La Justicia, un poder que a veces no puede: qué pasa en San Luis

San Luis vive una situación de acoso permanente desde el Poder Ejecutivo hacia la Justicia, a la que parece querer domesticar en favor del sistema instaurado por la familia Rodríguez Saá. Una bocanada de oxígeno con un fallo de la Corte Nacional, un abogado que denuncia la situación y las perspectivas a la vista. Diálogo con Ricardo Endeiza.

La Justicia es uno de los bienes de deseo de aquellos que se sienten vulnerables ante el poder de sus decisiones, como "dueños" de las libertades y los bienes de las personas cuando son acusadas de un delito, y por lo tanto, no solamente en los célebres Tribunales de Comodoro Py, como machaca la prensa porteña en cadena nacional, son un campo de batalla política en la búsqueda de su control.


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Aquí no más, en San Luis, se desarrolla una situación que demuestra ese afán por someter un poder del Estado a otro, tratando de romper los equilibrios que tomara de las primers democracias republicanas del mundo Juan Bautista Alberdi para sanar a la Argentina caudillesca del siglo XIX.

Ese germen de caudillismo, sin embargo, siguió vigente a lo largo del tiempo y, como si se tratara de un virus malicioso, cada vez que encuentra una debilidad social o el clima adecuado dentro de la política, se instala en una u otra parte del país, intentando poseerlo todo, dominarlo todo y para ello debe debilitar los controles y contrapesos.

El abogado Ricardo Endeiza fue Fiscal de Estado de San Luis y hoy es uno de los referentes que denuncia el avance del Poder Ejecutivo sobre la Justicia. Apoderado de la fuerza política que impulsa al exgobernador Claudio Poggi, un emergente rebelde, un "arrepentido" del sistema político instaurado por la familia Rodríguez Saá, encarna la defensa de abusos contra la prensa, como el sufrido por el periodista Diego Masci, del portal Zbol, que revelara, por ejemplo, un video de la ministra de Educación drogada con imágenes tomadas por ella misma y que, sin embargo, desatara la ira del régimen puntano contra él.

Recientemente, la Federación Latinoamericana de Fiscales que preside Ronald Segura, no solo se expidió sobre las expresiones del presidente Alberto Fernández sobre el "suicidio" del fiscal Alberto Nisman y el acusador de Cristina Kirchne,r Diego Luciani, sino que emitió todo un documento en donde acudió en ayuda del presionado fiscal federal subrogante de San Luis Cristian Rachid, tal como lo contó esté sábado desde Costa Rica al programa "Tormenta de Ideas" que emite Radio Nihuil (se puede escuchar haciendo clic aquí).

Ricardo Endeiza.

Endeiza analizó con Memo la situación del Poder Judicial de su provincia:

- Usted fue una de las personas que alertó en San Luis sobre el avance del Poder Ejecutivo en la designación de autoridades judiciales sin los equilibrios necesarios. ¿En qué quedó el nombramiento de 30 magistrados que impulsaba el gobernador Alberto Rodríguez Saá?

- Para que pueda entenderse la cuestión y su gravedad, es necesario recordar que -en el marco de una reforma del sistema penal de San Luis, con un paso del sistema inquisitivo al sistema acusatorio- el gobernador Alberto Rodríguez Saá impulsó la designación de 30 fiscales y defensores adjuntos "provisorios" por 18 meses.

Las personas nominadas para su acuerdo por el Senado (donde los senadores de Rodríguez Saá tienen la mayoría necesaria) no deben rendir ningún tipo de examen y, por ende, no acreditan el requisito constitucional de idoneidad. Es más, de los 30 propuestos, aproximadamente un tercio se ha presentado a concursos para los cargos definitivos (los otros ni ese gesto tuvieron) y solo uno resulto aprobado en esos exámenes, el resto los reprobó. Pese a eso el Gobierno de Rodríguez Saá avanza en estas designaciones de personas que es casi una obviedad decir que son cercanos al régimen y, en muchos casos, funcionarios del mismo.

