discapacidad y el daño fiscal será irreversible.
La ley no corrige la mala organización del sistema de cobertura de discapacidad y con una prudente implementación tampoco debería tener impactos fiscales relevantes. Es mucho más un beneficio para la oposición oportunista que para los discapacitados, que nuevamente serán defraudados. Su principal impacto es que al ser percibida como una derrota del gobierno está haciendo una contribución decisiva al aumento de la tasa de interés. Por esta vía indirecta complica las cuentas públicas porque aumenta el gasto en intereses y reduce la recaudación por caída en la actividad económica e incentivos a la mora.
