Régimen tributario: un muro imposible de pasar

El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza hace propios los argumentos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios en torno a la presión tributaria.

Daniel Ariosto

 La Argentina necesita un doble ajuste en su sistema tributario, así lo afirma la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, presentado ante las autoridades nacionales hace algunos días y al cual UCIM adhiere en su totalidad.

Este ajuste consistiría en:

  1. Reducir la presión tributaria, porque el costo Impositivo actual es un impedimento (no el único) para que las empresas sean competitivas .
  2. Simplificar el sistema, dado que los costos de cumplimento, afectan seriamente la capacidad de acción de las personas, prestadores, organizaciones y empresas en general.

Según el mismo documento que cita como fuente un ranking confeccionado por el Banco Mundial, Argentina es el país con la segunda mayor tasa porcentual del mundo (106.3), apenas debajo de Comoros (219.6) en el pago de impuestos en relación con las ganancias de las empresas.

El actual sistema Tributario argentino presenta las siguientes dificultades:

  • - Vigencia de normas inconsistentes con principios constitucionales y que afectan la competitividad de la economía
  • - Exceso de carga tributaria sobre las empresas
  • - Uso abusivo de impuestos de emergencia y de tributos distorsivos que afectan la competitividad de la economía
  • - Desaliento de las Inversiones
  • - Desaliento de las Exportaciones
  • - Excesiva conflictividad en particular en los tributos locales
  • - Elevada complejidad en las normas administrativas de recaudación
  • - Excesiva variabilidad y modificación de las normas y poca estabilidad de las reglas
  • - Crecimiento del marco normativo
  • - Creciente avance sobre el derecho de los contribuyentes y restricción del acceso a una justicia confiable , especialmente en los tributos locales.
  • - Falta de medidas que favorezcan a las Pymes y a las Economías Regionales
  • - Ampliación desmedida de los regímenes de retención en la fuente con base en presunciones y dificultad en el recupero de saldos a favor (SIRCREB )

El Estado ¿somos todos?


"Todos los ciudadanos estamos obligados a sostener el Estado". "El Estado somos todos". Estas sentencias son básicas de cualquier sistema democrático.

Pero ¿qué sucede cuando tenemos un Estado que gasta más de lo que recibe o que está sobredimensionado o se basa en privilegios para algunos o está viciado en muchos de sus niveles y no da ejemplo de austeridad y servicio ante la sociedad?

¿Qué pasa cuando ese estado grava en un 50/ 60 % al comercio, la industria y los servicios solo para sostener todos los privilegios enumerados anteriormente?

Esta situación, en épocas normales, no puede ni debe ser admitida (son pocos los tiempos normales en Argentina). Pero indudablemente, los meses transcurridos del 2020 significaron una de las épocas más "anormales" que le ha tocado vivir, no solo a la Argentina sino al mundo.

¿Qué le queda a la parte privada, ya asfixiada por el sistema tributario y acorralada por años y años de una economía con inflación, recesión, altísimos índices de negocios informales y competencia desleal, después de más de 150 días de parálisis o movimiento mínimo, si aún debe cumplir con sus obligaciones, como si no pasara nada?

Hoy la mayor parte de los empresarios no puede sostener sus empresas. Cada vez se hace más difícil mantener su staff de colaboradores, gastos de infraestructura, pagos de y servicios, etc.

Muchos comercios, industrias y agencias de servicios han cerrado. Apostaron por el país, creyeron en lo que los gobiernos les decían, pero no pudieron sobrevivir a tantos cambios de reglas, tantas inspecciones, tanta indiferencia, ajustes. ¡Tanto de tanto!

Hoy, todo se ve agravado por esta caótica situación que pone a los distintos sectores de la actividad económica formal al borde del abismo. Muchos quedaron en el camino y muchos más lo harán, lamentablemente de no revertirse la situación. Los gobernantes sostienen el concepto de que la informalidad y la venta Ilegal son solo "una competencia desleal", no un delito.

Esta postura lleva a desalentar a los empresarios permanecer en la formalidad, generando las condiciones propicias para trabajar en el circuito informal, perjudicando más aún a quienes se mueven en el marco de la ley.

Cada gobierno de "turno" prometió mejoras y reformas en sus campañas y no las cumplió. Por el contrario, la respuesta del Estado ante la pandemia es solo brindar moratorias para pagar las deudas que se van acumulando, en un futuro muy cercano, porque sabe que efectivamente nadie va a poder cumplir ni ahora, ni en uno (o dos o tres) años, con el pago de la gran cantidad de impuestos y gravámenes a los que se está comprometidos por solo ser parte del ecosistema empresario argentino.

Las diversas actividades económicas comercio, servicio o industria, entienden que una Reforma total al Sistema Tributario Argentino es indispensable.

Las autoridades nacionales deben plantear, así como lo hicieron con sus acreedores, una propuesta viable y un plan económico eficaz, para que los empresarios, puedan sostener y desarrollar sus negocios evitando la quiebra, cierres y pérdidas de centenares de miles de puestos de trabajo .

La Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, solicita a las autoridades que alivien el escenario anteriormente descrito avanzando en las siguientes líneas:

  1. Eliminar regímenes de información a partir de la total generalización de la factura electrónica.
  2. Disminuir efectivamente los regímenes de retención y percepción de impuestos nacionales (ante tal carácter que adopta el impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias) y extender el cómputo a cuenta de IVA, contribuciones de la seguridad social, etc.
  3. Deberían derogarse los regímenes provinciales que se aplican sobre las liquidaciones de tarjetas de crédito a los comercios. Esto como un intento de ordenamiento de un caos tributario subnacional que no debiera existir.
  4. Derogar o suspender por al menos tres años el llamado impuesto cedular o impuesto a las ganancias a la renta financiera dada la evidente inequidad que representa ante la actual situación del mercado financiero.
  5. Continuar con el incremento de la porción del Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas bancarias computable a cuenta del impuesto a las ganancias, llevándolo al 100%.
  6. Ampliar el espectro de impuestos a cuenta de los que se puede computar lo abonado por Impuesto sobre débitos y créditos. Además de Ganancias, incorporar IVA, Bienes Personales Responsables Sustitutos y Contribuciones a la Seguridad Social.
  7. En el caso de saldos a favor de libre disponibilidad de IVA e Impuesto a las Ganancias, expandir el espectro de impuestos posibles de acreditación a los recursos de la Seguridad Social.
  8. Establecer la aplicación del ajuste impositivo integral por inflación. El ajuste vigente, de naturaleza contable, debe extenderse a lo impositivo, no incorporando limitaciones como la que establece que corresponde el ajuste, solo cuando la inflación supera el 100% en tres años.
  9. Acordar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la reducción progresiva de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos, la coordinación de regímenes de recaudación de impuestos y su progresiva eliminación, el establecimiento de procedimientos expeditivos de devolución de saldos a favor, en todos los casos con la fijación de metas e hitos cuantificables y un control efectivo por parte de la Nación.
  10. Reabrir el revalúo impositivo, con una amplia difusión y alícuotas reducidas para otorgar una base más razonable a la generalización del ajuste impositivo por inflación.

Sólo con estas medidas podremos comenzar a organizar nuestra economía, comenzar a generar riqueza nuevamente y a trabajar en serio por un país en el que el Estado seamos todos.

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