No se puede controlar lo que no se conoce

Según la CN, en sus arts. 41 y 42, la seguridad debe ser un valor innegociable, indelegable patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del ciudadano.

En plena crisis institucional de representación, con reformas laborales acéfalas en el congreso, en el ámbito ambiental, de glaciares para la explotación minera en cerros o marítimo, lo cual se debería poner el foco en los derechos e intereses de los trabajadores, por sobre el empleador, sino también el cuidado ambiental para las generaciones venideras, con proyectos de eliminación de Comunidades Profesionales.

Con reformas en el organismo de control como SRT, donde en abril, desvincularon al nexo técnico de organismo SRT, Migue A Ponte, exfuncionario del expresidente Macri, con materia pendiente la eliminación a como dé lugar los juicios laborales, materia pendiente del área capital humano, ya que este año se espera superar los guarismos prepandemia, donde más tarde o más temprano la desregulación avanza con una reestructuración de los organismos de supervisión, con foco en la Superintendencias de Seguros y de Riesgos de Trabajo, que pasarían a depender del Ministerio de Economía, "Se vienen reformas de segunda generación", "¡Se viene la revolución de los seguros!", Decía el ministro Federico Sturzenegger, sumando que existe un plan para reformular completamente el mundo del seguro a partir de la eliminación de algunas competencias de los organismos reguladores, el objetivo es simplificar organismos que hoy cumplen funciones similares dentro del mismo mercado.

A diferencia de los 90, esta vez las aseguradoras serían protagonistas, especialmente en lo vinculado a pensiones por invalidez por accidentes laborales.

Vale destacar un hito en la historia, el sistema de Riesgos de Trabajo, que cubre a más de 10 millones de trabajadores (en blanco), bajo la Ley 27.348, ya hace 29 años, viene sosteniendo como pilar de esta ley las Comisiones Médicas, un nexo en la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para la determinación de la incapacidad de los trabajadores afectados y las correspondientes prestaciones.

Y ya entrando al 2do semestre, los números asustan al sector de la prevención, no solo por la falta de interés de los gobernantes de la cosa pública, u honorarios bajos del sector, o una previsión nula en las cajas previsionales, la jubilaciones del mañana, sino porque se muere gente como mosca, por acción u omisión de las empresas, arrastrando 280 muertes del año anterior, (del personal registrado), mientras crecen los casos de enfermedades y accidentes laborales, con la falta de datos confiables, la alta informalidad y la ausencia de políticas preventivas eficaces profundizan una crisis silenciosa que afecta a miles de trabajadores en el país cantidad de juicios con el 40% de los litigios la Provincia de Buenos Aires, seguida de Santa Fe, Mendoza ocupa el tercer lugar en el ránking nacional.

Siendo las enfermedades ocupacionales más destacadas, dolencias cardiovasculares, cáncer y afecciones respiratorias. Asimismo, se registran anualmente unos 160 millones de casos de enfermedades laborales, con una incidencia significativamente mayor entre los hombres (51,4 por cada 100 mil adultos en edad laboral) en comparación con las mujeres (17,2).

Las principales barreras para el abordaje efectivo del problema son varias, pero la principal es largos períodos de latencia de ciertas enfermedades, una elevada tasa de informalidad laboral (cercana al 40% según la SRT), falta de reconocimiento por parte de aseguradoras, temor a la pérdida del empleo y la persistencia del trabajo infantil.

Los sectores más afectados son la agricultura, la construcción, la industria manufacturera, considerados los más peligrosos, suma al trabajo infantil, en hornos de ladrillo o trabajo agrario, siendo además el trabajo en negro otro de los principales enemigos ya que no se puede controlar lo que no se conoce, el ejemplo del país es el monotributistas no tiene ART, son autónomos, el sistema simplificado de autónomos es el monotributo. O sea, no están todos los trabajadores registrados debidamente y la litigiosidad en el sistema va en aumento creando la sismo perfecto, impredecible, escondido entre tanta burocracia, y sin registrar por los empleadores que lo oculta que hoy maquillan a costa de bajar la prima anual del próximo año.

Es vital destacar la industria del Juicio, es otra olla a presión, negocios para algunos pocos, que ven expectantes a los que anhelan un cambio inmediato en materia de reforma laboral, que va necesitar músculos en los recintos, provincial y el congreso, para hacer un cambio con agendas en común, con una oposición golpeada y sin ánimo de cambio.

El 95% de los trabajadores que tiene derecho a iniciar un juicio y no lo inicia por temor a perder el empleo o por desconocimiento de su derecho, las medianas empresas enfrentan + de 2 demanda cada 20 ocupados, mientras que las pymes una cada 10.

Con esas señales todo acto en reducción del cálculo de indemnizaciones por invalidez o muerte en los pagos por accidentes de trabajo, es inconstitucional, por ser regresivo, violando la progresividad de los derechos, tratados internacionales están por encima de las leyes y de los DNU, materia pendiente la desregulación, eliminación de impuestos y carga extra tributaria y eliminación de la industria del juicio, como paso previo a toda reforma, motivando la contratación de la mano de obra con la libertad y confianza en el mercado laboral con más del 50% de desempleo, informalidad y pobreza.

La salud laboral no puede seguir siendo una asignatura pendiente. Garantizar condiciones dignas y seguras para quienes trabajan es una responsabilidad compartida que no admite más postergaciones.