Oficializan los despidos por no aprobar examen de idoneidad
Desde el 1° de julio, el Gobierno desvinculará a los trabajadores públicos que no hayan aprobado el examen de competencias dispuesto en 2024.La medida alcanza a empleados contratados y transitorios. El Ejecutivo busca achicar el Estado y profesionalizar su personal.
A partir del 1° de julio, los empleados públicos que no hayan aprobado el examen de idoneidad impulsado por el Gobierno quedarán automáticamente fuera del Estado. La medida, oficializada a través de la Resolución 48/2025 firmada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, marca un punto de inflexión en el proceso de reestructuración administrativa impulsado por la Casa Rosada.
El nuevo requisito afecta a todo el sector público nacional, incluyendo a funcionarios, colaboradores, organismos descentralizados, empresas estatales y entes autárquicos. Según lo estipulado, ya no será posible renovar contratos ni realizar nuevas incorporaciones de personal que no haya aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, instaurada en 2024 como parte del plan de reformas estructurales.
De acuerdo con datos oficiales, un 95% de los trabajadores que rindieron el examen en su primera instancia obtuvo resultados satisfactorios. La evaluación, de carácter obligatorio, fue rendida por más de 9000 empleados entre contratados y transitorios. El formato consta de preguntas de opción múltiple, es anónimo, automatizado y contempla hasta tres oportunidades para lograr la aprobación.
Quienes no superaron el examen y aún tengan contratos vigentes más allá del 30 de junio verán anulada su continuidad por efecto de la nueva normativa, amparada en el artículo 93 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744).
El objetivo del Ejecutivo es reducir la estructura estatal y garantizar un estándar mínimo de conocimientos y habilidades en la administración pública. Las pruebas se dividen en tres categorías: servicios generales, administrativos y profesionales, con contenidos adaptados a cada perfil laboral. Se realizan de forma presencial y duran una hora.
Desde el Gobierno aseguran que este sistema busca promover un empleo público más eficiente y transparente, y remarcan que la corrección automática de los exámenes evita cualquier tipo de favoritismo o discrecionalidad.
