Los han echado al olvido

La laxitud con la que algunos sectores de la política toman la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como vigente para los "propios" y ajena para los adversarios. El caso Venezuela como telón de fondo.

Sergio Bruni

Todos sabemos que existen un conjunto de derechos que nos corresponden sólo por el simple hecho de nuestra condición de humanos, y muchas veces damos por sentado que nos pertenecen y que nadie puede quitárnoslos. Aunque no está de más hacer un repaso sobre algunas definiciones y conceptos básicos antes de ahondar en el tema que hoy nos interesa analizar.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por Naciones Unidas en 1948 se establecen por primera vez en la historia de la humanidad todos los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero; y se anuncia que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de estos derechos.

Podemos afirmar que estos valiosos derechos son todas aquellas normas que no sólo protegen, sino que reconocen la igualdad, la libertad y la dignidad humana sin distinción alguna de raza, credo, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, y todos los pueblos y naciones deben asegurar el efectivo cumplimiento de estos derechos.

Lo cierto es que en la práctica esto no se ha logrado de manera efectiva, y vemos alrededor del mundo vastos ejemplos de injerencias arbitrarias en la vida de las personas. Vemos gobiernos que se proclaman democráticos hacer uso de la fuerza estatal para perpetuarse en el poder. Vemos guerras libradas en nombre de una creencia religiosa. Vemos disparidades ante la ley de ciudadanos de una misma nación. Vemos atropellos de todo tipo justificados hoy por la pandemia, ayer por cualquier baladí de turno.

Vamos a detenernos en uno en particular, el que no deja de resonar en el ideal de justicia de cada ciudadano libre pensante que habita en el mundo.

En el año 2018 un grupo estados americanos conocido como el Grupo Lima, e integrado por Argentina, Chile, Perú, Paraguay y Canadá, alarmados por las reiteradas violaciones de Derechos Humanos que se venían perpetrando en Venezuela bajo la luz pública, tomó la iniciativa de presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional para que se investigara y se sancionara a los responsables de semejantes atrocidades.

En el informe presentado ante la CPI se señala que hubo 131 víctimas de asesinatos durante las protestas contra el régimen de gobierno entre 2014 y 2017 perpetrados por miembros del Estado y/o colectivos chavistas, identifica más de 12 mil venezolanos detenidos de manera arbitraria para ser encarcelados o sujetos a otras privaciones de su libertad, también se menciona la detención de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro, se presentan testimonios de torturas y abusos sexuales, y una serie de medidas extrajudiciales tomadas con el fin de callar voces opositoras. En sus conclusiones señala "un patrón generalizado y sistemático de abusos dirigidos a un segmento identificado de la población de Venezuela"

El pasado 14 de diciembre de 2020, a escasos meses de terminar su mandato, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, estimó que "existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad" en Venezuela desde abril de 2017. Sin embargo, y a pesar de todo pronóstico racional, la Argentina retiró su apoyo a dicha demanda priorizando así una alianza política con un dictador frente a las comprobadas y atroces violaciones a los Derechos Humanos que sufren los venezolanos.

Resulta doblemente sorprendente esta posición de nuestro presidente, Alberto Fernández, no sólo por brindar su apoyo a quien dejó en el olvido aquellos derechos que el kirchnerismo "usa habitualmente" como bandera política, sino además porque parece haber olvidado (algo que recurrentemente le sucede desde su asunción a la presidencia) lo que alguna vez manifestó en el año 2017 en sus redes sociales : "En Venezuela se ha quebrado la convivencia democrática y el Gobierno ha cometido abusos imperdonables sobre DDHH. El silencio es complicidad". (tweet oficial del ahora presidente Alberto Fernández con fecha 30 de junio de 2017).

Esta posición tomada por el gobierno argentino no hace más que alentar el abuso de autoridad del chavismo, desprotegiendo a sus víctimas y garantizando la impunidad de sus acciones, sin mencionar que pone en peligro a toda la región, a la democracia y la justicia.

El gobierno argentino nos aleja disparatadamente de occidente para trazar alianzas geopolíticas extrañas a nuestros históricos alineamientos. Los argentinos tristemente nos enfrentamos, con este tipo de políticas que nos asfixian en el plano internacional y que repercuten con la misma y torpe intensidad en la vida cotidiana interna. Faltan libertades y sensatez, sobran soberbia y abusos. Nos sentimos prisioneros, señores carceleros. Sepan que, jamás nos rendiremos en la defensa de los más altos valores republicanos.

La historia los juzgará... ¡Serán condenados!

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