Privatizaciones 2026: la hoja de ruta del Gobierno para recaudar US$ 2.000 millones
El Ministerio de Economía define las licitaciones clave para cubrir compromisos financieros. El detalle de las empresas en venta, los grupos que pujan por los activos y el estado actual de los procesos más complejos, desde energía hasta transporte.
El Gobierno ha fijado la agenda de privatizaciones como uno de los ejes fundamentales de su estrategia financiera para este año. Con el objetivo de reunir US$ 10.000 millones para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, el Estado busca captar al menos US$ 2.000 millones mediante la desinversión en activos públicos. Este esfuerzo se suma a los US$ 700 millones obtenidos el año pasado gracias a la concesión de las represas del Comahue.
Las próximas semanas serán determinantes, ya que se espera avanzar en procesos clave como los de Transener, Aysa, Enarsa, Intercargo, Corredores Viales, la red ferroviaria, Nucleoeléctrica y Metrogas.
El frente energético: el foco de la recaudación
El mayor potencial de ingreso para las arcas estatales reside en el sector energético.
Transener: La venta del 26,3% de la transportista eléctrica es uno de los hitos más próximos. La licitación ya cuenta con ofertas de grupos como Genneia-Edison Energía, Central Puerto y Edenor. La apertura de los sobres económicos está programada para mayo, con la adjudicación prevista para junio. Se proyecta una recaudación superior a los US$ 200 millones.
Centrales Térmicas (Enarsa): Por la enajenación de las usinas San Martín (68,8%) y Belgrano (65%), el Ejecutivo espera ingresos que superen los US$ 500 millones.
Metrogas: Bajo la órbita de YPF, se prepara la venta de la distribuidora. Se estima un interés considerable de actores como Central Puerto, MSU y Edison Energía, con ofertas que podrían rondar los US$ 700 millones.
Por otro lado, la situación de la importación de GNL, gestionada por Enarsa, es distinta. Aunque la española Naturgy resultó seleccionada en la licitación, el proceso se encuentra en una etapa de revisión por parte del Ejecutivo. Más allá de la recaudación directa, el foco aquí está puesto en la reducción de subsidios y el ajuste tarifario, ante una crisis energética global que podría postergar la resolución final hasta el próximo año.
Infraestructura y servicios: inversión y desafíos
En el ámbito de los servicios públicos y la infraestructura, el objetivo del Gobierno no es únicamente la inyección de divisas, sino la eficiencia operativa.
Ferrocarriles: El plan no se centra en obtener un ingreso masivo, sino en atraer inversiones estimadas en US$ 3.000 millones, vitales para potenciar la logística minera, energética y agrícola. Entre los interesados se encuentran GMXT (operador ferroviario de EE.UU. y México), consorcios de cerealeras vinculados a la minera Río Tinto y Edison Energía. El desafío será definir si el ganador operará los tres ramales licitados o solo el estratégico Belgrano Cargas.
Aysa y Nucleoeléctrica: Son los casos con mayor expectativa y, a la vez, mayor complejidad. Por el 90% de Aysa se esperan ofertas que superen los US$ 500 millones. Nucleoeléctrica, por su parte, atraviesa un proceso más lento, aunque la venta del 44% habilitada por el Congreso promete sumar una cifra significativa al tesoro nacional.