Y es gravísima esta situación para el Estado de Derecho pues estamos dejando el ejercicio de la acción pública en manos de acólitos de Rodriguez Saá, que reitero han sido reprobados o no han rendido el examen de idoneidad, implicando ello una situación grave para quienes luchamos por un San Luis diferente, con independencia de poderes, que estamos expuestos a que cualquiera de estos funcionarios pueda impulsar una persecución penal contra nosotros. Del otro lado de la moneda estas designaciones son la garantía de impunidad de todos quienes son cercanos al Gobernador o ejecutan sus órdenes.


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Por otra parte, la designación de funcionarios no idóneos como defensores oficiales, deja a los sectores más humildes de nuestra sociedad expuestos a la indefensión y a la potencial violación de sus garantías constitucional y convencionalmente reconocidos.

- ¿Cuánta independencia tiene el Poder Judicial de San Luis respecto del poder político?

- Como surge de lo que acabo de indicar, tal independencia es casi nula. Así por ejemplo vemos que hace unos pocos meses estuvimos a punto de ver como el Vicegobernador de Rodríguez Saá pasara, sin escalas intermedias, a integrar el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y, ante el peso de las impugnaciones realizadas, en pleno desarrollo de la audiencia donde todo estaba listo para designarlo el Vicegobernador declinó en el recinto del Senado a su postulación.

Otros ejemplos: una Ministra del Superior Tribunal renunció a su cargo para participar en una elección PASO que perdió, personaje que durante su campaña no dejó de manifestar su obsecuente alineamiento con Rodríguez Saá y transcurridos unos pocos meses volvió a ser designada miembro del Tribunal. Otro: El presidente de la bancada de diputados de Rodríguez Saá en la Legislatura pasó de un día para otro a ser Procurador General de la Provincia, esto es el jefe de todos los fiscales.

- ¿Hay espacio para la actuación en materia judicial por fuera de lo que el gobierno provincial pretende disciplinar y garantías para que esos magistrados ejerzan su labor en forma independiente?

- Realmente son muy pocos esos espacios. Nos encontramos en una situación en la cual hay una percepción social de que estos magistrados siquiera reciben órdenes en cada caso, sino que directamente en forma mecánica -en las causas donde Rodríguez Saá o sus acólitos puedan estar involucrados- actúan en el sentido que favorezca a cualquier interés cercano al del interés del gobierno provincial.

En los últimos días tuvimos un caso paradigmático en este sentido. Allá por 2018 el periodista Diego Masci fue denunciado por publicar una nota donde aparecía un video de la entonces Ministra de Educación de la Provincia, que la misma había difundido libre y voluntariamente, donde se la veía decir que estaba "drogada y borracha". Me tocó ser el abogado defensor del periodista. En el ámbito de la justicia provincial Masci fue condenado en 2020 en una arbitraria sentencia, en un juicio donde uno de los principales testigos de la ministra fue el Gobernador, recurrimos al Superior Tribunal de Justicia y en una arbitraria y sesgada sentencia se rechazó nuestro recurso de Casación. Cuando mediante Recurso Extraordinario Federal intentamos que la sentencia fuera revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En San Luis nos denegaron esta posibilidad.

Logramos llegar a la Corte por vía de Queja y hace unas semanas la Corte por unanimidad, en concordancia con el dictamen del Procurador General de la Nación, anuló la sentencia por haber omitido el tratamiento y consideración de todas las normas y precedentes que garantizan la libertad de expresión como pilar de la sociedad democrática, la actividad de los periodistas y la atipicidad de cuestiones que impliquen la difusión de asuntos de evidente interés público como era este.

Un fallo ejemplar que se dictó un viernes (ver abajo). El martes siguiente se fijó fecha de audiencia para que la juez que condenó al periodista, la Dra. Laura Molino, sea designada Camarista en el fuero Penal. Esto vivimos en San Luis.

- Cambiar la situación en beneficio del Estado de Derecho, ¿es resorte de normas que puedan surgir desde la Legislatura o es un trabajo a más largo plazo entre la sociedad e instituciones?

- Desde mi visión no se trata de normas. Entiendo que quienes queremos que las cosas en San Luis cambien tenemos la obligación de recrear un contrato social que implique república, división de poderes, jueces independientes y aplicación de las leyes a todos por igual. En esa tarea estamos.

El fallo de la Corte de la Nación sobre libertad de expresión en San Luis

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